El lunes pasado desnudábamos en este espacio la operación corporativa mediática y política desarrollada por el Grupo Zuccolillo. La misma consiste en enmarcar a sus empresas como una “causa nacional”. Cuando el banco Atlas le debe a itti alrededor de setenta millones de dólares por el mal uso fehacientemente comprobado del software que el segundo le provee a la entidad bancaria –algo que si se no se tratase de una de las empresas del Grupo Zuccolillo– debería de dirimirse entre partes privadas sin salir del mundo de los negocios, la negociación o en última instancia en la Justicia; se lleva a las tapas del diario Abc, con ríos de tinta en sus páginas, minutos y minutos en su canal de TV y horas y horas en su radio AM, termina siendo parte de debates en el Congreso e intentando vincular al propio presidente de la República. Sencilla y llanamente porque no se quiere pagar una cuenta.

En Paraguay existen al menos otros cuatro o cinco grupos corporativos con similar poder de fuego mediático; sin embargo, ningún otro recurre a prácticas de tan baja calaña. Un modus operandi heredado y que si se hace una línea de tiempo fue el método para acumular poder utilizado ya por quien fuera el fundador del medio amarillo.

Ellos durante todo este tiempo (a excepción de los cinco años de la administración Cartes) han definido qué obra pública debe hacerse o no, dónde debe construirse y dónde no, qué programa social debe llevarse a cabo y cuál es puro populismo, qué cuentas están bien que adquiera o pague el Estado y cuáles son un malgasto, qué rubros agrícolas deben ser apoyados y cuáles dejar de lado, qué zonas del país deben desarrollarse para que las propiedades tengan más valor y cuáles deben pasar al olvido o qué medios son merecedores de recibir pauta pública. Se puede seguir con miles de otros ejemplos de áreas donde el grupo de referencia tiene intereses y cómo fue moldeando el país a su gusto y paladar. Siempre con la complicidad de políticos y gobiernos que no se animaron a plantarse.

El Paraguay no aguanta más la desinformación, las noticias falsas y la extorsión con base en los intereses de un grupo empresarial que rechaza las buenas prácticas empresariales, pero da cátedras de moral y honestidad en sus espacios periodísticos con una hipocresía inigualable. Si en su momento dijimos que lo que hizo el presidente Horacio Cartes de enfrentarse a este grupo (lo cual le costó y le cuesta un tendal de tapas en contra hasta ahora), es coherente decir hoy que lo que está haciendo el presidente de la República también es correcto. Algunos autopercibidos analistas (que no pasan de opinadores) lo cuestionan por ser él mismo quien le pone el pecho a las balas por considerarlo un desgaste innecesario.

En lo particular, debo decir que creo que es una enorme oportunidad que le dan a la historia y la coyuntura a Santiago Peña para ratificar carácter y liderazgo. Que así como se recibe también hay que repartir, que la crítica es una calle de doble sentido, de ida y de vuelta. Y que eso no pone en dudas las libertades; al contrario, las intensifica. De todo esto también se trata la política, esa mala palabra que empieza con p y termina con a.

En Paraguay, aproximadamente el 60% de la población enfrenta problemas de sobrepeso, y el 32% presenta obesidad, lo que podría requerir intervención quirúrgica. Y es aquí donde puede ser de gran ayuda la cirugía bariátrica.

Se trata de una herramienta quirúrgica que ofrece múltiples beneficios y requiere considerar diversos aspectos claves antes de realizarse. Dentro del servicio general del Hospital de Luque, existe un área especializada en este procedimiento, destinada a pacientes con obesidad severa.

“El 70% de los pacientes con obesidad buscan esta cirugía debido a su problema, lo que refleja una alta demanda”. El costo general de este procedimiento oscila entre G. 6 a 10 millones en el sector público, mientras que en el ámbito privado puede alcanzar un promedio de G. 35 millones.

Criterios para la cirugía bariátrica

El Dr. Óscar Benítez, reconocido cirujano general laparoscópico y bariátrico del Hospital General de Luque, en una entrevista con la 1020 Am, afirmó que no todos los pacientes con obesidad son candidatos inmediatos para la cirugía.

“Se evalúan las condiciones generales del paciente junto con un equipo de nutricionistas. Hay un índice de masa corporal (IMC) estándar de 35 o más que indica un grado significativo de obesidad. Además, se consideran factores como, la presencia de comorbilidades”, explicó.

En el preoperatorio, los pacientes deben reducir peso para garantizar mejores resultados postoperatorios. “Algunos logran bajar rápidamente y otros más lento, pero es un paso esencial”, señaló.

Es importante mencionar el aspecto psicológico dentro de este procedimiento, ya que es importante llegar con una mentalidad para poder bajar de peso, previo a la operación, y así en el postoperatorio se siga manteniendo la dieta.

Un procedimiento accesible en el sector público

Uno de los aspectos más destacados de la cirugía bariátrica en el Hospital de Luque es que no tiene un costo directo para los pacientes, en términos de honorarios médicos, aunque los materiales quirúrgicos necesarios deben ser adquiridos por los interesados. “Esta cirugía tiene un costo general de entre 6 a 10 millones. En el sector privado, la media es de G. 35 millones”, comentó el cirujano.

Una alternativa eficaz para combatir la obesidad

La cirugía bariátrica es una excelente opción para las personas con obesidad severa que no han logrado perder peso con métodos convencionales. “Es una herramienta efectiva para mejorar la calidad de vida y reducir los riesgos asociados a la obesidad, siempre que se realice bajo estricta supervisión médica”, enfatizó.

