La Policía Nacional continúa con los trabajos de rastrillaje para poder dar con el paradero del suboficial Oliver Daniel Lezcano Galeano, de 21 años, que logró fugarse del penal de Tacumbú, en Asunción. El joven logró huir de la celda de admisión, este jueves último, donde estaba detenido por el asesinato del militar Líder Javier Ríos Cañete, en enero pasado, cuando trabajaba como conductor de una plataforma de viajes.
“A las 19:50, recibimos la información de una supuesta fuga. Esto fue confirmado por los funcionarios penitenciarios, que realizaron la revisión completa del penal en dos oportunidades y no encontraron a esta persona que está procesada por homicidio doloso”, explicó el comisario Sabino López Silva, en Unicanal.
El jefe policial explicó que hasta el momento no se tiene idea de dónde está Lezcano Galeano y que desde el centro de reclusión no supieron dar explicaciones de cómo logró huir del sitio. “Estamos haciendo las averiguaciones correspondientes y buscamos acceder a imágenes de cámaras de seguridad para dar seguimiento al caso”, comentó.
El crimen del militar ocurrió en enero de 2023, cuando el conductor subió como pasajero al efectivo policial, que posteriormente lo asaltó y le dio un disparo que acabó con la vida del trabajador de movilidad, que por mucho tiempo estuvo desaparecido y cuyo cuerpo fue encontrado en el Banco San Miguel en la Costanera de Asunción.
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Tacumbú: inician clasificación de reclusos con condena y los que tienen procesos abiertos
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que ha iniciado un proceso para separar a las personas privadas de libertad que no cuentan con condena, de aquellos que aún están con procesos abiertos. Esto con el objetivo de que los programas de reinserción sean más efectivos y que el penal de Tacumbú deje de ser una “escuela del delito”.
“Es una deuda histórica que tiene la administración del Ministerio de Justicia con el sistema penitenciario que nos va a permitir tener mayor efectividad a la hora de aplicar estos programas. Ese es el problema que históricamente ha desencadenado otros problemas mayores”, expuso el titular de cartera ante la 650 AM.
Nicora indicó que el impacto social que ha generado que una persona que comete un hecho punible por primera vez e ingresa a un sistema en el que todos los reclusos están integrados, convirtieron a Tacumbú en un lugar donde las personas aprenden a delinquir, lo que origina un agravante al problema social antes que una solución.
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“Cuando hablamos de perfiles de personas que están mezcladas, tanto procesadas como condenadas y de diferentes hechos punibles, estos programas de reinserción no van a ser efectivos como sí lo son cuando ya están orientados a la clasificación y separación de estas personas”, añadió. Asimismo, indicó que este trabajo se viene planificando desde hace meses.
El jefe de cartera manifestó que no ha sido una tarea fácil porque Tacumbú siempre tuvo un hacinamiento importante, contando con unas 4.000 personas privadas de libertad. A partir de Veneratio, el operativo desarrollado en diciembre del 2023, se ha podido reducir considerablemente esta cifra y actualmente el penal alberga a 1.970 reclusos, de los cuales 1.114 están procesados y 856 tienen condena.
“Mirando los planos del centro penitenciario y buscando una reingeniería de lo que es hoy día Tacumbú, logramos consensuar con los arquitectos y con el equipo de obras del Ministerio de Justicia, la posibilidad de que los pabellones que se encuentran en la última parte del centro penitenciario, que son pabellones nuevos y donde antes estaban alojadas organizaciones criminales, puedan ser utilizados exclusivamente por personas con condena”, detalló.
De esta forma, se hizo una división de esa sección de la penitenciaría que cuenta incluso con un nuevo acceso. Por otro lugar, la parte de adelante alberga a los procesados, convirtiéndose en un “Centro Nacional de Prevenidos”, donde ratificó Nicora que únicamente pueden estar personas con procesos abiertos.
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Dimabel remitió a la Fiscalía datos recabados sobre red de tráfico ilegal de armas a Brasil
La Dirección de Material Bélico (Dimabel) remitió al Ministerio Público las informaciones recabadas por la institución sobre una red de tráfico ilegal de armas hacia el Brasil, que involucra a 100 militares y policías.
