• San Isidro, Argentina. AFP.

Diego Maradona “estuvo en agonía” antes de morir y sus médicos debieron haber previsto su cuadro, dijeron ayer jueves dos de los médicos que hicieron su autopsia, en el juicio a profesionales de la salud acusados por el fallecimiento del exfutbolista en Argentina hace cuatro años.

Había “signos de agonía” en el corazón, afirmó Mauricio Cassinelli, médico legista que examinó el cuerpo en la casa donde murió Maradona en la ciudad de Tigre, al norte de Buenos Aires, y en una autopsia que se hizo pocas horas después en San Isidro, donde se realiza el juicio. Casinelli señaló que la agonía podría haber comenzado “por lo menos 12 horas” antes de la muerte del ídolo, que la autopsia fijó entre las 9:00 y las 12:00 locales (12:00 y 15:00 GMT) del 25 de noviembre de 2020.

Maradona venía acumulando agua en sus pulmones desde hacía “al menos 10 días” antes de su fallecimiento a causa de una insuficiencia cardíaca y una cirrosis hepática, según Casinelli, que consideró que los enfermeros y médicos deberían haber advertido los síntomas antes del desenlace. El corazón “pesaba casi el doble de lo que pesa uno normal para una persona adulta”, apuntó el médico. En la autopsia tampoco se detectó “ni alcohol ni tóxicos” en el cuerpo.

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También testificó este jueves Federico Corasaniti, otro de los médicos que participó de la autopsia, cuyo testimonio fue similar al de Cassinelli y coincidió en que “hubo agonía”. Corasaniti dijo que el cuadro no fue “ni súbito ni imprevisto” y que era fácilmente detectable: “Era simplemente apoyarle un dedo en las piernas, palparle la panza, agarrar el estetoscopio y auscultarle los pulmones, ver la coloración de los labios”, señaló.

El primer médico había indicado que también el cerebro pesaba más de lo normal, así como los pulmones, que estaban “llenos de agua”. Ambos coincidieron en que la causa de muerte fue “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada”.

Casinelli dijo además que la casa donde murió Maradona no le pareció “un lugar adecuado a una internación domiciliaria”. Los abogados defensores no hicieron muchas preguntas a los testigos y aguardan a que comparezcan otros peritos con versiones distintas a las expresadas en la sesión que concluyó cerca de las 17:00 (20:00 GMT) de este jueves.

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Durante la audiencia que tuvo lugar en San Isidro, un suburbio de Buenos Aires, se reprodujeron fotos de la autopsia a Maradona. Una de las hijas del astro, Jana, estuvo presente tras declarar como testigo el martes, pero se retiró de la sala antes de que se proyectaran estas imágenes. El martes, otro de los testigos, el excustodio de Maradona, Julio Coria, había sido detenido acusado de falso testimonio.

Su abogado, Gastón Marano, dijo este jueves a periodistas en las puertas del tribunal que “va a hacer una declaración por escrito” entre el jueves y el viernes. Mientras tanto, Coria sigue bajo custodia policial. Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte de la malograda estrella. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado.

El ídolo del argentino Boca Juniors y el italiano Nápoles falleció durante una internación domiciliaria mientras estaba bajo el cuidado de los acusados, tras una neurocirugía. Varios testigos, entre ellos los policías que entraron a la casa tras la muerte del ídolo del fútbol y los primeros médicos en llegar, destacaron la ausencia de equipos médicos en el lugar.

Este juicio, que comenzó el 11 de marzo, se prolongará al menos hasta julio y se espera que declaren decenas de testigos. Los acusados defienden su inocencia y arriesgan entre 8 y 25 años de prisión. La próxima audiencia será el martes y la fiscalía aún no adelantó quiénes serán los testigos.

Una mujer identificada como Nidia María Fariña Lezcano (35) fue detenida al ser sorprendida con 25,6 gramos de marihuana cuando intentaba ingresar a la penitenciaría de Tacumbú. La droga estaba en 56 cápsulas ocultas en una encomienda para un recluso. Agentes penitenciarios hallaron la sustancia estupefaciente en la cartera de la visitante cuando procedieron a revisarla antes de autorizar su entrada al reclusorio. Se dio aviso a la Policía y se procedió a su aprehensión.

“Una dama intentó ingresar productos alimenticios dentro del penal de Tacumbú. Al ser verificada por los personales de guardia del lugar se constató que en el interior de sus pertenencias se encontraban cápsulas la cual causó duda en el personal policial y penitenciario”, señaló el comisario Alberto Morínigo.

Con la presencia del personal policial de la división narcóticos se realizó la prueba de campo de la sustancia hallada y resultó positivo a marihuana. “Generalmente la gente va y trata de introducir en medio de alimentos estas sustancias. Entonces, al verificar esto se constató que se trataba de sustancias estupefacientes”, confirmó.

