En un comunicado demostraron su total preocupación atendiendo que dicho símbolo, para los judíos, representa odio e intolerancia. Foto: Captura pantalla
Comunidad judía se pronunció sobre funcionario judicial con tatuaje de esvástica
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Este miércoles, desde la comunidad judía de Paraguay mostraron su total repudio y preocupación luego de que un funcionario del Poder Judicial exhibió un tatuaje de una esvástica durante una entrevista en un canal local. En un comunicado demostraron su total preocupación al símbolo que para los judíos representa odio e intolerancia.
En el documento aceptan que en Paraguay no existe una ley específica que condene este tipo de conducta, por lo que necesitan expresar lo que esto representa para la comunidad. “Apreciamos la rápida respuesta del Poder Judicial al abrir un sumario para investigar este incidente. Esperamos que se tomen las medidas apropiadas para abordar esta situación de manera justa y transparente”, resaltaron.
Apuntaron que la esvástica es un símbolo que evoca uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia de la humanidad. “Recordamos estos trágicos eventos no solo como parte de nuestra memoria colectiva, sino también, como una advertencia constante de los peligros de la intolerancia y el odio”, indicaron.
Expresaron que el Paraguay se caracteriza por los valores de la tolerancia, la diversidad y la convivencia pacífica a lo largo de su historia, por lo que esperan que esta no sea corrompida. “Hacemos un llamado a todas las instituciones, privadas y públicas, incluyendo el Poder Judicial, a promover y garantizar la igualdad de derechos y el respeto mutuo entre todos los ciudadanos, sin importar su origen étnico, religión, género o cualquier otra característica”, refirieron.
Agregaron que permanecen abiertos al diálogo y a colaborar con todos los sectores de la sociedad para avanzar hacia un futuro en el que la diversidad sea celebrada.
“Sentimos la necesidad de alzar nuestra voz en contra de cualquier manifestación de odio, intolerancia o simbología que cause dolor y sufrimiento a cualquier grupo de personas”, puntualizaron.
Hija de Vallejo renunció a su cargo en la ONU y en la Corte
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La diputada Rocío Vallejo confirmó que su hija, María Jazmín Scappini Vallejo, renunció al cargo que tenía en la Misión Paraguaya Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Suprema de Justicia, institución en la que llevaba más de 10 años. La hija de la legisladora había sido comisionada a la organización internacional y desató la sospecha de si se había dado un hecho de tráfico de influencias.
“Mi hija acaba de presentar su renuncia después de una carrera laboral de 11 años en el Poder Judicial, mi hija presentó su renuncia y ya no pertenece a la función pública”, informó a través de sus redes sociales la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) de acuerdo a lo expresado por Vallejo, el motivo de la renuncia fue que Scappini Vallejo accedió a una beca en Estados Unidos.
“Fue admitida en la Universidad de Pennsylvania, una de las universidades más prestigiosas del mundo, para realizar una maestría en la Escuela de Leyes, becada por el decano de la Universidad. Durante su permanencia hasta hoy en la Embajada paraguaya ante la ONU, jamás tuvo un solo privilegio económico más que su salario”, continuó diciendo Vallejo.
La diputada alegó que ella no había pedido el comisionamiento de su hija de 29 años, y que el motivo de la renuncia María Jazmín, quien es abogada y escribana se debe a que accedió a esta beca y le será incompatible estudiar y trabajar a la par. “Ella renuncia por su cuestión académica”, aseguró a la 1080 AM.
Además de esto, Vallejo defendió a su hija y afirmó que no era una “planillera” en la ONU y que se desenvolvía de 9:00 a 17:00 e incluso más horas cuando así era necesario y afirmó que su sueldo rondaba los USD 500, que representa el sueldo que percibía en la Corte. “Mi hija no tenía bonificaciones, ni viáticos ni horas extras”, afirmó.
La renuncia de la hija de la diputada se da en medio de los rumores de que se pediría la pérdida de su investidura, sin embargo, esta versión fue desmentida por varios sectores políticos, incluso por el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien sostuvo que dicha acción no correspondía.
El funcionario de J. A. Saldívar Sergio Espínola Villalba, el senador Líder Amarilla y el funcionario de IPS Renán Leguizamón, vinculados
a empresa denunciada por usura. Ninguno de los tres declaró ante Contraloría
Contraloría abre sumario a modesto funcionario, socio de Líder Amarilla
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La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.
Unidad de Investigación Nación Media
De chofer en Villa Elisa a encargado de contrataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empresas con millonarios contratos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.
Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).
NO PRESENTÓ DECLARACIONES JURADAS
Espínola Villalba figura actualmente como funcionario de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millones. Su deambular por la función pública había iniciado hace un par de años, cuando su primo, entonces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.
Sin embargo, pese a su ya largo camino como funcionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cualquier persona que se encuentre en el servicio estatal.
Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los documentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.
Las publicaciones periodísticas sobre los vínculos del funcionario comunal con varias empresas y la ausencia de presentación de sus manifestaciones de bienes empujaron a que la CGR inicie un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presentación de estos documentos.
