La periodista y viuda del exfiscal Marcelo Pecci, Claudia Aguilera, emitió un comunicado a la opinión pública mediante el cual sienta su postura de rechazo a “cualquier señalamiento de obstruir la investigación”, puesto que según afirma desde el principio estuvo abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos del exfiscal, sino también los suyos propios.

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El texto comienza con: “Ante las declaraciones realizadas por el fiscal general del Estado, Emilio Rolón Fernández, por única vez formulo las siguientes declaraciones: Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de EE. UU., por los siguientes motivos:

-El teléfono ha estado lacrado desde el día del hecho, el 10 de mayo de 2022, fecha en la cual entregué a los investigadores colombianos.

- El 13 de mayo de 2022, el Ministerio Público de Paraguay solicitó a la Fiscalía de Colombia el manejo sigiloso, control y custodia oficial de los datos brutos del aparato telefónico de Marcelo Daniel Pecci Albertini.

-Recién el 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay me solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

-Posteriormente fue de conocimiento público que fiscales de Estados Unidos de América se constituyeron en Colombia para proceder a tomar declaraciones y realizar diligencias en relación a la causa, a partir del 22 de abril de 2024.

Luego de esta noticia, recién existió una manifestación expresa de urgencia de parte del Ministerio Público de Paraguay de viajar a Colombia para avanzar en la investigación.

-El 29 de abril del corriente año remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo Pecci.

-El fiscal general del Estado, de manera recurrente, se ha excusado en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considero pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso, además de que ambos países cuentan con mayores mecanismos técnicos para llegar a quien o quienes dieron la orden, obteniendo así las pruebas necesarias para condenarlos.

-El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos.

-Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos. Es mi propósito que se conozca a los responsables de este terrible hecho y es mi objetivo seguir colaborando”.

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Antes de firmar la nota, la viuda de Pecci reitera su “conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”.

Un alto tribunal argentino reabrió este lunes dos causas por las que fue absuelta en 2021 la vicepresidenta Cristina Kirchner: una por lavado de dinero y otra por encubrimiento de los responsables iraníes del atentado contra una entidad judía que dejó 85 muertos en 1994, informaron medios de prensa.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la realización de juicios orales a la expresidenta (2017-2015) por estas dos causas, aunque la decisión aún puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia, según la agencia gubernamental de noticias Telam.

El tribunal revocó un sobreseimiento dictado en 2021 a favor de Kirchner y sus dos hijos, Florencia y Máximo, en el denominado caso “Hotesur-Los Sauces”, por el nombre de dos empresas de la familia que, según la fiscalía, fueron vehículo para lavar varios millones de dólares supuestamente provenientes de fondos públicos.

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La decisión de este lunes excluye a la hija de la expresidenta, según Telam. La sala igualmente anuló otro sobreseimiento, de octubre 2021, a favor de Kirchner por el presunto encubrimiento de los responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1994.

El tribunal consideró que no había delito por parte de la entonces jefa de Estado en la causa por haber impulsado la aprobación en el Congreso de un Memorándum con Irán para poder interrogar fuera de Argentina a los imputados por este ataque con bomba, que causó 85 muertos y 300 heridos.

“Más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito ni un acto de encubrimiento”, señaló entonces el tribunal. El fallo de la Cámara Federal no estaba disponible en sitios oficiales. Kirchner, de 70 años, ha sido imputada en varios casos de corrupción en los últimos años y ha denunciado persecuciones políticas y judiciales.

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Tras ser exonerada en varios casos, recibió una condena en diciembre pasado de seis años de prisión, de los que la protege su inmunidad, y a inhabilitación perpetua en un juicio por fraude y corrupción en un caso de adjudicación de contratos públicos en su bastión político de Santa Cruz (sur), durante sus presidencias.

A raíz de esta condena, la ex jefa de Estado anunció que daba un paso al costado, afirmando que no sería candidata “a nada, ni senadora, ni vicepresidenta, ni presidenta” en las elecciones de octubre de 2023. La condena aún puede ser apelada y no se espera que se haga efectiva por años.

