A medida que pasan las horas van surgiendo más datos sobre el atraco a la entidad bancaria en Naranjal, departamento de Alto Paraná, como por ejemplo una alerta por parte del Departamento de Inteligencia sobre una sospecha de robo y también la denuncia de vecinos que reportaron que unos desconocidos vestidos de barrenderos estaban recorriendo la zona días antes.

En redes sociales se viralizó un video que fue captado por un vecino, a quien le pareció sospechosa la actitud de estas personas que días antes estaban recorriendo la zona vestidos de barrenderos. Estos iban en una camioneta y hacían como que recogían basura, pero no eran funcionarios municipales.

Según el reporte, los pobladores denunciaron el caso a la comisaría local, por lo que tomaron intervención e incluso lograron detener a los sujetos, pero luego de hacerles unas preguntas los volvieron a liberar. Los vecinos indicaron que la respuesta de los intervinientes fue: “No pasa nada”.

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A todo esto se suma que tres horas antes del asalto, desde el servicio de Inteligencia dieron aviso de que había sospechas de un posible robo al banco e incluso emitieron un comunicado interno, pero atendiendo a que son solo seis uniformados en la comisaría local no pudieron dar cobertura.

Se presume que un total de 15 personas participaron de este atraco en el redujeron a los guardias y luego usaron dinamita en gel para volar las entradas. De la bóveda lograron llevar G. 2.800 millones y dejaron esparcidos G. 700 millones. Tras el hecho abandonaron los automóviles en los que huyeron.

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Cuarenta trabajadores de una conocida empresa de servicios exequiales fueron despedidos en forma injustificada, hace un mes, según una denuncia de los afectados, quienes realizaban las tareas de asesoría de ventas.

En contacto con el diario La Nación/Nación Media, Norma Domínguez y Lilian Gisselle Ortiz denunciaron que fueron convocados por la oficina de Recursos Humanos de la empresa para informarles sobre la desvinculación laboral sin motivo alguno.

Una de las afectadas, Norma Domínguez, refirió que solamente le querían abonar una indemnización equivalente a 9 millones de guaraníes, a ser efectivizada en tres cuotas y con cheque diferido, cuando en realidad le correspondía 17.400.000 guaraníes, según los años de trabajo en la empresa y la correspondiente indemnización legal verificada por el Ministerio de Trabajo.

“La firma exequial nos quiere pagar muchísimo menos de lo que corresponde de acuerdo a la ley. Aparte, nos hacían trabajar 8 horas diarias cuando nos pagaban por 4 horas y esas horas declaraban a IPS”, dijo una de las asesoras de ventas.

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Norma junto a otras compañeras, como Lilian Ortiz, Katherine Fleitas, Beatriz Gaona, Andrea Bordón, y Hernán Benítez, realizaron la denuncia formal ante la dependencia ministerial, que realizó las correctas verificaciones correspondientes al resarcimiento legal.

Ante esta situación, el Departamento de Mediación de conflictos individuales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social notificó a la empresa de servicio exequial, a raíz de esta denuncia. En la primera convocatoria, los representantes de la firma no acudieron a la audiencia. Nuevamente, se fijó una nueva audiencia para este viernes 22 de noviembre.

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Una mujer denunció que un hombre intentó raptar a su hijo de dos meses en la ciudad de Loreto, departamento de Concepción, y que logró evitar el hecho luego de que realizó disparos intimidatorios. La madre realizó la denuncia y la Policía Nacional está investigando el caso.

Según el reporte policial, el hecho se registró el fin de semana pasado en una granja ubicada a unos 130 kilómetros del casco urbano de la ciudad, cuando un hombre llegó al sitio e intentó llevarse al bebé que estaba en brazos de su madre. La mujer lo entregó, pero luego fue por su arma de fuego.

“Se trata de un intento de rapto de un infante. El sujeto llegó a la granja y le pidió a la mujer que entregara a su hijo de dos meses de vida. Ella se negó y este la amenazó con un arma blanca”, explicó el comisario Guido Benítez, en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Agregó que ante el susto y las amenazas, la mujer entregó a su hijo, luego ingresó a una de las habitaciones y salió munida de un arma de fuego. “Sin dudar realizó varios disparos y le exigió al hombre que le entregue nuevamente a su hijo. Este corrió dejando abandonado al bebé en el patio y luego se dio a la fuga”, aseguró.

Confirmó que actualmente personal de Investigaciones está recabando información para saber qué fue lo que ocurrió. En un primer momento, la mujer indicó que pensó que se trataba de una broma por parte de su pareja y que luego se asustó, realizando los disparos. Por otra parte, se analiza que podría tratarse de familiares, quienes quería llevar al pequeño. El caso quedó en manos del fiscal Joel Cazal.

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La Superintendencia de Salud ha lanzando una promoción que otor­gará facilidades a las entida­des prestadoras de servicios de salud privadas, registradas y atrasadas en sus pagos. Estas serán beneficiadas con la exo­neración de multas por mora, la financiación de deudas atra­sadas, etc.

El anuncio lo hizo ayer el Dr. Roberto Melgarejo durante una conferencia de prensa. Para tal efecto, se habilitará un periodo de 30 días de plazo que irá desde el lunes 25 de noviem­bre al jueves 26 de diciembre, tiempo para acogerse a estos beneficios. Melgarejo anun­ció además la realización de un operativo a gran escala deno­minado Ñemboty, que consis­tirá en intervenciones masi­vas a entidades prestadoras de servicios de salud irregulares y se dará a finales de este mes de noviembre.

Asimismo, se recordó la ágil intervención la semana pasada de la Superintenden­cia de Salud al Hospital Regio­nal de CDE, ante denuncias sobre filtraciones y mal estado de la infraestructura en algu­nos pabellones y la pronta res­puesta del director del hospital, al socializar en redes sociales un video donde muestra las mejoras que ya se iniciaron en tal sentido.

La Superintendencia de Salud es la institución contralora del Sistema Nacional de Salud, independiente y autónoma, y por ley está autorizada a con­trolar y sancionar, si hubiere lugar, a las entidades presta­doras de servicios de salud y a las empresas de medicina pre­pagas de todo el país.