Por Silde Oporto.

Dos recientes hechos violentos que terminaron con la vida de mujeres en manos de sus exparejas conmocionaron recientemente a la sociedad. De enero a agosto de este año, los feminicidios suman 26 víctimas y dejan 31 huérfanos; así también, el Ministerio Público lleva adelante la investigación de 22 causas abiertas por tentativa de feminicidio. Estos números, tan solo del 2023, indican una problemática que requieren urgentes soluciones.

El domingo 27 de agosto, el cruel y violento asesinato en Lambaré de una joven que estaba a puertas de cumplir 21 años, Katia Brítez, no solo enlutó a todo un país, si no también movió a las autoridades, que asumieron hace poco más de dos semanas, en replantear el abordaje de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia intrafamiliar.

El caso de la joven Katia replanteó el sistema de protección que debe tener una mujer que denuncia un hecho de violencia, puesto que la misma denunció cada acto sufrido por parte de su expareja Osvaldo Luis Zaracho Fernández, de 21 años, incluso los hostigamientos y amenazas que seguía recibiendo terminada la relación, sin embargo, no bastaron para que el agresor pueda llegar a la joven y terminar con su vida de la manera más cruel que pueda ser descrita.

Ni bien la sociedad terminaba por entender cómo una joven vida terminó por la falencia de las instituciones que la debieron proteger, otro hecho violento se registró el jueves 31 de agosto, en el este del país, en las inmediaciones del puente de la Amistad con el Brasil. Es el caso de Norma Estela Miñarro Rotela, de 42 años, asesinada en plena vía pública por su expareja Leonor Meaurio Careaga, de 51 años. Norma también denunció y terminó asesinada.

La viceministra de la Mujer, Silvia Blasco, habló del rol de esta cartera del Estado en la lucha contra este flagelo que va cobrando vidas a su paso; y explicó que el Ministerio de la Mujer trabaja en la prevención y atención a las víctimas se da de manera constante, centrado en el asesoramiento y acogida de las mujeres que deciden abandonar el ciclo de violencia.

“El Ministerio de la Mujer, como institución rectora, es la encargada de todo lo que tenga que ver con la igualdad entre mujeres y hombres, real y sustantiva. Nosotras trabajamos en articulación a través de una mesa, interinstitucional, con todas estas instituciones que conforman la ley 5777, para todas estas acciones, de prevención, de atención, de protección y de seguimiento de los casos”, expresó.

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Blasco recordó que el Ministerio cuenta con servicios gratuitos para víctimas de violencia, equipos de psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales para brindar contención psicológica, orientación legal. “Cada institución tiene su mandato, sus responsabilidades y sus mandatos, en cuanto a los casos, no todas las mujeres que son víctimas llegan a los servicios especializados del Ministerio de la Mujer, no existe un seguimiento mínimo”, indicó.

La viceministra dejó dos mensajes, el primero a la ciudadanía en general, de contar y difundir toda la información posible de cómo y dónde recurrir ante cualquier tipo de hecho violento. “Dos mensajes, uno para la ciudadanía, para todos en general, trabajar en la prevención, con la información, si uno tiene información, yo conozco el Ministerio de la Mujer, yo conozco la línea 137, eso es prevención. Eso es hacer prevención, dar a conocer los servicios o la información”, sostuvo.

El siguiente mensaje va paras las víctimas, que “en el Ministerio de la Mujer, con todos los servicios especializados, realmente van a encontrar las respuestas, el acompañamiento y sobre todo la atención de calidad y calidez”.

La fiscal delegada nacional de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar del Ministerio Público, Susana González, habló del proceso que se debe cumplir dentro de las fiscalías, una vez presentada las denuncias en los casos de violencia.

“Nosotros dentro de la institución venimos trabajando ya hace un tiempo a través de protocolos, unidades especializadas, que abordan este tipo de casos, en el caso de violencia familiar. Los casos de feminicidios en sí, como son hechos contra la vida, son investigados por los fiscales, en la unidad ordinaria donde ocurre el hecho”, aseveró.

Detalló que, este año, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía General, implementó el protocolo de investigación para casos de feminicidios, casos de muertes violentas de mujeres que ya están en vigencia. En cuanto a la intervención en estos casos, explicó que “la fiscalía lo que hace es un trabajo de investigación a los efectos de poder iniciar un proceso, las denuncias que ingresan, eso lo que hace es le da la posibilidad al Ministerio Público de iniciar la investigación, pero para que se pueda iniciar un proceso penal formal, ya la ley establece mayores requisitos que se deben tener”.

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Una vez presentada la denuncia, se debe contar con elementos de sospechas, que son las pruebas del hecho ocurrido, la forma que ocurrió y la participación de la persona denunciada. “La denuncia no es suficiente para que el agente fiscal pueda iniciar un proceso formal contra una persona para una imputación”, apuntó.

Explicó que “la ley es muy clara al respecto, y dice que el Ministerio Público tiene que investigar para fundar una acusación, pero si es que no tiene medios probatorios con los que pueda conseguir una condena, no puede presentar una acusación contra una persona. La actividad del Ministerio Público es muy restrictiva, y la ley exige niveles muy altos para que la causa pueda llegar a la etapa final que es el juicio oral y público”.

Por último, instó a cumplir con todos los procesos y llegar hasta las últimas instancias. “No solo la denuncia, eso es muy importante. La denuncia hace que se inicie la investigación, pero el Ministerio Público no puede iniciar un proceso solamente con la denuncia, tiene que acercarse al Ministerio Público, en la unidad fiscal donde ingresó su denuncia para prestar declaración, dar información sobre el hecho que ocurrió”, puntualizó.