El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que están expectantes a la licitación de las tobilleras electrónicas puesto que será un elemento clave para evitar la superpoblación penitenciaria y en este sentido dijo que también existe un trabajo conjunto con la Corte Suprema de Justicia de modo a buscar alternativas a la prisión.

“Ya estamos próximos a implementar los brazaletes electrónicos, tuvimos una reunión con el ministro del Interior, Enrique Riera, hace un par de días porque por fin los procesos de llamado a licitación y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa para la adquisición de estos dispositivos están destrabados y estamos próximos a la adjudicación”, detalló a la 650 AM.

Una vez que se cuente con estos dispositivos, serán puestos a disposición de los juzgados de modo que se conviertan en una herramienta más de control y un mecanismo de evitar que ingresen personas innecesariamente al sistema penitenciario. En esta línea, resaltó el trabajo que se está realizando con el Poder Judicial.

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“Tener una línea de trabajo en la conciencia en la imposición de la prisión preventiva, no el abuso, sino el equilibrio porque también tenemos que abogar por la seguridad ciudadana y cuando realmente se den las condiciones que están en ley como la obstrucción al proceso penal, peligro de fuga entre otros lineamientos claramente establecidos, que se aplique la prisión preventiva, pero si esa persona puede estar bajo un régimen de prisión domiciliaria o libertad, bienvenido sea”, explicó.

Dentro del sistema penitenciario existen 11.167 procesados sin condena de las 18.489 personas privadas de libertad. Otra de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Justicia es separar a estos dos grupos, de modo a que los programas de reinserción puedan ser efectivos y que las cárceles dejen de ser “escuelas del delito”, según manifestó.

Este proceso ya comenzó en Tacumbú y en las tres cárceles de Emboscada, tanto en el penal antiguo, como en Pedro de la Vega y Martín Mendoza. “Padre de la Vega va a ser exclusivo para condenados y el antiguo va a ser para procesados”, detalló y añadió que el penal Martín Mendoza estará funcionando completamente a inicios del 2025 exclusivamente para máxima seguridad.

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Este viernes, la representante del Ministerio Público, fiscal Rosa Noguera, informó sobre la imputación de tres menores y un adulto identificado como Jesús Roa, alias “Kapeluki”, por homicidio doloso en el caso del joven jugador del Club Nacional de San Bernardino fallecido durante una gresca en un encuentro deportivo.

En conferencia de prensa, la fiscal Noguera confirmó que solicitó la prisión preventiva para todos los imputados, incluyendo a los tres menores, aclarando que no puede librar orden de detención en contra de los mismos, quedando esta decisión en manos del juez que se hará cargo de la causa.

En cuanto a las penas privativas de libertad a las que se exponen los implicados en el caso, destacó que por su condición de menor, tres podrían obtener 8 años de prisión, mientras que Jesús Roa, alias “Kapeluki”, se enfrentaría a una pena de hasta 30 años de cárcel.

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“Según los testigos, el que dio el primer golpe habría sido alias “Kapeluki” con el antebrazo en la nuca, y es el golpe certero y seco del que habló el médico forense; todos fueron imputados por homicidio doloso, también le dieron patadas y otros golpes en la espalda”, señaló Noguera.

En la misma tesitura, comentó que según las informaciones obtenidas hasta el momento, el joven mayor de edad, Jesús Roa, había saltado la valla perimetral para poder alcanzar al menor fallecido, aparentemente y según el testimonio de los testigos, estaba molesto porque se le tomaron fotos y videos donde se lo veía incidentando en la cancha antes del partido.

Tanto esta información como las demás brindadas por los testigos llamados a declarar serán cotejadas junto con los videos recabados por los investigadores con el fin de contar con todas las piezas que permitan dilucidar lo ocurrido.

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El próximo 3 de setiembre se dará inicio al juicio oral y público contra el doctor Daniel Domaniczky por el homicidio doloso de Paola Karina Gaete, quien falleció tras someterse a una ciru­gía plástica el 26 de enero de 2022. La Fiscalía solicitará la pena máxima y que el médico no vuelva a someter a inter­vención quirúrgica a ningún paciente.

Según la abogada Hilda Bení­tez, que forma parte de que­rella adhesiva por parte del hijo de la fallecida, la fami­lia aguarda que el resultado del juicio sea que Domanic­zky reciba la pena máxima del caso. Durante el juicio se espera que se presenten todas las pruebas y las testificales hasta el 20 de setiembre en la ciudad de Luque.

El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar al galeno está integrado por los jueces Hugo Segovia, Carmen Ramos y Rodney Rejala, quie­nes deberán estudiar todos los elementos de prueba para poder dictar una sentencia. “Queremos que se demuestre la negligencia”, dijo Benítez en entrevista con La Nación/Nación Media.

Resaltó que el doctor Doma­niczky no tenía una especia­lidad como cirujano plástico registrada ante el Ministerio de Salud. “Desde el 2019 se creó un reglamento que en el 2021 se convirtió en ley que exige que los médicos deben registrar su especialización para poder ejercer y el médico Domaniczky no tenía regis­trado la especialidad de ciru­jano plástico”, puntualizó.

Afirmó que al no tener este registro el doctor no podía promocionarse para reali­zar este tipo de intervencio­nes. “El (acusado) no hizo la residencia para ser especia­lista en cirugía plástica, que dura por lo menos dos años. Básicamente en eso se cen­tra la negligencia médica y es parte del tipo penal de homi­cidio culposo, donde no hay la intención de matar, sino que el desconocimiento y la falta de experiencia”, relató.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

En una vivienda ubicada en 11 Línea Tebikuarymi de la colonia San Francisco de la ciudad de Caaguazú, anoche fue detenido un hombre que estaba siendo buscado como supuesto autor de un hecho de feminicidio en Minga Guazú. Se trata de Agustín Taboada Roa (44), quien también tenía otra orden de captura por un hecho de homicidio doloso, emitida por el juzgado de Itakyry.

La detención se produjo a las 21:45 de ayer 30 de julio, por parte de personal de la subcomisaría 11 de la colonia San Francisco, de Caaguazú, conjuntamente con agentes del GEO (Grupo Especial de Operaciones) y de Investigaciones.

La intervención policial ocurrió a raíz de un pedido de auxilio y el contingente policial fue recibido por el propietario de la vivienda, Liborio Taboada, quien manifestó que su hermano Agustín Taboada Roa, llegó ayer a la tarde a su casa, se encontraba descansando. Indicó que sabía la condición en la que se encontraba su familiar.

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Con la aprobación del dueño de la casa, los intervinientes ingresaron a la vivienda procediéndose a la detención de Agustín Taboada Roa, quien fue llevado hasta la Comisaría 2ª de Caaguazú para su traslado a Alto Paraná que ocurrió hoy. El hecho fue comunicado a los fiscales de las causas de supuesto feminicidio y de homicidio doloso.

Asfixia mecánica por sofocación fue la causa probable de muerte de Vilma Benítez Prieto (46), según diagnóstico de medicina forense. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 27 de julio en una casa del asentamiento Unión, de Minga Guazú. Es por este caso que fue detenido quien era su esposo.

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