Desde el Ministerio Público dieron a conocer que aproximadamente 300 reclusos ya fueron extraídos de la cárcel de Tacumbú y traslados a otras penitenciarías del país, en el marco de la operación Veneratio impulsado por el Ministerio de Justicia a través de un trabajo coordinado entre efectivos policiales y militares.

La cifra fue dada a conocer por el por el jefe de Antisecuestros de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, quien comentó que el 70 % del penal de Tacumbú ya se encuentra recuperado. Agregó en una entrevista a la 730 AM que los principales colaboradores de Armando Rotela, cabecilla de la organización criminal Clan Rotela, ya fueron colocados bajo disposición de las fuerzas de seguridad.

Mientras que Rodrigo Nicora, viceministro de Política Criminal, dijo que los reclusos serán ubicados en las penitenciarías de Coronel Oviedo, Concepción, Misiones, San Pedro, Emboscada Padre de la Vega y Villarrica.

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“De acuerdo a los perfiles vamos a ubicarlos de acuerdo a la peligrosidad. El objetivo es llegar hasta 700 presos teniendo en cuenta que nuestro sistema penitenciario ya cuenta con una superpoblación. Los trasladados son aquellos que tienen condenas así como los que forman parte de los clanes criminales”, comentó en una entrevista con el programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM.

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Desde la 5:00 de este lunes se desarrolla la operación Veneratio. En el operativo, se busca el traslado de unos 700 internos, trabajan cerca de 1.200 policías y 1.100 militares. “Estoy seguro que la ciuadadanía valorará y entenderá el esfuerzo y coraje que tuvo el Ejecutivo para tomar esta decisión. Se tendrá el respaldo de la ciudadanía porque esto que hizo no se desarrollo en los últimos 15 o 20 años que recuerde. El objetivo de esto es reforzar la seguridad ciudadana”, indicó.

Según un comunicado emitido por la cartera de Justicia, la finalidad del operativo es la erradicación de los privilegios y potestades de las bandas criminales en la operación de este penal, una mejor distribución de los internos y la presencia institucional y efectiva del Estado en un territorio parcialmente secuestrado por la criminalidad desde hace años.

“Hay que valorar el esfuerzo y costo político que el propio presidente de la República y los ministros asumen con un operativo de esta envergadura. Se avanzó hasta la mitad de la penitenciaría en cuanto al control”, comentó el alto funcionario del Ejecutivo.

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