Ciudad del Este. Agencia Regional.

Funcionarios de la Aduana de la Receita Federal (Secretaría de Ingresos Federales) de Brasil detuvieron a una mujer de nacionalidad paraguaya en el puesto de control del Puente de la Amistad, en Foz de Iguazú, cuando intentaba cruzar con 317 kilos de marihuana. El procedimiento fue con apoyo de la Policía Federal brasileña.

Ocurrió por la tarde de ayer, martes 13 de agosto, cuando en un vehículo conducido por la detenida fueron descubiertos ladrillos de droga en el portaequipaje, según informó la Delegación de l Receita Federal de Foz de Iguazú.

El vehículo tenía placa paraguaya y la conductora intentó huir al darse cuenta de que iba a ser verificada, pero la intención fue frustrada. Los agentes realizaron la inspección y encontraron 317 kilos de marihuana. La conductora quedó presa en flagrancia y derivada a la Delegación de la Policía Federal, junto con el vehículo y su carga ilegal.

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La detenida responderá por el crimen de tráfico internacional de drogas. Casi diariamente caen presos brasileños y paraguayos en la paso fronterizo entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú por tráfico de drogas, en vehículos con placas de ambos países.

El 12 de agosto pasado, en el mismo puesto aduanero de la cabecera del Puente de la Amistad, los agentes de la aduana brasileña detuvieron a un paraguayo que iba en un vehículo con chapa paraguaya y llevaba 102,6 kilos de marihuana en su portaequipaje.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Agentes de la Comisaría 1.ª del barrio San Agustín detuvieron anoche a una pareja brasileña tras ser denunciada por asalto y robo a un conductor de plataforma móvil. Ambos se hicieron pasar por estudiantes de medicina cuando abordaron el vehículo. La detención fue a las 22:00 de ayer 19 de mayo, en el interior de un inquilinato del barrio Emiliano R. Fernández, de Ciudad del Este.

Fueron aprehendidos en flagrancia, según el personal policial, Jeferson Paulo Balbino, de 31 años, y Ruth Ferreira Braz, de 33 años, con residencia en el citado inquilinato del barrio céntrico. Fue víctima Adolfo Andrés Sanabria Vallejos (21), conductor de plataforma, domiciliado en el km 8 Acaray.

De acuerdo al reporte de los intervinientes, la mujer se acercó al playero de una estación de servicios ubicada en las avenidas Bernardino Caballero y Rogelio R. Benítez (al lado de la Gobernación de Alto Paraná) pidiendo el favor de llamar a un taxi, citando como dirección de destino el barrio mencionado, según explicó a La Nación/Nación Media, el comisario principal Francisco Rolón, jefe de la Comisaría 1.ª.

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El relato sigue indicando que la mujer abordó el móvil junto a su acompañante y ya estando casi en el lugar de destino, el hombre apuntó con arma de fuego al conductor, lo obligó a parar y fue despojado del dinero que disponía, de su calzado deportivo, campera y aparato celular. Sin embargo, el hombre había hecho el pedido de alerta a su plataforma porque le llamó la atención que le pidieran circular por vías innecesarias.

Llegaron sus compañeros para auxiliarlo, pero la pareja ya había concretado el robo y huyó. En ese momento se hizo el aviso policial. El acto ocurrió a una cuadra de la comisaría. El personal llegó en minutos y persiguió a la pareja llegando hasta el inquilinato, mediante avisos de personas que vieron a las dos personas entrar a ese lugar.

Los policías incautaron de la vivienda arma blanca tipo cuchillo de 20 cm, una réplica de arma de fuego (pistola 9mm), una billetera conteniendo la suma de 485.000 guaraníes y un aparato celular. El hecho fue comunicado al fiscal de turno Julio Paredes, quien dispuso la detención de la pareja.

Existen otros casos de asaltos y robos a conductores de plataforma donde los supuestos pasajeros habrían señalado que son estudiantes de medicina y luego perpetraron los robos, por lo que se está investigando la responsabilidad en más casos de robos agravados realizados por la pareja, según el comisario Rolón.

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Personal de guardia de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en carácter de contratados, se manifestó por un par de horas esta mañana frente al recinto penal en protesta por el no cobro de sus salarios desde hace tres meses, al igual que sus compañeros de otros locales penitenciarios.