“Ayer al mediodía (jueves) se realizó la remisión de los antecedentes documentales sobre una supuesta comisión de hecho punible de tráfico ilícito de armas. Esto no es una denuncia penal técnicamente. Nosotros tenemos la obligación como cualquier otro funcionario público de poner a conocimiento de las autoridades pertinentes cuando se tiene conocimiento sobre un supuesto hecho punible”, indicó el general Melanio Salomón Servín Aquino, titular del ente a la 1080 AM.
El caso se centra en la intervención de la tienda comercial Gunner, localizada en Asunción, que destapó el esquema ilícito. Del centenar de uniformados, un total de 46 son militares y 55 policías quienes recibían como pago sumas entre G. 500.000, 700.000 a 800.000 con el fin de proveer armas de manera ilegal a criminales brasileños.
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“Ellos actuaban como parte de un esquema. Los personales uniformados afectados prestaban su nombre, es así de simple”, comentó. Detalló a la vez que los militares involucrados en el esquema se encuentran “dispersos en todas las Fuerzas Armadas”, sin ahondar sobre las funciones que desempeñan dentro de las instituciones castrenses.
“El caso de los policías no conozco. La nómina del personal policial que es objeto de observación, personalmente remitió al ministro del Interior, Enrique Riera y al Comandante Carlos Humberto Benítez para que ellos tomen conocimiento de la situación y que procedan conforme a derecho”, dijo.
El esquema fue destapado el pasado 22 de octubre, luego de lo informado al jefe de Estado, Santiago Peña. Asimismo se descartó la existencia de coacción por parte de uniformados superiores contra sus colegas implicados en el esquema.
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Ola de indignación en Colombia por el asesinato de una niña
Miles de personas en caravana acompañaron ayer sábado el féretro de Sofía Delgado, una niña de 12 años que el jueves pasado fue hallada muerta con signos de violencia en el suroeste de Colombia tras varias semanas desaparecida. “Ningún niño debería pasar por esto. Ninguna familia debería estar pasando este dolor tan grande”, dijo a la AFP Lady Zúñiga, que llevaba una camiseta blanca con la fotografía de su hija.
Familiares de Sofía y unas 3.000 personas acompañaron los restos de la menor hasta el cementerio local de Candelaria, su municipio natal, de unos 100.000 habitantes y ubicado en departamento de Valle del Cauca (suroeste). Entre sollozos, la madre de la menor cuyo cuerpo fue hallado en una carretera cercana el jueves, la recuerda como “una niña muy dulce, muy cariñosa, juguetona, alegre, amorosa, lo más bello que Dios me pudo dar”.
“Candelaria está de luto. Colombia está de luto. Estamos dolidos, entristecidos”, señaló a la AFP Gessica Vallejo, alcaldesa de la ciudad. El ataúd fue llevado sobre el techo de un camión de bomberos. Bajo el grito de “justicia”, los acompañantes mostraron su indignación. Los exteriores del cementerio de un sector conocido como Villagorgona se desbordaron de personas que llevaban camisetas blancas, globos, flores y sombrillas.
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Al finalizar la jornada, al atardecer, los habitantes de Candelaria lanzaron al cielo cientos de globos blancos en homenaje a Sofía. Brayan Campo, vecino de la niña de 32 años, fue detenido por la policía como principal sospechoso del crimen cuando ella aún estaba desaparecida.
“En un interrogatorio iniciado, este hombre manifiesta que él había asesinado a la menor de edad y nos da el lugar donde él la abandonó”, un campo de cultivos de caña en un sector rural cercano, dijo el sábado a Noticias Caracol el coronel Carlos Ovideo, comandante de la policía metropolitana de Cali.
El hombre, acusado de los delitos de feminicidio, secuestro y ocultamiento de pruebas, reconoció el viernes su responsabilidad en los hechos durante la primera audiencia frente a la justicia por este caso. En 2018, la justicia abrió contra Campo una investigación por abuso sexual a otra niña, un proceso que finalmente prescribió sin avances. Colombia registra, en lo que va del año, 375 homicidios de menores de edad, según datos de Medicina Legal hasta agosto. En el país, cada dos días, tres niños son asesinados.
