El abogado penalista, Ricardo Preda explicó que independientemente a la chicana que interponga la defensa de los imputados en el caso de Filtración de Seprelad, el Ministerio Público está en el derecho de presentar el requerimiento conclusivo en la fecha. Indicó que en el eventual caso que no lleguen a presentarlo, el código procesal penal establece que el juzgado puede fijar un nuevo plazo de 10 días.

El especialista mantuvo una charla en el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970am/Nación Media, donde explicó sobre el procedimiento que se llevará a cabo ante la nueva chicana interpuesta por la defensa del expresidente Mario Abdo y Daniel Farías Kronawetter en el citado caso.

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Al respecto, el abogado señaló que en primera medida la Fiscalía General podría confirmar de vuelta a los fiscales que fueron recusados o bien, establecer a los fiscales que podrían presentar el requerimiento conclusivo.

Ahora bien, atendiendo a que el propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón fue recusado igualmente por la defensa, señaló que existe una veintena de fiscales adjuntos que podrían obrar en su reemplazo y que no hayan sido recusados. “Habría que ver quién de los fiscales adjuntos que no hayan sido recusados pueden resolver el caso, en sustitución del fiscal general que fue recusado”, acotó.

Mencionó, además que, en sus años de experiencia, desconoce que exista una causa o proceso, que no se haya presentado requerimiento conclusivo por causa de recusaciones a los fiscales investigadores. Indicó que la Fiscalía siempre ha resuelto este tipo de cuestiones, porque obviamente no es la primera vez que sucede un hecho similar, en que los fiscales son recusados hasta el último plazo límite.

“No creo que sea un tema que ni la Fiscalía General actual, ni administraciones anteriores, desconozcan que se presenten recusaciones masivas, ante la inminente presentación del acto conclusivo, estimo que será el día a día del Ministerio Público, ya que en la práctica es algo común esto”, explicó.

Al respecto, Preda no cree que las recusaciones tengan un impacto final en la decisión a partir de la presentación del requerimiento conclusivo, donde los agentes fiscales deberán solicitar elevar el caso a juicio oral o el sobreseimiento de los procesados.

“Desconozco que exista algún caso, en el que el Ministerio Público no haya presentado su requerimiento conclusivo, por causa de las recusaciones. Pero en la peor hipótesis, que esto no ocurra, se aplica un trámite que se basa en el artículo 139 del Código Procesal Penal, que de no presentarse el acto conclusivo, el juez tiene que correr traslado a la Fiscalía General, con un plazo de 10 días para que emita finalmente su posición al respecto”, explicó.

Con ello, remarcó que el proceso no termina hoy si es que la Fiscalía no presenta sus requerimientos conclusivos en la fecha establecida como límite el cual, en este caso de filtraciones de Seprelad, vence a las 23:59 de este martes 11 de marzo. Preda, agregó que está seguro que de una u otra forma la Fiscalía va a presentar sus actos conclusivos, porque desconoce que exista un antecedente en donde no se haya presentado por causa de las chicanas.

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El abogado Enrique Kronawetter, uno de los representantes del expresidente Mario Abdo Benítez y del exfuncionario Daniel Farías Kronawetter, en la causa “Filtraciones de la Seprelad”, presentó una chicana de último momento, recusando al fiscal general Emiliano Rolón Fernández, y además solicitando que se le aparte del proceso a los fiscales antidrogas César Sosa y Elba Cáceres, y al fiscal de Paraguarí Osmar Segovia, así como a la fiscala adjunta Matilde Moreno.

Esta nueva chicana se da en el día límite para que el Ministerio Público presente el requerimiento conclusivo, ya sea para confirmar las acusaciones o solicitar su desestimación. Kronawetter alegó en su escrito la supuesta ausencia total de objetividad en las actuaciones de los intervinientes fiscales.

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El abogado defensor argumenta que el fiscal general Rolón Fernández ha tenido un supuesto “actual sesgado” durante este proceso investigativo, favoreciendo de manera injustificada según su observación, a una de las partes.

Cuestiona además la conformación del equipo fiscal que quedó integrado por Guillermo Sanabria (renunciante), César Sosa, Elba Cáceres de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, y al fiscal de Paraguarí Osmar Segovia, que según el jurista se integró recién en la víspera del presente acto conclusivo, es decir ayer lunes 10 de marzo.

A criterio de la defensa, no han tenido intervención ni participación durante el proceso preparatorio. Sin embargo, este equipo fiscal ha entrado en funciones desde el pasado 4 de marzo del 2025, que ya estaban trabajando en la causa conforme a la resolución del Ministerio Público N° 746.

