La doctora Águeda Cabello, directora de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, falleció ayer sábado. La profesional se encontraba internada en terapia intensiva, pues desde hace meses enfrentaba una enfermedad. La triste noticia del deceso fue confirmada desde la Dirección de Comunicaciones de la cartera sanitaria.

Cabello era una profesional de vasta trayectoria en los servicios de salud. Se destacó siempre por su trabajo, especialmente en el ámbito de la epidemiología, por lo que fue directora de la Vigilancia de la Salud en períodos anteriores, destacándose por el buen manejo de epidemias que azotaron al país, entre ellas del dengue, enfermedades respiratorias y otras.

Egresada de la Facultad de Medicina de la UNA, era una reconocida inmunóloga clínica, con una especialización en epidemiología y metodología de la investigación. Asimismo, trabajó de cerca con el doctor Guillermo Sequera durante la pandemia del covid-19. Se trata de una brillante y respetada profesional, muy querida por sus colegas y compañeros, en especial por los del Ministerio de Salud, así como por pacientes. Cabello figura entre los primeros profesionales epidemiólogos en atender a las personas con VIH y sida.

Las micotoxinas son metabolitos naturales producidos por hongos filamentosos como Aspergillus, Fusarium, Penicillium y Alternaria. Estos hongos pueden contaminar diversos cultivos y alimentos, representando un riesgo significativo para la salud pública y la economía. Un estudio reciente en el que participó la Dra. Andrea Arrúa, investigadora beneficiaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), revisó la aparición de micotoxinas en alimentos de América del Sur entre 2018 y 2023, identificando vacíos en la investigación y desafíos relacionados con el cambio climático.

Según explicó la Dra. Arrúa, el clima diverso de América del Sur, que abarca desde zonas tropicales hasta regiones frías, proporciona condiciones óptimas para el crecimiento de estos hongos y la producción de micotoxinas.

La mayoría de las investigaciones se centraron en micotoxinas tradicionales y reguladas, encontrándose variaciones en su aparición según la región, las condiciones climáticas y la metodología utilizada.

Para enfrentar estos desafíos, es esencial fortalecer los laboratorios de inocuidad alimentaria, mejorar las capacidades de vigilancia y establecer sistemas de alerta temprana. Además, se debe aumentar la conciencia sobre las micotoxinas como un problema de salud pública y estudiar el impacto del cambio climático en los hongos y las micotoxinas.

En Paraguay, la Dra. Andrea Arrúa participó en estudios que encontraron niveles elevados de micotoxinas en alimentos como trigo, cerveza, vino, leche y fórmulas lácteas. Por ejemplo, el deoxinivalenol (DON) se detectó en harina de trigo, pan y galletas saladas, mientras que la aflatoxina M1 (AFM1) se encontró en leche UHT y pasteurizada, así como en fórmulas lácteas.

La contaminación por micotoxinas no solo representa un riesgo para la salud humana y animal, sino que también provoca pérdidas económicas debido a restricciones en los mercados nacionales e internacionales.

El fiscal Federico Del­fino se refirió a la situación de los miem­bros del grupo criminal Ejér­cito del Pueblo Paraguayo (EPP) que se encuentran en Argentina con el estatus de refugiados, María Rosa, Mirian, Tania y José Villalba Ayala, hermanos de Car­men Villalba. El fiscal Del­fino indicó que los mismos se encuentran vigilados por las autoridades argentinas, esto para evitar que puedan salir del país y así eviten la extra­dición a Paraguay.

“Yo tengo entendido están con algún tipo de vigilan­cia, propiamente dicho, por parte de las autorida­des argentinas, porque dentro del refugio tam­bién ellos tienen que cum­plir ciertas reglas, si violan unas de estas reglas auto­máticamente también les es cancelado su estatus de refugiado. Sé que hay un gran interés por parte del Gobierno argentino en que estas personas sean traí­das al Paraguay”, refirió el agente fiscal en entrevista con la 1020 AM.

Por otra parte, el fiscal se refi­rió a la nueva imputación que se hizo pública estos últimos días, que generó el pedido de captura tanto a nivel nacional como internacional. La impu­tación se dio por asociación terrorista, haber proporcio­nado apoyo logístico, promo­ver el grupo criminal, sostener el grupo criminal.

“Esa imputación ya fue del principio del mes que dio lugar a todo el procedimiento que se hizo la semana pasada, no esta semana, sino la anterior, y a raíz de eso que se planteó en un tra­bajo de análisis de toda la evi­dencia que tenemos con rela­ción a este grupo criminal que actúa en el norte del país, un nuevo análisis dio lugar a esto y con base en eso planteamos la imputación, solicitamos la captura a nivel nacional y la captura a nivel internacional y a través de eso se hicieron los procedimientos en la Repú­blica Argentina”, detalló.

De la imputación forman parte Mariana Ayala de Villalba, Mirian Villalba, Tania Tamara Villalba, María Rosa Villalba, Viviana Monserrat Caballero Villalba y Claudia Anahí Oviedo Villalba. “Las últimas dos, Claudia Anahí y Vivian Monserrat, ya tenemos información y está eso confir­mado a través de las evidencias que tenemos, que ya forman parte del grupo, estuvieron en Argentina, ingresaron a Para­guay. Lo que tenemos es que ellos realizan su salida de la Argentina en forma legal, pero en la entrada al Paraguay no dejan registro”, refirió.

La Comisión de Finan­zas y Tributación de la Cámara de Diputados del Brasil aprobó un proyecto del gobierno de Lula da Silva que autoriza la donación de dos helicópteros de la Policía Federal del Brasil a Paraguay.

Esto con el objetivo de inten­sificar la vigilancia en la fron­tera entre ambos países.

Las aeronaves se usarán en acciones de prevención y represión de delitos trans­fronterizos y las mismas son del modelo 412 Classic, fabri­cados por Bell Aircraft Cor­poration. Los helicópteros serán donados en su actual estado de conservación y la Policía Federal será respon­sable de cubrir los costos de la ruta Brasilia-Foz de Yguazú, donde se realizará el traslado hacia Paraguay.

El relator de la comisión, el diputado Paulo Guedes, afirmó que la medida costará a las arcas públicas 103.600 reales, informando que los recursos provendrán del pre­supuesto. Con esta donación, se espera la posibilidad de contribuir a ampliar la capa­cidad operativa de Paraguay en el trabajo de inspección de sus fronteras y, en consecuen­cia, aumentar la eficacia en la lucha contra el crimen orga­nizado transnacional.

En la línea de las alianzas entre Paraguay y Brasil, el pasado viernes se había suscrito el Compromiso de Asunción contra la Corrup­ción, el Crimen Organizado y el Lavado de Activos. De este modo, se marcó una hoja de ruta contra cada uno de los flagelos mencionados, asu­miendo a su vez un compro­miso que impulsará entre ambas naciones el intercam­bio de información, investi­gaciones conjuntas, apoyo táctico y logístico para luchar a gran escala y de manera conjunta.

En cuanto a los mecanismos de lucha contra los crímenes transnacionales, el presidente de la República, Santiago Peña, había anunciado su decisión de suspender la importación de armas como una de las princi­pales medidas para enfrentar la inseguridad que golpea las zonas fronterizas, principal­mente en las zonas comparti­das con Brasil.