Ayer jueves y hoy viernes, en los departamentos de Canindeyú y San Pedro se realizó la entrega de títulos de propiedad a comunidades indígenas, en los distritos de Yasy Cañy, Curuguaty y Villa Ygatimí de Canindeyú y Santa Rosa del Aguaray, San Pedro.

Esto representa un verdadero empoderamiento para las comunidades indígenas de estas localidades y se hizo posible tras un esfuerzo conjunto entre el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), bajo precisas directrices del presidente de la República Santiago Peña.

Marlene Ocampos, presidenta del Indi, junto a Ana María Zubizarreta, escribana mayor de Gobierno, así como directores del mencionado ente y del Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios (Pima) del MAG, se presentaron en la comunidad Sanja Morotí, en Yasy Cañy, donde se otorgaron documentos legales que certifican la propiedad de las tierras a aproximadamente 30 familias.

Además, la comunidad Pakuri Santa Librada, también en Yasy Cañy, tras varios años de trámites, obtuvo su título de propiedad, consolidando así la seguridad jurídica de las tierras que ocupan. El itinerario continuó en Curuguaty, donde la comunidad indígena Tekoha Cuatro Boca, compuesta por 30 familias, también recibió su título de propiedad y se llevó a cabo la firma de la escritura de transferencia a favor de la comunidad indígena 12 de junio, en el distrito de Yby Pyta, Canindeyú.

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El cierre de esta jornada tuvo lugar en el distrito de Villa Ygatimí, donde la comunidad indígena San Antonio, conformada por alrededor de 40 familias, recibió sus títulos de propiedad. Los líderes de estas comunidades beneficiadas expresaron por el trabajo coordinado entre diversas entidades, como el MAG, el Servicio Nacional de Catastro y la Escribanía Mayor de Gobierno.

Ocampos y Zubizarreta se trasladaron hoy en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro para el otorgamiento de títulos a más comunidades indígenas como Arroyo Verde, donde 24 familias recibieron sus documentos de propiedad, consolidando así sus derechos sobre las tierras que ocupan.

De manera simultánea, otras dos comunidades, Naranjito-Río Verde y Blanca’i, compuestas por 69 y 32 familias respectivamente, vieron materializado su largo anhelo. Esto, marca un avance significativo en la protección y empoderamiento de las comunidades indígenas, asegurando la certeza jurídica sobre sus tierras ancestrales, fortaleciendo su arraigo y promoviendo su desarrollo sostenible.

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