“La recusación se sustenta en la ausencia de toda objetividad en la actuación, tanto del fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, como de los agentes fiscales designados de manera intempestiva, tras la renuncia del fiscal Guillermo Sanabria, que era el único que naturalmente estaba llevando adelante la investigación”, expresa parte del documento.

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La fiscal Maricel Orihuela imputó a Diosnel Escobar Leiva, sindicado de haber asesinado y arrojado los restos de su pareja al río Jejuí, en distrito de San Pablo, departamento de San Pedro. Se hallaron elementos para sospechar que el hombre agredió con un golpe en la cabeza a su víctima, provocándole una fractura. Posteriormente, desmembró presuntamente el cuerpo y lo arrojó al cauce hídrico.

El Ministerio Público avaló que cuenta con “elementos suficientes que hacen presumir la participación del procesado en la muerte de su pareja sentimental”.

Los familiares de la víctima, identificada como María Enciso, habían denunciado la desaparición de la mujer el viernes 7 de marzo y al día siguiente, el hermano encontró parte del cuerpo en aguas del río Jejui.

Según los investigadores, el hombre habría agredido a su pareja en la noche del viernes, aproximadamente a las 23:00 horas, golpeándole la cabeza con un objeto que aparentemente le causó una fractura craneal.

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Posteriormente, Diosnel presumiblemente desmembró el cuerpo de la mujer, arrojando al cauce del río Jejui donde finalmente fue hallado. El sujeto habría utilizado un serrucho para cercenar los miembros de la fallecida, de acuerdo a la versión sostenida por la Fiscalía.

La fiscal Maricel Orihuela calificó de “impactante” el caso, considerando que la zona que no suele reportar hechos de similares características. “Su hermano acudió a su casa, encontró a los tres hijos, pero ella no estaba. Fuimos hasta el río y allí encontramos uno de los miembros, que fue el brazo”, refirió.

Según el informe de la médica forense Viviana Cantero, los restos encontrados corresponden a un miembro superior derecho completo, la zona del tórax, sin órganos internos ni glándulas mamarias. Así también, los miembros inferiores con pelvis unida. El macabro hallazgo conmovió a la comunidad del distrito de San Pablo.

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“El muerto se asusta del degollado”, dijo el abogado Pedro Ovelar, ante el discurso esgrimido por los representantes legales y aliados políticos del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, quienes apuntan a exponer al líder del movimiento Fuerza Republicana como víctima de una persecución política en el caso conocido como filtraciones de la Seprelad.

Otra de las estrategias orquestadas por el entorno de Abdo Benítez, con medios de comunicación afines, se centra en desacreditar al Ministerio Público, calificándolo como un “instrumento que garrotea al ciudadano común”. Agregan que la manipulación de las instituciones coloca en riesgo la estabilidad democrática del Paraguay.

“Dónde naturalmente se investigan los ilícitos, los hechos punibles, crímenes o los delitos, es en el Ministerio Público que es el órgano que nuestra Constitución Nacional prevé, que tiene la acción penal pública y la obligación de investigar cualquier hecho punible. El muerto se asusta del degollado, ellos utilizaron instituciones que estaban al servicio de un sistema totalmente bien definido como es la Seprelad, la Secretaría Anticorrupción, el Ministerio del Interior y la Senad”, indicó.

Abdo Benítez y sus excolaboradores Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Mauricio Espínola, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira, están imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

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La acusación surge tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima su cliente, el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos y generales.

“Esto me resulta tan simpático. Ellos fueron lo que realizaron esto por fuera del Ministerio Público (persecución política mediante manipulación de las instituciones) en un órgano que tenía que reportar informes de inteligencia a partir de reportes de operaciones sospechosas, pero ellos lo hicieron entre un grupo de amigos, exfiscales, para perjudicar políticamente a Cartes”, dijo al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Este martes se cumple el plazo previsto por el juzgado para que la Fiscalía concluya su investigación contra Mario Abdo y su gavilla. “El Ministerio Público básicamente podrá estos caminos, el de acusar y pedir la elevación a juicio oral y público de la causa, excluyendo a Abdo y Mauricio Espínola que tienen fuero, la otra opción es el sobreseimiento definitivo cuando hay certeza de no participación en un hecho punible y que el mismo no existió y la otra opción es el provisional cuando existen diligencias que ameritan profundizar el caso”, dijo Ovelar.

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