Fuente: AFP.

La Fiscalía imputó al intendente de Ciu­dad del Este, Miguel Prieto, y otras 10 personas por supuestas compras ama­ñadas en época de pandemia de 25.000 cestas de alimen­tos. El agente fiscal Silvio Corbeta, quien lleva adelante este caso, explicó que se pide arresto domiciliario de todos los involucrados para evitar cualquier tipo de obstrucción a la investigación.

“Nosotros pedimos el arresto domiciliario, en primer lugar, porque fue una decisión tomada en conjunto con mis demás colegas de la Unidad de Delitos Económicos, evalua­mos también la posibilidad de que siga existiendo un peligro de obstrucción en la investi­gación”, indicó Corbeta en entrevista para la radio 780 AM. El juez José Delmás admitió la imputación y fijó la audiencia de imposición de medidas cautelares para el 28 de julio.

Asimismo, comentó que el pedido de arresto domici­liario y no la prisión preven­tiva se da porque la Fiscalía ya cuenta con todas las docu­mentaciones importantes que fueron incautadas en el pro­cedimiento encabezado por los fiscales de Ciudad del Este Manuel Rojas y Hermenegilda Cubilla, en su momento. Estos agentes ya habían realizado los allanamientos tanto en la Unidad Operativa de Contra­taciones de la municipalidad como en las empresas involu­cradas, entre ellas, Tía Chela (ya inexistente), de acuerdo a las explicaciones del fiscal Corbeta.

“El groso de las documenta­ciones ya obra en poder del Ministerio Público, enton­ces para nosotros ya no exis­tiría un peligro de obstruir la investigación en ese sentido y solamente por eso hemos soli­citado el arresto domicilia­rio de todos los procesados”, apuntó.

El agente fiscal sostuvo que las investigaciones se sustentan con el trabajo que se realizó desde varias instituciones del Estado, que finalmente llevaron a la imputación de Prieto otras 10 perso­nas. “Nuestra investigación se sustenta no solamente en el tra­bajo de la Fiscalía, sino en trabajos de diversas instituciones del Estado. Principalmente se sustentan en trabajos de la Contralo­ría General de la República que elaboró un dictamen, un análisis y una auditoría en particular sobre esta licitación puntual que fue objeto de imputación”, dijo el fiscal.

Refirió, además, que cuentan con el apoyo de la Policía Nacio­nal para verificar la planilla de supuestos beneficiarios, también se realizaron pericias caligráficas a esas planillas. Así mismo, el fiscal aseguró que se cuenta con el trabajo de investigación tri­butaria de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que fue determinante. “Nos permitió arrojar o construir la cadena de compras de los proveedores de esta empresa fue adjudicada por la Municipalidad de Ciudad del Este (Tía Chela)”, dijo Corbeta.

Al grito de “fuera Miguel Prieto” marcharon por el centro de Ciudad del Este.

Trabajadores y exfunciona­rios de la Municipalidad de Ciudad del Este, además de activistas de organizacio­nes sociales se concentra­ron en la Plaza de la Paz y luego marcharon por la ave­nida céntrica Pioneros del Este denunciando hechos de corrupción en la administra­ción del intendente Miguel Prieto. La convocatoria fue del Sindicato de Trabaja­dores de la Municipalidad de Ciudad del Este (Sitra­mucde).

Al grito de “fuera Prieto” realizaron la caminata pidiendo que la ciudadanía deje la apatía y se dedique a movilizarse para lograr la destitución del jefe comunal del este. “Primero luchamos por la imputación a Miguel Prieto por los hechos de corrupción y, ahora que una de las denuncias se empe­zará a investigar, debemos permanecer en vigilia para que haya un castigo ejem­plar”, dijo Rogelio Núñez, secretario general del Sin­dicato Sitramucde.

