Este martes se lanzó la operación Dakovo contra el tráfico internacional de armas en tres países, que abarca 20 allanamientos en Central y Alto Paraná a cargo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), 20 allanamientos en seis estados de Brasil que realiza la Policía Federal, y un allanamiento en Kansas por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Las autoridades de los tres países involucrados llevan más de un año de investigación conjunta, según una nota de prensa emitida por la Senad, acerca de este operativo que apunta a la desarticulación de un gran esquema de tráfico internacional de armas de procedencia europea a Paraguay y posteriormente a las facciones criminales más peligrosas del Brasil.

“La acción abarca toda la cadena de valor de la organización criminal, desde la empresa (líder y vendedores), el órgano rector para importación y venta (Dimabel) hasta los intermediarios que servían de nexo con las estructuras criminales del país vecino”, explicaron los intervinientes.

En el centro de la investigación se encuentra la empresa internacional Auto Suply (IAS), con asiento en Asunción, cuyo presidente, Diego Dirisio, de nacionalidad argentina, junto a su pareja Julieta Nardi serían los líderes de la estructura criminal. También figuran como objetivos de captura varios de sus colaboradores y vendedores, informó la cartera antidrogas.

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Los intervinientes de “Dakovo” destacan el allanamiento en la sede central de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) en Asunción, donde varios militares, algunos de alto rango, forman parte de la lista de personas a ser detenidas. La investigación, en un periodo de dos años, logró determinar la activa participación de los mismos en la autorización irregular para la importación de armas, alteraciones documentales para ajustar a la Ley de Armas, así como autorizaciones para las ventas irregulares a cambio de grandes sumas de dinero por parte de la empresa en cuestión, entre otras maniobras.

Así también se realizan intervenciones a varias viviendas y supuestos locales de “caza y pesca”, tanto en Asunción como Ciudad del Este. En términos generales, la empresa, mediante sus conexiones con Dimabel, tenía facilidades para importar armas procedentes de Croacia, Eslovenia y República Checa. Las mismas recibían rápidas autorizaciones para la importación y posterior venta.

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Seguidamente los lotes de armamentos eran adquiridos por intermediarios con conexiones directas con facciones criminales en todo el Brasil. Para justificar las supuestas transacciones se simulaban pequeñas ventas de 2 a 3 armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchas de ellas empleadas, jornaleros o estudiantes. En algunos casos estos recibían pequeñas sumas de dinero por acceder a la maniobra, y en otros eran utilizadas sus identidades sin consentimiento.

Previo al envío al Brasil se procedía al borrado de los números de serie de las armas para evitar el rastreo y trazabilidad. Desde el 2012, dicha empresa ya importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidas en Paraguay. Sin embargo, van a parar a los polos de violencia del crimen organizado en Brasil y toda la frontera.

De manera que los pagos no sean rastreados, la estructura criminal hacía uso de “doleiros” (cambistas ilegales) que operaban interconectados entre Paraguay y Estados Unidos. Los mismos “pulverizaban” grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones menores a 5.000 dólares en diferentes cuentas que finalmente volvían a agruparse para realizar los pagos desde Estados Unidos.