Un incidente registrado en la penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada obligó a las autoridades del Ministerio de Justicia a disponer medidas de aislamiento en la población penal. En total, nueve reos fueron apartados y trasladados a otras celdas de mayor seguridad tras romper la puerta del depósito de alimentos del centro penitenciario.

“Las personas en el módulo 8, de régimen especial, empezaron a generar disturbios. Estos consistieron en mover la puerta, específicamente una portezuela de suministros por donde reciben la comida”, relató el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, a la 1080 AM.

Dijo que con la fuerza los reclusos lograron romper la puerta del depósito y utilizaron la madera como un arma contundente para atacar a los agentes penitenciarios.

“El protocolo indica un abordaje de mediación para que cesen de hacerlo; en caso de que eso se agote, se procede al uso de la fuerza. Y en ese sentido, a efectos de precautelar la situación de quienes trabajan allí, así como la de los internos, se solicitó el apoyo de la Policía, que estuvo presente en el pasillo”, detalló.

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Aclaró que los policías no ingresaron al interior del pabellón sino solo los funcionarios penitenciarios, quienes procedieron a aislar a los internos involucrados. “Ellos opusieron resistencia, fueron 9 los internos que generaron esos disturbios. Tuvieron algunas escoriaciones, dos sí tuvieron pequeños cortes y la situación ya está controlada”, afirmó.

El viceministro comentó que también se dispusieron medidas administrativas en el penal; se revisará para detectar el punto de falla de la puerta del depósito que fue violentada.

“Es una chapa pesada; efectivamente, es una portezuela de metal pesada, y se va a verificar eso y se harán las mejoras que correspondan. Ese módulo tiene 80 plazas y solamente están ocupadas las celdas que están en planta baja. Esos nueve fueron reubicados de manera más distanciada en las celdas que se hallan en el segundo piso”, confirmó.

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Este miércoles, se detectó que un grupo de reclusos intentó amotinarse en la penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada, pero la situación fue controlada. Desde el Ministerio de Justicia ordenaron la intervención del centro de reclusión. Durante el percance se logró aislar a 9 personas que comenzaron a golpear las rejas y que lograron salir de sus celdas.

Según Rubén Maciel, viceministro de Políticas Criminales, el hecho inició en horas de la mañana de hoy, pero que todo fue controlado rápidamente por agentes penitenciarios bajo órdenes del encargado de Despacho, Luis Rodríguez, y en coordinación con la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, con apoyo preventivo de Fuerzas Policiales, apostadas en las cercanías del pabellón 8.

“Se generó un disturbio por parte de personas privadas de libertad. Estos empezaron a patear la puerta y forzar las portezuelas hasta desprenderse y quedar con eso y usar como arma contundente. Se negaron y se resistieron a entregar por lo que se tuvo que hacer uso de la fuerza”, explicó el viceministro, en entrevista con la 1020 AM.

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Afirmó que los intervinientes lograron aislar a nueve reclusos, estos fueron los que rompieron las puertas y que opusieron resistencia a la intervención. Además, a raíz de la detección del hecho de irregularidad, desde el Ministerio de Justicia se ha dispuesto la intervención de la Penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada.

Actualmente, se encuentran trabajando equipos a fin de dilucidar lo ocurrido y cuál era la intención de los reos. Equipos de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios y de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria realizan la intervención. Una vez culminadas las labores, se brindará información oficial a la ciudadanía a través de los canales institucionales.

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Por Karina Ríos (karina.rios@nacionmedia.com)

Pasaron cinco años del día que conmocionó al Paraguay, cuando las autoridades confirmaron la desaparición de Yuyu o la niña de Emboscada, en el departamento de Cordillera.

Hasta la fecha, la Policía Nacional y el Ministerio Público siguen con la investigación, pero sin rastros de lo que ocurrió con la niña, que desafortunadamente sigue con paradero desconocido. La ciudadanía hasta la fecha se pregunta ¿dónde está Yuyu?

El 15 de abril del 2020 se confirmaba la desaparición de la niña de siete años en la localidad Isla Alta de la ciudad de Emboscada. La pequeña logró que la ciudadanía le tome cariño y exija que aparezca rápidamente. Sin embargo, su madre Lilian Zapata y su padrastro Reiner Oberuber tomaron distancia y se llamaron a silencio desde el primer día.

Según datos recabados durante la investigación, la niña de Emboscada fue vista por última vez jugando con los animales en la propiedad donde vivía bajo el resguardo de su madre y padrastro. Desde aquel momento no se supo nada de ella. Pese a las intensas búsquedas realizadas por las autoridades, Yuyu pasó a ser víctima de un hecho punible aún no resuelto.