El personal que se congregó para manifestarse en la parte exterior del portón de acceso a la cárcel lo hizo al concluir su turno en la mañana. Informaron que, ante la falta de solución, recurrirán a medidas más drásticas porque tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Justicia se delegan las responsabilidades y en la práctica el guardia penitenciario está en una situación de total vulnerabilidad.

Es lo que explicó Modesto Báez, delegado del Sindicato de Agentes Penitenciarios del Paraguay. Él mismo mencionó que lo de esta mañana fue solo un aviso, pero que ya no hay condiciones para seguir en la misma espera, por lo cual, si en unos días no hay respuestas positivas ante el reclamo, indefectiblemente se recurrirá a acciones más fuertes.

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Informó que el 90% del personal de guardia es contratado y una medida de fuerza generará un gran problema de seguridad, porque en el caso de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, es muy conocida su situación de superpoblación, al tener el doble de su capacidad. Hoy, son alrededor de 1.500 internos, cuando el local solo tiene capacidad para unos 600 a 700 privados de libertad.

Báez también mencionó que, además de la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos con los contratados, los guardias enfrentan las malas condiciones laborales en un lugar superpoblado, donde las normas de seguridad están al límite y la infraestructura es absolutamente débil para una organización penitenciaria.

El no traslado de la cárcel a la estructura construida en Minga Guazú, que hasta ahora no fue habilitada por su falta de terminación total e instalación de los equipos de seguridad en el lugar, es otra de las interrogantes que se planteó en la manifestación. Cabe recordar que, ante insistentes reclamos ciudadanos y de autoridades regionales, desde el Ministerio de Justicia se tuvo el compromiso de que para finales del 2022 se iba a habilitar el nuevo recinto penal, lo que no ocurrió.

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El caso Derlis’i, un joven acusado de robo, detenido y entregado a las autoridades por su presunta víctima, trajo a colación un debate en la sociedad: ¿es posible que un civil detenga a sus victimarios? El abogado y escribano público Martín Barba afirmó que todo ciudadano está en su derecho de detener a un delincuente, siempre y cuando no se incurra en una medida de “justicia por mano propia”, lo cual está prohibido por la propia Constitución Nacional.

“Pero en este caso, con la actuación de este ciudadano hastiado por la situación de inseguridad que debe vivir, se desnuda la total dejadez del sistema de justicia, que es incapaz de actuar de manera efectiva sobre los delincuentes. Las instituciones deben funcionar y hacer su trabajo, para que luego no lleguemos a casos en donde se registren actuaciones como el ‘ojo por ojo, diente por diente’”, refirió Barba en contacto con La Nación/Nación Media.

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Aclaró además que siempre que una persona tenga la capacidad de detener a una persona y posteriormente entregarla a las autoridades competentes, solo estará coadyuvando a las mismas para proceder a la aprehensión del presunto victimario. Agregó que al momento en que se está cometiendo un hecho punible no existe ningún impedimento legal para actuar de la manera en que sea posible para detener el hecho, recordando así la legítima defensa.

Al respecto, el abogado Ricardo Preda puntualizó, que la flagrancia es un elemento clave a la hora de detener a un presunto victimario, es decir, si está cometiendo un hecho, está por cometerlo o está huyendo de la policía. No obstante, si el caso ya no se trata en medio de una hecho flagrante, un civil ya no se encuentra habilitado para detener a otra persona, aunque diga que fue asaltado por ella la semana pasada, por poner un ejemplo.

“En el caso de Derlis’i, quedó imputado porque pesa en su contra denuncias por hechos punibles, pero no se tuvo en cuenta la denuncia realizada por el individuo que lo detuvo porque se considera que la confesión de Derlis’i en ese momento fue en medio de una coacción”, aclaró el letrado para La Nación/Nación Media, haciendo referencia a la manera en que se llevó a cabo la detención del joven.

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La madre del presunto victimario denunció secuestro y tortura por la forma en que su hijo fue detenido. No obstante, al respecto, el abogado Preda indicó que no corresponde condenar a nadie por presunta tortura porque el hecho no constituye al tener en cuenta que Derlis’i solo fue demorado y no se aplicó en él ningún tipo de acción que atente contra su persona para causarle algún daño.

“El ciudadano puede tener algo que se conoce como error de prohibición, lo que significa cometer un hecho por creer que está permitido. Puede estar convencido de tener el derecho de actuar con esa aprehensión porque fue víctima del denunciado, pero no necesariamente piensa en hacerle un daño a su presunto victimario”, expresó.