El operativo Dakovo se lanzó este martes con intervenciones en Paraguay, Brasil y Estados Unidos para desarticular una organización criminal que operaba el tráfico internacional de armas. Los procedimientos en Asunción, Central y Ciudad del Este son encabezados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), junto con 19 agentes del Ministerio Público.
Los fiscales son Fabiola Molas, Jorge Arce, Guillermo Sanabria, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia, Luis Said. Además de Néstor Coronel, Irma Llano, Viviana Coronel, Ingrid Cubilla, Fermín Segovia, Manuel Rojas, Natalia Fúster, junto a Rodrigo Estigarribia, Alma Zayas, Belinda Bobadilla, Elva Cáceres, Pamela Pérez y Carlos Almada.
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La operación incluye una serie de allanamientos en tres países: 22 en Paraguay, 10 en Brasil y uno en Kansas (Estados Unidos). El foco de la investigación recae en la empresa internacional Auto Suply, con sede en Asunción. Su presidente, Diego Dirisio, de origen argentino, y su pareja Julieta Nardi, son señalados como líderes de la red criminal.
Entre los detenidos se encuentran Arturo González, excomandante de la Fuerza Aérea Paraguaya; así como el coronel Bienvenido Fretes, exdirector del Registro Nacional de Armas de la Dirección de Material Bélico (Dimabel). El modus operandi de la red incluía la importación facilitada de armas desde Croacia, Eslovenia y la República Checa, a través de conexiones con Dimabel. Estas armas eran vendidas a intermediarios vinculados con el crimen organizado en Brasil.
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Rescatan de una vivienda a un puma de dos meses en Loma Plata, Chaco
El Ministerio Público y la Policía Nacional lograron rescatar a un puma cachorro de dos meses aproximadamente de una vivienda en la ciudad de Loma Plata, departamento de Boquerón. El fiscal interviniente es Andrés Arriola quien va a investigar el presente caso.
Se tuvo conocimiento del hecho debido a que se estaba ofreciendo al animal para canje o venta, por lo que ante la sospecha se decidió realizar la constitución en la casa donde estaba el felino. Se logró rescatar al animal y ya fue trasladado directamente hasta el refugio Urutaú de la referida localidad donde está al cuidado de las personas encargadas del sitio.
Asimismo, el representante del Ministerio Público evalúa convocar a una declaración indagatoria a los dueños de la casa donde estaba el animal para tener mayor información de cómo llegó hasta esa residencia.
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Investigan a policías
El fiscal de delitos ambientales, Andrés Arriola, inició formalmente una investigación por un supuesto caso de caza furtiva de animales silvestres que se habría registrado en la zona de Teniente Irala Fernández, Chaco. Las primeras evidencias recabadas indican que presuntamente agentes de la Policía Nacional tendrían participación en el hecho, dado que incluso se habrían encontrado los animales carneados y colgados en la comisaría de la localidad de Teniente Irala Martínez, departamento de Boquerón.
Arriola dispuso la apertura de la carpeta fiscal, se realizaron las primeras diligencias en este caso e incluso ya se habría identificado a los presuntos autores del ilícito. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizó la denuncia ante Fiscalía tras una investigación sobre el hecho de caza furtiva, a partir de imágenes fotográficas y filmaciones a las que accedió. Varias especies endémicas del Chaco y en peligro de extinción se visualizan en las imágenes que fueron presentadas a la Fiscalía.
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Procurador pide colaboración de la Fiscalía para hechos que involucren el patrimonio estatal
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, se reunió con el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, y abordaron sobre la posibilidad de que ambas instituciones puedan cooperar en casos que se vea afectado el patrimonio del Estado. El procurador resaltó la apertura del fiscal general para trabajar en conjunto.
“Mantuvimos una reunión con el fiscal general y le hemos solicitado una cooperación sobre la cuestión también al Poder Judicial para que la Procuraduría General de la República sea comunicada cuando exista una sanción por un hecho punible en el que se vea perjudicado el patrimonio del Estado”, expresó.
A esto añadió, “de la misma manera, que sea informada cuando exista una salida alternativa al proceso, de modo que el Estado pueda hacer prevalecer, cuidar y exigir el respeto al patrimonio estatal”. González indicó que están confiados en que se pueda llevar adelante un trabajo en conjunto tanto con la Fiscalía General del Estado como con el Poder Judicial.
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El objetivo de esta cooperación es “institucionalizar” estos procesos donde el patrimonio del Estado se puede ver afectado. Por su parte, el fiscal general del Estado mostró apertura a la petición y manifestó que hará lo necesario para ejecutar dicha solicitud.
“El doctor Emiliano Rolón es un docente, jurista, entiende y conoce las reglas y nos comentó que él va a hablarlo al interior de la Fiscalía General del Estado para que pueda hacerse realidad y podamos trabajar en conjunto todas las instituciones”, culminó diciendo González en diálogo con varios medios de prensa.