Una vez que la Policía y Fiscalía tomó intervención en el caso comenzaron a realizar un rastrillaje en la zona y pudieron deducir que la menor no salió de la propiedad. También se utilizaron drones, perros buscadores, pero todo fue sin resultado positivo. Yuyu no aparecía y la posibilidad de dar con ella iba disminuyendo con el paso de las horas.

Las primeras evidencias encontradas fueron pedazos de tela, luego hallaron manchas de sangre. Esta última pista hizo que aumentarán las sospechas de que algo malo le pasó a la niña, sin embargo, hasta el momento no se pudo probar nada.

La persona que la tenía en custodia y que debía protegerla, su madre Lilian, se llamó a silencio y se negó a pruebas de ADN tras encontrarse rastros de sangre en la zona. Los investigadores le solicitaron una muestra y su negativa llamó la atención, no solamente de las autoridades, sino de toda la ciudadanía.

“Las investigaciones por parte de la Policía fueron cubiertas ampliamente, en lo que respecta a las labores periciales, criminológicas y a las búsquedas. Una de las “pruebas madre” que solicitamos en su momento no fue realizada, el análisis genético de las muestras que se levantaron del lugar de la desaparición”, afirmó el subcomisario David Delgado, del departamento de Homicidios, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Resaltó que ese pedido fue a la señora Zapata, quien debía ceder el material biológico, pero que no lo hizo y truncó parte de la investigación. “Si se realizaba el análisis genético la historia iba a ser diferente, pero ya escapa a nuestra funciones esa situación”, expresó.

Pasaron cinco años y las investigaciones siguen, pese a que los años han hecho que este caso sea más difícil de dilucidar. Hasta la fecha continuan las interrogantes y las autoridades aún reciben ciertas informaciones sobre el caso, pero estas no sugieren indicios de lo que pudo haber ocurrido con la niña de Emboscada.

“Fueron tareas investigativas de meses en horarios continuos. Lo último fue la denuncia realizada por la madre sobre un video que fue viralizado, se realizó el análisis del mismo y carece de elementos técnicos para lograr una trazabilidad e identificación científica. Hasta ahora hay informaciones nuevas y si tienen sustentos o coherencias se verifican”, detalló Delgado.

Indicó que desde el departamento de Homicidios se tomó intervención en el caso una semana después de la desaparición y precisó que se hicieron sugerencias investigativas, como reconstrucción del hecho, entrevistas, análisis del lugar, levantamientos de evidencias, pero sin resultado.

• Lilian Zapata cumple su sentencia de seis años de prisión por abandono y violación del deber del cuidado y otros dos años con la suspensión de la ejecución de la pena por desacato a una orden judicial.
• Contra Reiner Oberuber se abrió un proceso por supuesta pornografía infantil y finalmente quedó absuelto de culpa y pena.
• El abogado Max Narváez confirmó que para julio de este año la madre de Yuyu debería recibir libertad condicional.

Este martes, camiones del Comando del Ejército partieron rumbo al Chaco paraguayo para llevar caños que servirán para que las familias de comunidades indígenas puedan tener acceso a agua. Este envío se realizó en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pedido de las familias que estaban pasando por una situación difícil.

Los miembros de la comunidad indígena tenían acceso al agua mediante un tajamar que fue construido por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), pero debían acarrear el agua de forma manual. Durante la última visita de los miembros de la Corte Interamericana, los líderes solicitaron los caños para que el agua llegara a la comunidad.

“Con esto, se evitará el acarreo manual y contarán con agua en sus domicilios”, expresó el ingeniero Fernando García, titular de Senasa. Afirmó que se enviaron 9.600 metros de caños de PVC a la comunidad indígena Xamok Kasek y que, con la instalación, unas 125 familias de dicha comunidad tendrán acceso al agua.

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“Técnicos de la institución ya se encuentran esperando en el sitio, quienes planificaron el trayecto y realizarán la colocación de las cañerías para llegar a las aldeas, junto con trabajadores de la Gobernación de Presidente Hayes. Seguimos trabajando en la implementación de medidas que aseguren el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el acceso a los servicios esenciales”, refirió.

Los camiones pertenecientes al Comando de Ejército se encargaron de transportar las cañerías y partieron desde el Cuartel General del Comando de Ejército, la salida contó con la coordinación del ministro de Defensa, Óscar González; así como de la directora de Derechos Humanos de la vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, y el director general del Senasa.

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