La fiscala Claudia Aguilera es la encargada de la investigación contra el cantante Pablo Benegas, quien fue imputado por abuso sexual en niños y abuso sexual a personas indefensas, la misma manifestó que se encuentra trabajando en el marco de la presentación de las testificales del caso.
“De nuestra parte se solicitó entre otras diligencias la cámara Gesell a la que serán sometidas las niñas luego de que se recuperen, además de algunas testificales. No quiero dar aún nombre de ningún testigo, pero en esta semana está prevista la testifical de la abuela de las niñas”, indicó en conversación con el canal de noticias NPY.
La representante del Ministerio Público destacó que entre otros de los procedimientos solicitados por la Fiscalía se encuentra la evaluación victimológica a las pequeñas para cotejar varios datos respecto a los hechos acontecidos, por sobre todo referente a la relación que existiría con el supuesto autor del abuso.
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“Se han individualizado dispositivos encontrados tras el allanamiento en la vivienda del supuesto autor, los mismos ya están siendo analizados y se solicitó la extracción de todos los datos que contengan para que sean cotejados con cualquier arista de la investigación en curso, y de este caso en particular”, remarcó Aguilera.
En cuanto a las dos niñas, sostuvo que continúan siendo monitoreadas por profesionales de la salud y ya fueron derivadas a hogares provisorios. Todas las diligencias que las involucren serán llevadas a cabo una vez que los especialistas den el visto bueno, teniendo en cuenta que permanecieron varios días en el Hospital de Barrio Obrero.
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Cámara Alta resuelve endurecer penas para casos de abuso sexual a menores
La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.
La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.
La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.
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“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.
Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.
“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.
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En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.
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Milei firma declaración de G20, pero “no acompaña” parte final del texto
El presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, indicó este lunes que rechaza parte de la declaración final que los líderes del G20 deben adoptar el martes al término de una cumbre en Rio de Janeiro, según su oficina.
Milei aseguró que el texto tendrá la firma de Argentina pero que “no acompaña” temas como “la limitación de la libertad de expresión en redes sociales” o la “noción de que una mayor intervención estatal es la forma de luchar contra el hambre”, según un comunicado oficial.
“En el combate contra estos flagelos, el presidente Javier Milei tiene una posición clara: si queremos luchar contra el hambre y erradicar la pobreza, la solución está en correr al Estado del medio”, agregó.
La cumbre del G20, que reúne a las mayores economías en Río de Janeiro, busca llegar a un consenso sobre la declaración final el martes para la clausura de la cita.
Argentina se sumó con reservas a la alianza mundial contra el hambre y la pobreza que lanzó el lunes el presidente de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras abrir la cumbre.
Recientemente, retiró a su delegación de las negociaciones climáticas en la COP29 del cambio climático en Bakú, Azerbaiyán. La Cumbre Iberoamericana de Ecuador también cerró sin consenso el viernes pasado por los reparos de Buenos Aires.
Además, Argentina fue el único país que votó la semana pasada en contra de una resolución de la ONU que denuncia la violencia en línea contra mujeres y niñas, así como contra otra que busca proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Milei y Lula, que mantienen una relación tensa desde antes de que el gobernante argentino asumiera el poder en diciembre, protagonizaron un encuentro cuanto menos frío en Río.
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Ambos líderes apenas se miraron y posaron ante las cámaras con el semblante serio y distante, lo que contrastó con el resto de apretones de manos dados por el anfitrión, Lula.
Fuente: AFP
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El Vaticano presentó su primer informe sobre abusos en la Iglesia
El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.
En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.
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La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.
“Acceso a la verdad”
Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.
La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.
En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.
La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.
Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.
Llamados a más transparencia
En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.
Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.
Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.
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“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.
Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.
Fuente: AFP
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Imputan por abuso sexual en niños a profesor de escuela de fútbol
El agente fiscal de Luque Augusto Ledesma Blasser presentó imputación contra Rodrigo Fabián Benítez Bareiro (35), por el supuesto hecho punible de abuso sexual en niños. El mismo en su carácter de profesor de una escuela de fútbol habría vulnerado a un niño de 13 años, bajo la promesa de incorporarlo como parte del equipo titular de un club de la localidad de Areguá.
Ahora es un juzgado penal de Garantía el que deberá admitir la imputación y se tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si el imputado estará privado de libertad o estará con medidas alternativas a la prisión.
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Los antecedentes refieren que, en el mes de agosto del 2024, en el interior de una vivienda, el imputado supuestamente cometió actos sexuales con un menor, cuyos episodios se registraron en reiteradas ocasiones, tanto en el domicilio del procesado como en el de la víctima.
Conforme a la investigación, se presume que el hombre cuenta con filmaciones en su teléfono celular de situaciones similares, donde el mismo habría practicado actos sexuales con otros chicos que forman parte del entorno de la víctima, con la misma promesa, aprovechándose de la indefensión de los mismos.
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