Destruyen casa del sospechoso
El viernes pasado, el presidente colombiano Gustavo Petro señaló en su cuenta de la red social X que “las niñas y niños de nuestro país no merecen un mensaje de solidaridad por esta red social cuando sus derechos no son respetados ni protegidos”. “Los niños merecen que sus sueños no se sigan acabando. No podemos permitir más noticias como la de Sofía”, agregó el mandatario.
El jueves, las autoridades hallaron el cadáver de la menor Sofía Delgado, que llevaba tres semanas desaparecida, en una carretera rural del departamento de Valle del Cauca (suroeste). Tras el hallazgo del cuerpo, la policía detuvo a un vecino de la niña, Brayan Campo, de 31 años, como principal sospechoso del crimen.
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El hombre, acusado de los delitos de feminicidio, secuestro y ocultamiento de pruebas, reconoció este viernes su responsabilidad en los hechos durante la primera audiencia frente a la justicia por este caso. En 2018, la justicia abrió contra Campo una investigación por abuso sexual a otra niña, un proceso que finalmente prescribió sin avances.
“Hay algo que me parece curioso”, aseguró el jueves la gobernadora del Valle de Cauca, Dilian Francisca Toro, sobre el detenido. “Su hija de seis años se llama Sofía, la niña que violó hace cuatro o cinco años se llama Sofía y la niña que asesina horrendamente también se llama Sofía”, señaló.
Luego de su aprehensión el jueves, una turba de vecinos del sector destruyó la vivienda donde el sospechoso vivía junto a su pareja y su hija. Colombia registra, en lo que va del año, 375 homicidios de menores de edad, según datos de Medicina Legal hasta agosto. En el país, cada dos días, tres niños son asesinados.
Fuente: AFP.
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Sospechan que hay más armas ocultas tras hallazgo de un fusil en Tacumbú
Un fusil con cartucho de 30 balas de grueso calibre fue hallado en la penitenciaría nacional de Tacumbú y sospechan que hay más armas ocultas en el reclusorio. El Ministerio de Justicia señala que llegaron hasta el arma como resultado de trabajos de inteligencia.
“A raíz de información de inteligencia que veníamos ya rastreando se llegó al objetivo. Se encontró un fusil AR 15 modelo M4 con sus respectivos cartuchos en el sector denominado Rancho Alta, debajo de un montículo de basuras, según un informe que he recibido”, señaló el viceministro de Justicia, Víctor Benítez a los medios de prensa.
Dijo que son vestigios de las armas que estaban siendo investigadas y que estarían siendo resguardadas por las personas privadas de su libertad, a fin de utilizarlas para enfrentar a la Policía ante eventuales operativos dentro de la cárcel.
“Iban a repeler justamente con estas armas a las fuerzas públicas que ingresaron en su momento para el operativo Veneratio”, indicó.
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Segundo hallazgo
Fueron los propios guardiacárceles quienes localizaron el fusil hacia un sector del pabellón que parecía un vertedero. “Una semana antes se encontró otro fusil enterrado y hoy en día entonces conseguimos nuevamente encontrar otra arma de fuego de grueso calibre con sus respectivos cartuchos”, puntualizó.
La requisa del fusil de asalto se realizó ayer lunes en un pabellón anteriormente ocupado por miembros del Clan Rotela. El fusil, con treinta proyectiles, estaba guardado en una mochila que, a su vez, estaba cubierta por un cúmulo de basuras.
Los funcionarios penitenciarios ya recuperaron dos fusiles y una pistola, y siguen tras la búsqueda de una pistola y una escopeta utilizadas por la citada banda delincuencial que estuvo liderada por Armando Rotela, considerado uno de los criminales más peligrosos del país. El mismo estuvo recluido en el mencionado penal tomando el control del lugar, hasta que en diciembre de 2023 fue trasladado a Emboscada tras el operativo Veneratio.
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