El brutal feminicidio ocurrido el pasado domingo en Lambaré, en que Katia Monserrath Brítez Torres, de 20 años, fue atropellada reiteradas veces por su expareja, que venía hostigándola pese a tener prisión domiciliaria, aceleró la implementación de las tobilleras electrónicas, que están en vigencia desde hace cinco años, pero que hasta el momento no fueron utilizadas.
Actualmente, las autoridades estudian cómo aplicarlas y una de las propuestas es que los procesados paguen por el dispositivo o bien que vayan directamente a prisión en caso de no poder hacerlo. Esto, atendiendo al crimen de Katia, que pudo evitarse con la implementación de las tobilleras.
La propuesta surge por la falta de presupuesto para adquirir o rentar los dispositivos, por lo que la compra o el alquiler de los mismos por parte de los agresores sería una solución inmediata para este flagelo que ya se cobró 25 víctimas en lo que va del año.
Los procesados deberán pagar mensualmente por el aparato electrónico y en caso de no hacerlo, pasarán sus días en una cárcel, para cumplir efectivamente con la prisión domiciliaria o la orden de alejamiento de las víctimas dispuestas por las autoridades competentes.
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Denunciá la violencia contra la mujer
Si sos testigo de algún hecho de violencia contra una mujer, denuncialo. Lo podés hacer en la comisaría más cercana (Policía Nacional), el Ministerio Público (Fiscalía) y el Poder Judicial (Juzgado de Paz).
La línea telefónica 137 es de acceso gratuito desde el teléfono público, línea baja y desde todas las líneas de telefonía celular. Esta línea funciona de manera coordinada entre el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y otras instancias.
Asimismo, el Ministerio de la Mujer está abierto de 7:00 a 18:00, de lunes a viernes, sobre Presidente Franco y Ayolas, en el edificio Ayfra, planta baja. El teléfono es el (021) 452-060 y el correo electrónico atencion@mujer.gov.py para cualquier consulta.