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Familia de Pecci cuestiona al Ministerio Público por negarles el acceso a la carpeta fiscal
Mediante un comunicado emitido este jueves, la familia del fallecido agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, criticó el posicionamiento del Ministerio Público al no permitirles acceder a la carpeta fiscal de la investigación del crimen perpetrado en mayo de 2022 en la isla Barú, Colombia.
“Observamos con profundo asombro y desazón cómo el pedido de tomar intervención en la causa del magnicidio de nuestro hermano Marcelo Pecci nos fue inexplicablemente negado y, sin embargo, poco tiempo después, en otro caso fue otorgado y sin mayores discusiones a la familia del extinto diputado Eulalio Gomes, en la misma etapa procesal”, refieren.
Asimismo, en el documento manifiestan que “¿Por qué a la familia del diputado Eulalio Gomes sí y a la familia de Marcelo Pecci no? ¿Dónde queda el principio constitucional de igualdad ante la ley? Sería lo primero que a un abogado o jurista le vendría en mente. Si fuésemos más exigentes, desde un punto de vista ético, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Solo a los parientes de un legislador se les concede este derecho? Esto, lejos de igualdad, se parece mucho a un privilegio”.
La familia expresa a la vez que “dentro de lo que el dolor permite” trata de examinar “con la mayor objetividad posible” cuál es la fundamentación del órgano extrapoder para el rechazo de la solicitud y de la concesión para la causa que ocupa a la familia del legislador fallecido.
“¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? Pareciera ser que al haber sido el doctor Marcelo Pecci simplemente un “común”, tal derecho no se concede por la interpretación supuestamente “estricta” de la norma procesal. Sin embargo, ¿cuáles son las motivaciones para que desde el Ministerio Público se califique la cualidad del concepto de “víctimas” en un sentido en un caso y en sentido diametralmente opuesto en otro?”, indican.
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En el comunicado expresan que “estas preguntas sin respuesta siguen siendo un misterio que genera sospechas, frustraciones, indignaciones y una terrible suposición de que el Ministerio Público ha incumplido por una cuestión de privilegios”.
Ante dichas afirmaciones, en el documento citan el artículo 47, numeral 1, que hace mención a las garantías de igualdad, el cual refiere que “el Estado garantizará a todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen”.
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Imputación al intendente y 21 personas es por supuesta lesión de confianza y asociación criminal
La fiscal Marlene González reveló el modus operandi descubierto durante las investigaciones del caso “detergentes de oro” iniciado hace cuatro años que derivó en la imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez y otras 21 personas, que en su mayoría ya no son funcionarios de la comuna.
Para la agente del Ministerio Público, el jefe comunal fue la cabeza del esquema fraudulento denunciado durante la pandemia del covid-19 que además involucró a propietarios de las empresas proveedoras.
“Es una de las causas muy complejas que se tienen en Delitos Económicos. Aquí no solamente está gente de la Municipalidad, sino mucha gente que están como proveedores particulares del municipio, personas que ya habían estado proveyendo en otro momento otros productos al municipio, específicamente en esta Dirección de Gestión de Riesgos”, señaló González a la 1080 AM.
Dijo que el intendente era el presidente “o cabeza de esa dirección”. “El no puede alegar desconocimiento de lo que se estaba manejando dentro de esa Dirección de Gestión de Riesgos, porque era la cabeza nuevamente de esa dirección. No se lo pudo abstraer de esa responsabilidad”, acotó.
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La fiscal afirmó que cada una de las 22 personas imputadas tienen un rol específico y “está demasiado bien descrita en la imputación”. Aseguró que se obtuvieron sospechas “muy fundadas” que derivaron en la imputación, aunque aclaró que todos tienen el derecho al descargo.
Modus operandi
La funcionaria de la Fiscalía detalló la forma como operaban los imputados. “Se ha constatado que también han sido proveedores en algún momento de la Municipalidad. Por ejemplo está la familia Cano que tiene sus afines ya dentro de la Municipalidad”, remarcó.
“Nosotros específicamente hicimos esta imputación en base a unos productos franceses. Hay un solo proveedor en nuestro país y Aduanas registró que otras empresas han ingresado en el país esos productos”, manifestó.
González puntualizó que la Fiscalía tiene sospechas fundadas que serán demostradas en el proceso de que “el señor intendente es la cabeza de esto”. “Nosotros tenemos que demostrar y construir con estas sospechas que tenemos, de demostrar la lesión de confianza y la asociación criminal. Son situaciones que se van a ir dirimiendo a lo largo de esta etapa”, puntualizó.
La decisión del Ministerio Público se dio a conocer el lunes por la noche y formularon imputación los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Jorge Luis Arce Rolandi, Silvio Corbeta y Marlene González.