El equipo médico está trabajando en colaboración con el futuro Hospital del Sur para llevar este procedimiento a Encarnación, aprovechando la estratégica ubicación de esta ciudad para ampliar el acceso al tratamiento integral de la obesidad.

Esta semana, una mujer denunció la supuesta desaparición de un par de gemelos recién nacidos, pero desde varios hospitales no tienen registro sobre controles prenatales o que hayan recibido en la sala de parto a la supuesta madre. Desde el Ministerio Público investigan el caso y confirmaron que la familia no tiene idea de qué ocurrió con los bebés, pero buscan esclarecer el hecho.

La mujer fue identificada como Andrea Giménez, de 22 años, que llegó hasta el Hospital de Clínicas el pasado 20 de enero, y aseguraba que estaba embarazada. Allí constataron que no estaba en gestación, pero que sí presentaba un sangrado. La paciente no contaba con una carpeta de controles prenatales y solo presentó el resultado de una ecografía.

“Todos los familiares tienen el mismo lineamiento de que la mujer asistió al Hospital de Itauguá en fecha 16 de diciembre del 2024, así como también del 6 al 14 de enero, donde había quedado supuestamente internada. Volvió a asistir el día 20 de enero y habría sido derivada al Hospital de Acosta Ñu, luego a Clínicas”, detalló el fiscal Gerardo Chamorro, en “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

Resaltó que ayer recibió la denuncia del hermano de la víctima y hoy tomó declaración al padre, madre y tía de la mujer. “Según el testimonio de ellos, hubo una confusión de lo que pasó en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) entre el 9 y 10 de enero, en donde ella subió y fue intervenida y estuvo ahí por más de 15 horas. Fue desde ahí que tuvo dolor de vientre”, expresó.

Aseguró que supuestamente en la mañana del lunes 20, la paciente fue hasta el centro asistencial de Itauguá y que a la media mañana fue hasta el Hospital de Acosta Ñu y de ahí fue llevada hasta el Hospital de Clínicas. “En este último le hacen unos estudios y le dicen que no hay ningún bebé en el vientre. Los familiares refieren que ellos no saben si los bebés fueron robados, o sea que, no tienen idea de lo que ocurrió con los bebés”, aclaró.

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Chamorro apuntó que tras la denuncia, desde el Ministerio Público recorrieron todos los hospitales citados por los declarantes para poder constatar qué fue lo que sucedió y lograron obtener registro de asistencia del Hospital de Caacupé, de HNI y también del Acosta Ñu. “Estos documentos serán analizados para poder esclarecer qué fue lo que realmente pasó”, relató.

Señaló que actualmente el caso está caratulado como innominado ya que la familia no acusó a ningún profesional que haya atendido a la mujer. “No tenemos personas a quien atribuir el supuesto hecho que también está a determinar. Los familiares refieren que ellos no saben qué pasó con los bebés y es lo que estamos abocados a esclarecer”, puntualizó.

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Con relación al caso de la ecografía que aparentemente fue descargada de internet, el fiscal afirmó que la familia no presentó ninguna documentación que avale que la mujer haya estado embarazada, lo que sí presentaron fueron dos videos cortos de la supuesta panza de la embarazada, pero no tiene rostro.

“Ayer jueves le requerí al denunciante (hermano de la víctima) las documentaciones y para el día de hoy viernes no pudo arrimar. Lo que sí presentaron fueron dos videos cortos del vientre, pero no muestra el rostro de la persona. Referente a la ecografía, ya pude advertir esa circunstancia, pero a mí no me presentaron esa ecografía para poder analizar e investigar”, apuntó.

Hasta el momento, la víctima no pudo declarar ante la Fiscalía porque sigue hospitalizada y ninguna de las personas que declararon pudo confirmar sobre las semanas de gestación. “Los familiares no pudieron puntualizar las semanas de gestación, hablan que estaba en los meses de tener, pero no tienen una certeza cierta. La pareja de la mujer fue llamado a declarar, pero no compareció”, acotó.

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Ramona Jiménez, la joven que el pasado sábado 4 de enero habría sido víctima de un intento de feminicidio por parte de su expareja en la ciudad de San José de los Arroyos, departamento de Caaguazú, debe ser sometida hoy a una intervención quirúrgica de emergencia debido a la complicación de una de las 25 heridas que recibió en el ataque.

La misma se encuentra siendo tratada en el Hospital del Trauma y, a pesar de su estado delicado y de permanecer en terapia intensiva, logró declarar ante las autoridades del Ministerio Público e identificar a su agresor, que sería su pareja Nelson Daniel Montiel de 29 años, quien ya cuenta con una orden de captura por el hecho punible de violencia familiar firmada por la fiscal Gloria Mabel Rojas.

El acusado permanece prófugo desde que perpetró el hecho y es arduamente buscado por agentes policiales de la zona, ya que días pasados fue visto por algunos vecinos rondando por la vivienda donde habitaba con la víctima. Según manifestaciones de los familiares, desde la clandestinidad continúa amenazando a la familia.

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“La situación de mi hermana, como sabemos, no es buena. Ella está en un estado muy delicado de salud por las heridas que presenta, pero nos avisaron que va a entrar a cirugía nuevamente por una complicación que tiene en una herida del páncreas. Se la están preparando ya para la operación y luego se nos avisará qué tal está; ese es el reporte que tenemos hasta el momento”, comentó Andrea Jiménez, hermana de la víctima, en conversación con Canal Trece.

Cabe señalar que la familia espera contar con el apoyo de la ciudadanía en este momento difícil, teniendo en cuenta que son de escasos recursos y ya han gastado una importante cantidad de dinero en el traslado, los medicamentos e insumos para asistir a Ramona. Para quienes quieran colaborar, pueden contactarse al (0986) 686 914.

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