Aclaró que además de los supuestos hechos de corrup­ción, “también hay perse­cución a trabajadores de la comuna y una violación constante de los derechos laborales, por los cuales también se viene luchando”, refirió Núñez.

Concejal esteño califica a la gestión del intendente como “un carnaval”.

El concejal de Ciudad del Este Ernesto Guerín se pro­nunció a favor de la imputa­ción del intendente Miguel Prieto por lesión de con­fianza, derivada del escan­daloso caso de aparente compra falsa de 25.000 ces­tas de alimentos adjudicadas al autoservice Tía Chela, a través de un dudoso proceso licitatorio. Calificó la ges­tión del jefe comunal como “un carnaval”.

“Es algo que hace tiempo estábamos pidiendo que la Fiscalía y la Contraloría nos hagan caso. En Ciudad del Este existen muchas irre­gularidades en la adminis­tración del actual inten­dente, ya se dio el primero paso. Todo es un carnaval, es un descontrol, usaron el mismo esquema en otros casos como, por ejemplo, en el evento Navidad Sus­tentable, donde se desti­naron G. 2.000 millones. La comilona, el negocio es entre ellos”, indicó a la radio 800 AM.

“Tía Chela SRL es un kiosco pequeño que se hizo sola­mente para la pandemia, yo sabía que ahí había irregu­laridades con las facturas y las provisiones. ¿Cómo un kiosco tendrá la capacidad de preparar 30.000 kits? Terminó la licitación y ese kiosco se cerró, ya no existe más”, manifestó el edil de la capital del Alto Paraná.

“Antes del llamado para licitaciones, ellos (Prieto y su equipo) ya repartían las mercaderías que, según se dice, serían de contra­bando, existen muchas irregularidades. El nego­cio era una empresa amiga, los gerentes de la licitación eran de su entorno, fue totalmente direccionado”, sentenció Guerin.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

El agente fiscal Gabriel Segovia Villasanti, titular de la Unidad Penal N.º 6, imputó a un agente policial que entregó su arma reglamentaria a otro camarada para ayudarlo, porque estaba siendo procesado por un hecho de homicidio y un arma distinta pasaría la prueba de toda la pericia. En plena persecución, un policía realizó disparos y esas balas habrían matado a un hombre que se encontraba frente a un negocio.

Se trata de Édgar Andrés Escobar Samudio, suboficial inspector, quien quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías. Es en el marco de una investigación por los supuestos hechos punibles de transgresión de la Ley de Armas y frustración de la persecución y ejecución penal.

Según el escrito fiscal, el encausado entregó presumiblemente una pistola 9 mm, con serie N.º 10019/2021 a su camarada Ariel Sanabria, quien está procesado por un hecho de homicidio doloso. Luego, este último proporcionó el arma al Ministerio Público para la realización de una pericia balística, a sabiendas de que el arma no fue la utilizada para la ejecución del crimen.

Se trata de una causa por el supuesto hecho punible contra la vida (homicidio doloso). El homicidio ocurrió el 4 de agosto de 2021, a las 14:40, durante una persecución policial a un automovilista de nombre Noor Mohamad Salan Cardozo.

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En esa ocasión, Ariel Sanabria habría realizado disparos de arma de fuego, impactando uno de los proyectiles en Osvaldo Barrios, quien en ese momento estaba sentado frente al local denominado Amortiguadores Paraná, de Ciudad del Este, esperando la reparación de su automóvil. La víctima fue auxiliada por su esposa, quien lo llevó hasta un hospital, pero luego se confirmó su fallecimiento.

Con el cambio de pistola, el supuesto homicida impidió que sea procesado por un hecho antijurídico. Por lo tanto, tras reunir los elementos de sospecha, el representante del Ministerio Público abrió el proceso penal en contra del suboficial Édgar Andrés Escobar y solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. El fiscal Segovia Villasanti requirió tres meses de plazo al Juzgado de Garantías para el requerimiento conclusivo.

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