El operativo Dakovo se lanzó este martes con intervenciones en Paraguay, Brasil y Estados Unidos para desarticular una organización criminal que operaba el tráfico internacional de armas. Los procedimientos en Asunción, Central y Ciudad del Este son encabezados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), junto con 19 agentes del Ministerio Público.
Los fiscales son Fabiola Molas, Jorge Arce, Guillermo Sanabria, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia, Luis Said. Además de Néstor Coronel, Irma Llano, Viviana Coronel, Ingrid Cubilla, Fermín Segovia, Manuel Rojas, Natalia Fúster, junto a Rodrigo Estigarribia, Alma Zayas, Belinda Bobadilla, Elva Cáceres, Pamela Pérez y Carlos Almada.
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La operación incluye una serie de allanamientos en tres países: 22 en Paraguay, 10 en Brasil y uno en Kansas (Estados Unidos). El foco de la investigación recae en la empresa internacional Auto Suply, con sede en Asunción. Su presidente, Diego Dirisio, de origen argentino, y su pareja Julieta Nardi, son señalados como líderes de la red criminal.
Entre los detenidos se encuentran Arturo González, excomandante de la Fuerza Aérea Paraguaya; así como el coronel Bienvenido Fretes, exdirector del Registro Nacional de Armas de la Dirección de Material Bélico (Dimabel). El modus operandi de la red incluía la importación facilitada de armas desde Croacia, Eslovenia y la República Checa, a través de conexiones con Dimabel. Estas armas eran vendidas a intermediarios vinculados con el crimen organizado en Brasil.
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Farsa de Abdo: sus aliados frenan desafuero que él pidió
Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.
Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.
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La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.
Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.
En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.
En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.
No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.
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Mafia de los pagarés: imputan a jueces, actuarios, ujieres y abogados de firmas de cobranzas
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, en el marco de la investigación conocida como la mafia de los pagarés, presentaron imputación contra 63 personas, entre ellas los directos presuntos responsables del esquema que son jueces, actuarios judiciales, ujieres notificadores y abogados de las firmas de cobranzas.
Los delitos que habrían cometido los hoy imputados son prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Entre los imputados se encuentran los jueces de paz, Analía Cibils, Nathalia Garcete hoy día suspendida en sus funciones, Víctor Rodríguez también suspendido en sus funciones y la exjueza Liliana González de Bristot, quien acorralada por los graves hechos decidió renunciar al cargo.
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Igualmente, la lista de imputados sigue con los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.
Asimismo, la nómina de los imputados por los graves hechos que ocasionaron un perjuicio a la clase más humilde son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.
También fueron imputadas 19 personas entre ujieres, oficial de Justicia y otros pertenecientes al juzgado de Paz de San Roque e igualmente se tiene 12 imputados que son funcionarios del juzgado de Paz de la Recoleta, totalizando así 63personas imputadas en el caso.
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Detectan encomienda que contenía partes de armas de fuego en el Silvio Pettirossi
La Dirección Nacional de Ingreso Tributarios (DNIT) informó este viernes que durante la jornada evitaron el ingreso al país de una encomienda que contenía partes de armas de fuego. Esta cargamento llegó al aeropuerto Silvio Pettirossi y debía salir del país, pero las piezas habrían sido importadas. Se estima que una sola pieza de encomienda tendría un valor de G. 100 millones en el mercado negro.
Según el reporte, el hecho se registró durante la tarde de hoy viernes, en un control de rutina realizado en el aeropuerto internacional ubicado en la ciudad de Luque. El cargamento fue supervisado y se pudo constatar que tenía un doble fondo, donde se ocultaban las piezas de varias armas.
“La carga contenía un gato hidráulico y, ocultas debajo, partes de armas de fuego. Este llegó hasta el aeropuerto internacional Silvio Petirossi, pero en un control rutinario, se detectó y retuvo una encomienda aérea que debía salir de nuestro país”, confirmaron los intervinientes.
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Indicaron que encontraron partes de una carabina semiautomática calibre 300, cuyo valor estimado en el mercado negro es de unos G. 100 millones. “Las piezas fueron importadas desde Estados Unidos mediante un despacho simplificado”, apuntaron. Actualmente las autoridades investigan el origen y destino de la encomienda para determinar si se trata de una red de tráfico ilícito.
El operativo contó con la presencia de funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), en un trabajo conjunto con agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). También se dio intervención a agentes de la Dirección de Materiales Bélicos (Dimabel) para el análisis del armamento.
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Juez acusado por acoso sexual denunció a ministro de Corte, jueces y fiscales
El juez Amado Arsenio Yuruhan Díaz, enjuiciado por mal desempeño en sus funciones, suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y acusado por la fiscalía por el hecho punible de acoso sexual presentó una denuncia penal en sede del Ministerio Público contra el ministro de la Corte y titular del JEM, César Garay, así como contra varios camaristas, jueces de primera instancia y fiscales.
El denunciante debe enfrentar este lunes la audiencia preliminar por el caso de acoso sexual donde un juez penal de garantía de Filadelfia deberá resolver si Yuruhan Díaz estará sentado en el banquillo de los acusados. Además de los camaristas, jueces y fiscales, también fue denunciada Mirian Marecosm administradora de la sede judicial de Boquerón, quien igualmente tiene varias críticas realizada por la ciudadanía del Chaco.
Los hechos punibles que denunció el magistrado enjuiciado son persecución de inocente, tortura, denuncia falsa, coacción grave, simulación de un hecho punible y asociación criminal. El escrito presentado en sede fiscal menciona que el ministro Garay supuestamente propicio un procedimiento penal en contra del denunciante utilizando a la fiscala Claudia Aguilera y a los demás denunciados.
Ahora se deberá designar a un fiscal para que pueda estudiar la denuncia presentada por Yuruhan y a su vez deberá realizar los actos investigativos y analizar si corresponde presentar la desestimación de la denuncia o alguna imputación.
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