El viceministro de Educación Superior, Federico Mora, plantea abrir una discusión sobre la Ley No. 6628, de Arancel Cero, a tres años de su implementación. Fundamentó su postura en que la citada legislación no otorgó los beneficios esperados y restó recursos a las universidades.

En diálogo con La Nación/Nación Media, Mora dio su argumentación sobre la necesidad de una revisión de la normativa y la necesidad de hacer que su aplicación sea más efectiva. Aclaró que no se busca eliminar una conquista estudiantil que se concretó con la promulgación de la citada ley, en noviembre del año 2020.

“Lo que planteo es que se haga un análisis de lo que ha generado esta ley como en todo caso reforzar los puntos débiles que produjo, que lo que sucede, que lo que se da”, señaló. En cuanto a la matrícula nacional, dijo que la educación pública tiene una estructura donde el 30% de las plazas universitarias son públicas y el 70% es privada.

“Cuando se da la situación de que hay un límite en la plaza, se debe acceder o disputar una plaza a través de un examen de acceso, es donde se genera la situación de quién llega con mejores condiciones a ese examen de acceso, para efectivamente lograr esa plaza. Y llegan los chicos que, por lo general, vienen de una educación privada con mejores condiciones socioeconómicas”, explicó.

Una de las desventajas de la norma es que limitó recursos a la universidad, conforme expresó. “El arancel cero lastimosamente restó recursos a la universidad, la universidad pagaba el cursillo entre otras cosas con el arancel. Ese cursillo permitía equilibrar las condiciones para llegar a ese examen de acceso a la universidad”, refirió.

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El viceministro manifestó que sin el cursillo, el chico de una universidad en una educación privada llega con más herramientas de formación que aquel proveniente de una educación pública, y ocupa ese cupo que tiene la universidad.

“Entonces, se da una situación en donde el arancel cero, que es un bien público, que es deseable, termina por reproducir una inequidad porque pierde el joven de una educación pública la posibilidad de un cursillo nivelatorio y luego al acceso a unos cupos que son limitados. Y va –porque igual quiere estudiar- a la alternativa que le queda que es la educación privada y termina pagando ahí”, remarcó.

A su criterio, se debe volver a financiar los cursillos de ingresos y seguir fortaleciendo los cupos de becas estudiantiles. “Lo que se trata es de reforzar los puntos flojos, hay que volver a financiar los cursillos, hay que otorgar más becas que es lo que ya estamos haciendo, aunque hay que aumentar las plazas con un plan de apoyo a las universidades nacionales”, aseveró.

En todo momento, Federico Mora recalcó que la ley de gratuidad es un bien público y una lucha estudiantil, pero que debe ser revisada. “No quiero que se de esa sensación de que se busque eliminar la victoria estudiantil. Al contrario, yo lo que creo es que vale evaluar cómo está funcionando esta victoria estudiantil y qué falta para efectivamente garantizar de que sea una victoria estudiantil”, concluyó.

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