La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, destacó los logros de la iniciativa impulsada por esta institución con el propósito de evitar los hechos de abusos en menores. Se visibiliza una respuesta positiva de la ciudadanía para la campaña “No lo hagas, no es un juego”, puesto que aumentaron las denuncias y en el mes de julio se reportaron más de 690 llamadas a las líneas habilitadas para dar aviso a las instancias competentes.

“Vemos que después de la campaña aumentaron las denuncias, hay una respuesta ciudadana, una reacción social por parte de los vecinos/as, se ve el cambio de actitud. En julio tenemos más de 690 llamadas por abusos”, señaló a la 680 AM.

La exfiscal afirmó que anteriormente no se involucraba la gente en este tipo de situaciones, notificando el abuso sexual infantil y adolescente a los organismos pertinentes. “Hoy en día el ciudadano observa, denuncia e interviene. Se ve el cambio social, eso es lo que necesitamos”, acotó.

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Desde el punto de vista jurídico, la ministra advirtió que los padres incluso pueden perder la patria potestad de comprobarse la vulnerabilidad de los derechos de los niños. “Los niños son seres humanos sujetos de derecho, están bajo la patria potestad de los padres. La patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones, y si eso se ve violentado, las medidas que tienen que tomar los jueces ya están en la ley. Incluso se puede revocar la patria potestad”, indicó.

A través de la campaña gubernamental, desde el Ministerio de la Niñez se busca crear conciencia de que “no existen las relaciones consentidas” entre una niña, niño o adolescente y un adulto. Se alienta a no ser cómplices de estos hechos de violencia y denunciarlos llamando al Fono Ayuda/147.

También se puede reportar al sistema 911 de la Policía Nacional o las oficinas de la Codeni del municipio afectado. Está habilitado igualmente el número 133 del Ministerio de la Defensa Pública, institución judicial que ofrece a las personas asesoramiento, asistencia, representación y defensa legal. El 133 aborda cualquier problema que requiera la intervención de un defensor público, pero presta especial atención a niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable.

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