LIGADO A VARIAS EMPRESAS
Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.
Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alternaba cargos de vicepresidente y presidente en la inmobiliaria.
Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), aparece también como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Ministerio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societarias como secretario.
Tanto Espínola como Leguizamón también aparecen como accionistas y representantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcionario de IPS Renán Leguizamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.
Funcionarios de la Municipalidad de J.A. Saldívar y de IPS aparecen en una de las empresas adjudicadas con millonarios contratos en Villa Elisa durante la administración del senador liberal Líder Amarilla y el actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia
DENUNCIADOS POR USURA
En febrero pasado el concejal de Itá Fidel León había por usura, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al senador Líder Santiago Amarilla, al funcionario municipal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmobiliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una transacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millones por parte de Líder Amarilla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.
SENADOR TAMPOCO DECLARÓ
En las declaraciones juradas presentadas por Amarilla tampoco aparecen registros de Terranova.
La única empresa que figura en la última manifestación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra acciones por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.
Una mujer denunció la inacción del Ministerio Público ante un grave caso que debía ser intento de homicidio debido a que quemó la casa de su pareja. FOTO: ILUSTRATIVA
Violencia familiar: quemó la casa de su pareja y solo fue sentenciado a donar G. 500.000
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Una mujer denunció la inacción del Ministerio Público y la falta de protección que debe brindar la justicia a las víctimas de violencia familiar. Asimismo, sostuvo que está impotente debido a que es de escasos recursos y no puede contratar un abogado para poder defenderla ante un caso que considera como injusticia.
“Soy víctima de un intento de feminicidio porque mi expareja quemó mi casa cuando mis hijos estaban adentro”, dijo la señora Karen Balovier ante la situación que está atravesando, que actualmente no tiene ni donde guarecerse.
Agregó que su expareja quemó la casa estando dentro ella con sus hijos. Pese al voraz grado de violencia, el expediente solo está caratulado como violencia familiar. Sostuvo que por este motivo se siente “impotente porque no tengo recursos para poder contratar a un abogado”, indicó.
Añadió que ya solicitó al Juzgado donde atienden su caso que se cambie la carátula de violencia familiar a intento de feminicidio, porque siente mucho miedo que su expareja vuelva y quiera hacerle algo a sus hijos o a ella, manifestó.
Asimismo, Balovier manifestó: “espero que se cambie la carátula y que sea por intento de feminicidio porque él sabía cuando quemó la casa que estábamos mis hijos y yo adentro”, puntualizó la denunciante.
Del mismo modo, la mujer criticó la resolución del juez de Ayolas, Blas Montiel, quien hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento del imputado César Ramón Villar Fretes, que en principio fue procesado por violencia familiar.
Como medida reparatoria, el magistrado dispuso que Villar Fretes realice una donación de G. 500.000, pese a que las víctimas quedaron sin un techo y con mucho miedo a que vuelvan a ser víctimas de algún tipo de agresión.
Vecinos de Lambaré se oponen a la construcción arbitraria de una sede del Poder Judicial
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Vecinos del barrio Mbachio 2 se encuentran en contra del proyecto presentado por el intendente de Lambaré y el municipio, donde pretende ceder al Poder Judicial un terreno que había sido comprado por los vecinos para convertirlo en un espacio público de esparcimiento y recreación.
“Nosotros nos enteramos a grandes rasgos el Miércoles Santo por un medio de prensa que querían dar estos terrenos que son parte de la plaza que se nos vendió de una inmobiliaria hace ya 10 años. Este lugar cuenta con muchos árboles nativos, la limpieza y el mantenimiento de esta plaza corre por cuenta de los que viven aquí, nunca hemos recibido ninguna ayuda de la municipalidad”, manifestó Marcela de Daniel, representante de la organización alto del Golf.
La misma destacó que el predio consta de 4.500 metros cuadrados y que en ellos habitan árboles nativos, además de animales silvestres que también se verían perjudicados en caso de que se dé la construcción de la sede del Poder Judicial. Así también explicó que el lugar es una zona con humedales donde no se pueden realizar edificaciones importantes.
“El hecho de construir un Poder Judicial en medio de una zona urbana de casa de familia, que no es un lugar comercial donde no hay comercios adheridos ni nada de esas cosas, atenta contra nuestra seguridad y tranquilidad desde todo punto de vista porque acá se van a trasladar a personas imputadas, personas privadas de su libertad, prácticamente pasearlos por toda la zona”, indicó la representante de los vecinos.
Marcela de Daniel sostuvo que en ningún momento recibieron ningún tipo de notificación respecto a ningún proyecto y que cuando el intendente llegó hasta la zona con algunos concejales ahí pudieron cruzar algunas palabras. “Nos sentimos completamente agraviados y ofendidos porque nos han tratado con muchísima prepotencia y como nosotros también nos pusimos a reclamar y a cuestionar bastante, ellos empezaron a decirnos que nosotros somos personas poco colaboradoras siendo que nosotros mantenemos absolutamente todo”, finalizó.