Datos actualizados de la Policía Nacional refieren que de enero a agosto del presente año se reportaron 11.200 denuncias de violencia contra la mujer. El año pasado se registraron 40 hechos de feminicidio y en lo que va del 2023 suman 26. “Según las estadísticas solo de este año tenemos hasta agosto 11.200 denuncias”, confirmó María Augustina Achucarro, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional.
Afirmó que hay un creciente aumento de casos de violencia intrafamiliar a nivel país. Es por ello que para la Policía técnicamente es imposible dar cobertura y monitorear a las personas con prisión domiciliaria. Algunas comisarías por ejemplo tienen apenas 20 agentes para controlar a 200 procesados por hechos punibles con medida sustitutiva a la prisión.
El violento crimen de la joven Katia Brítez, atropellada por su exnovio el pasado 27 de agosto en Lambaré, pese a que tenía prisión domiciliaria, abrió un fuerte debate sobre las medidas de seguridad para evitar feminicidios y, particularmente, el uso de tobilleras electrónicas, cuya ley n.º 5863 se promulgó en 2017, aunque nunca se implementó por falta de reglamentación. Está en estudio el borrador del proyecto para ultimar detalles para aprobar una fase de prueba.
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Lo más importante de la reglamentación de la nueva ley se relaciona con la definición de cómo se va a determinar quiénes serán los usuarios de los aparatos de control. De acuerdo con las primeras discusiones el dispositivo de control será para todos los casos que determinen los juzgados intervinientes. Pero, en esta primera fase, se busca enfocar en los hechos de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer. Luego se pretende extender el uso para los otros hechos punibles.
Está prevista la adquisición de entre 100 y 300 unidades para la primera parte del plan piloto. La idea es lanzar, probar su funcionamiento y posteriormente aumentar la cantidad de usuarios. En principio se pretende que sean los usuarios quienes absorban los costos.
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