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Según el policía, en ningún momento la detenida declaró las circunstancias del envío ni relevó la identidad del destinatario. “Posterior a las averiguaciones se pudo saber que iba para uno que se encontraba privado de su libertad en el lugar”, expresó el comisario Morínigo.

De acuerdo a los investigadores, la mujer habría querido aprovechar la euforia desatada por el partido entre las selecciones de Paraguay y Colombia, en la ciudad de Barranquilla, para proveer la droga a los reclusos. Cerca de las 19:45 llegó al portón principal de Tacumbú, se identificó y pidió entrar, al ser inspeccionada por el personal femenino se descubrieron sus verdaderas intenciones. La detenida y las evidencias colectadas ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

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El juez penal de garantía de Pedro Juan Caballero, Juan Martín Areco, imprimió trámite de oposición al pedido de desestimación que solicitaron los agentes fiscales Celso Morales, Christian Ortiz y Luis Said en relación a la investigación sobre la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, ocurrida en la madrugada del 19 de agosto del año pasado, en un allanamiento fiscal.

Con la presente resolución judicial, será el fiscal general del Estado quien defina si dictamina a favor de la desestimación o recomienda al juzgado penal de garantía seguir con la presente investigación fiscal.

En su resolución, el magistrado Areco sostiene que “me mantengo en mi oposición, conforme a los fundamentos del A.I. N° 218 de fecha 13 de marzo del 2025, en consecuencia y de conformidad a lo que dispone el artículo 314 del Código Procesal Penal, párrafo segundo, que dice disponer la remisión nuevamente de las actuaciones al Ministerio Publico, para que el fiscal general del Estado peticione nuevamente o ratifique lo actuado por los fiscales inferiores, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución”, según la determinación adoptada por el magistrado Areco.

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De acuerdo a los hechos, el fallecimiento del diputado se registró el pasado 19 de agosto del 2024, a las 3:00, durante un allanamiento encabezado por el Ministerio Público, acompañados por los agentes de la Policía Nacional y los asistentes fiscales.

De acuerdo al Ministerio Público se determinó que los intervinientes que estuvieron en el hecho son los agentes policiales Pablo Torales y Carlos García. Este último fue el que disparó los tiros mortales contra el legislador. Conforme con la conclusión de los fiscales, el hecho se produjo en defensa propia, ya que el diputado también había disparado contra los intervinientes, por lo que habría existido una causa de justificación.

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• Fuente: AFP

El tribunal argentino a cargo del juicio por la muerte de Diego Maradona ordenó este martes en plena audiencia la detención por falso testimonio del testigo Julio Coria, quien fue custodio del astro futbolístico, al advertir contradicciones en su declaración.

Los jueces consideraron “acertadas las referencias hechas por el fiscal en relación al delito de falso testimonio”. Coria se retiró esposado de la sala de audiencias realizadas en San Isidro, barrio en el suburbio norte de Buenos Aires.

El arresto tuvo lugar en el marco del juicio que comenzó hace dos semanas en San Isidro, donde se juzga a siete integrantes del equipo médico de Maradona por su responsabilidad en el fallecimiento de la exestrella de la selección argentina.

Maradona, quien tuvo periodos de excesos durante su agitada vida, murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, por una crisis cardiorrespiratoria en su casa de Tigre (al norte de Buenos Aires), cerca de San Isidro, donde cumplía internación domiciliaria tras una neurocirugía.

Coria estaba en la casa de Tigre el día que murió Maradona y le hizo respiración boca a boca hasta la llegada de los médicos. La Fiscalía interrumpió varias veces su testimonio y pidió que fuera retirado de la sala al advertir “contradicciones y omisiones” en sus declaraciones, lo que derivó en el pedido de detención por falso testimonio, delito que prevé penas de hasta 10 años.

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El custodio dijo que no había hablado con Leopoldo Luque, el médico personal de Maradona imputado en la causa, pero la querella expuso múltiples conversaciones por chat entre ambos. Coria dijo que “no las recordaba”.

Fernando Burlando, el abogado de Dalma y Gianinna Maradona, hijas de la malograda estrella, expuso una conversación posterior al fallecimiento en la que Luque y Coria coordinaban una reunión para comer “un asado”. La Fiscalía solicitó la detención al sostener que el testigo estaba “siendo mendaz en forma elocuente”.

El custodio había declarado además que la psiquiatra Agustina Cosachov, otra de las acusadas, intentó reanimar a Maradona, pero en sus declaraciones previas no lo había señalado.

Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del exjugador del Boca Juniors argentino, el italiano Nápoles y el Barcelona de España, entre otros.

El juicio se prolongará al menos hasta julio y se espera que declaren unos 120 testigos. Los acusados, que defienden su inocencia, arriesgan entre 8 y 25 años de prisión.

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