Por Carla Ascarza (carla.ascarza@gmail.com)
Cultura es escuchar sonar 13 Tuyutí un domingo temprano en el campo; es la procesión iluminada con velas de apepu en el mágico Tañarandy de Koki Ruiz, es el rap y el rock fusionados con la polka y la guarania vibrando en escenarios con poderosas bandas nacionales; es el conocimiento ancestral de los chamanes y el ñanduti en las vidrieras del mundo.
La cultura es ese diálogo entre la tradición y la innovación que debemos impulsar. Es el factor clave para el progreso de una nación, ya que expresa su identidad, sus valores, su historia y su diversidad.
Y como todo motor de innovación, creatividad y cohesión social, la cultura debe ser reconocida, protegida y promovida con el apoyo de políticas públicas pues contribuye al bienestar de las personas y al fortalecimiento de la democracia.
Sin el guarani, sin las bellas esculturas de la Plaza Uruguaya, sin los emblemáticos edificios del casco histórico o sin las chipas de Barrero que forman parte de nuestros viajes al interior sería difícil, si no imposible, comprender la complejidad de nuestra identidad como pueblo.
Las políticas públicas deben estar basadas en el respeto a los derechos culturales de todos los ciudadanos, en el fomento de la participación ciudadana y en la articulación de los diferentes actores e instituciones del sector cultural.
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Ninguna cultura florece sin el apoyo de políticas públicas. En este sentido, es alentador el compromiso de la ministra de Cultura, Adriana Ortiz, quien apunta a la promoción de iniciativas orientadas a consolidar la institucionalidad cultural, a fortalecer el patrimonio cultural material e inmaterial, a promover las industrias culturales y creativas, a impulsar la educación artística y cultural, a fomentar la diversidad cultural y a facilitar el acceso a la cultura para todos los sectores de la población.
Entender la cultura como un derecho humano fundamental y como un factor estratégico para el desarrollo sostenible no solo debe ser una tarea del Estado, también debe ser asumida por el sector privado, especialmente por las empresas que tienen una responsabilidad social con la sociedad y el medio ambiente.
Cuando vemos estudiantes de las escuelas rurales con internet gratuito y contenidos educativos digitales; o acciones que incentivan el reciclaje de envases plásticos, que promueven la conservación y el uso racional de los recursos naturales mediante implementación de buenas prácticas ambientales, es probable que sean el fruto de programas desarrollados por el sector privado que entiende que la responsabilidad social empresarial (RSE) se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental de las empresas.
Esto implica ir más allá del cumplimiento legal y ético de sus actividades económicas, e incorporar en su gestión los intereses y las expectativas de sus grupos de interés: clientes, proveedores, empleados, accionistas, comunidades locales y sociedad en general.
La RSE no solo beneficia a estos grupos de interés, sino también a las propias empresas, ya que mejora su imagen pública, su reputación, su competitividad y su rentabilidad. Además, la RSE contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas para el año 2030.
Es un imperativo reflexionar sobre el rol que cada uno de nosotros puede tener en el desarrollo cultural y social de nuestro país. No se trata solo de ser espectadores o beneficiarios de las políticas públicas o de las acciones empresariales, sino también de ser protagonistas y participantes activos. Cada uno de nosotros puede aportar con su talento, su creatividad, su solidaridad y su compromiso a la construcción de una sociedad más justa, más inclusiva y más sostenible.
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