En medio de un fuerte operativo policial se llevó a cabo el desalojo de unas 65 familias de un terreno privado en la compañía Arapoty del distrito de Edelira, aparentemente los ocupantes esperaban que el Indert compre las tierras y las titule a nombre de los mismos.
Un total de 200 personas fueron desalojadas del terreno privado, en total serían 65 las viviendas que se encontraban en el predio, la mayoría de ellas en situaciones precarias, finalmente los efectivos policiales procedieron al derribo de las mismas.
“Estas personas manifestaron que vinieron a ocupar estas tierras probando suerte, esperando que el Indert las comprara y se las adjudicara a las familias. Lo cierto es que este no es un terreno fiscal, y el propietario no lo puso a la venta en ningún momento, la ocupación ya llevaba varios años” destacó el fiscal Héctor Garay en conversación con la corresponsal de Nación Media Rocío Gómez.
El interviniente comentó que muchos de los ocupantes inclusive cuentan con viviendas propias o viven en casas familiares, pero tenían la intención de tener estas tierras para venderlas o utilizarlas para el cultivo, en otros casos precisó que inclusive ya se alquilaban los lugares para la plantación de soja.
Durante el operativo de desalojo se presentaron en el lugar 400 efectivos policiales de distintas unidades y estuvieron al frente como representantes del Ministerio Público los agentes fiscales Ramón Ferreira y Héctor Garay, ya que existe una causa penal abierta por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno. Cabe destacar que en sitio ya no se hallaban muchos menores de edad, puesto que los padres fueron notificados con anterioridad, para el resguardo de los mismos.
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Ministerio acompaña propuesta de 28 años de cárcel para abusadores de niñas y adolescentes
El Gobierno, a través del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), y las otras entidades del Poder Ejecutivo relacionadas al área, se comprometió en reforzar los esfuerzos para la prevención del abuso infantil y adolescente. En efecto, durante la apertura del Foro Departamento de Prevención, realizado ayer en Encarnación, el ministro del sector, Walter Gutiérrez anunció el acompañamiento de la propuesta de aumentar la pena a los abusadores de menores y adolescentes a 28 años de cárcel.
La propuesta ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y el ministro señaló que se reunirá con el presidente de Diputados para solicitar agilizar la sanción de dicha Ley.
Además, el ministerio anunció que habrá una inversión física de más de USD 4 millones para abrir Centros de Atención a la Primera Infancia, para que los niños estén resguardados bajo el cuidado de los profesionales y no expuestos en sitios de peligrosidad. De estos cien sitios a nivel nacional, once se ubicarán en el departamento de Itapúa.
Itapúa se ha convertido en un foco de especial atención tras el desenlace fatal del abuso a tres niños de las localidades de Carlos Antonio López, Carmen del Paraná y Coronel Bogado de ese departamento.
El eslogan de #TodosSomosResponsables no es un mero enunciado, señaló la directora de Prevención del ente ministerial, Leticia González, sino que la propia ley en nuestro país, establece este compromiso.
“Queremos que los instrumentos de la campaña contra el abuso que hemos lanzado en mayo, bajen a territorio, y que este encuentro trascienda. Nos trae la consternación de estos casos ocurridos en Itapúa. Pedimos al gobierno local mucho trabajo en conjunto “, manifestó el ministro Gutiérrez.
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El taller reunió a centenares de actores del Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia que recibieron la capacitación y articulación de acciones con las instancias jurisdiccionales y entes garantes de derechos, para la prevención y atención del abuso sexual infantil en el departamento de Itapúa.
Capacitaron a las Codeni en el uso metodológico de la Guía de Prevención del Abuso Sexual, promoviendo la implementación efectiva de esta herramienta en sus comunidades tanto en el ámbito escolar como comunitario. Se entregaron la guía de prevención del abuso sexual y la historieta “Mirame” como herramientas de prevención. Otros temas han sido la exposición de los conceptos de prevención y de las habilidades para la vida como herramienta de prevención; el contexto jurídico de la guía de prevención del abuso sexual, desglose de la guía de prevención del ASI.
Igualmente, en la jornada de capacitación se impartieron temas de cómo desarrollar talleres para niños, niñas, adolescentes, y otro para adultos, la ruta de intervención interinstitucional para la atención integral del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes; protocolos de comunicación, entre otros.
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Itapúa: jueza decidirá si varios acusados enfrentarán juicio oral por invasión de inmueble
Este jueves a las 09:30 se debe realizar la audiencia preliminar para varios acusados por invasión de inmueble y otros delitos donde la víctima es Luc María Vanryckeghem quien es dueño de 17 inmuebles ubicados en la zona del distrito de Edelira, concretamente en la localidad de Pirapey, departamento de Itapúa, que totalizan una superficie de 348 hectáreas.
La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza penal de Garantía de María Auxiliadora, Itapúa, Carina Ruiz Díaz, quien deberá resolver una vez terminada la audiencia si los acusados estarán sentados en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía durante la etapa investigativa recolectó suficientes elementos de prueba contra cada acusado por lo que se ratificará en que el caso se eleve a un juicio oral. Están acusados Alcides Aquino López, Alicia Aquino López, Aurelio Aquino Cena, Pedro Chilavert y Rosalina López.
Otro caso y preliminar
Para el 12 de septiembre se tendrá que realizar la audiencia preliminar de otro proceso penal que se sigue contra 24 personas acusadas por invasión de inmueble, coacción grave y resistencia donde la víctima es Luc María Vanryckeghem, propietario de casi 400 hectáreas ubicadas en el departamento de Itapúa.
El Ministerio Público acusó y solicitó que el proceso penal se discuta en un juicio oral y público. La acusación fiscal señala que “los acusados junto con su familia ingresaron en los citados inmuebles y se instalaron en diversos sectores de las fincas donde procedieron a construir sus viviendas, plantar en las fincas e incluso procedieron a arrendar; conformaron comisiones vecinales, donde obtuvieron aportes del Municipio local”.
Asimismo menciona el escrito de la Fiscalía que “los acusados ingresaron en los inmuebles valiéndose de la clandestinidad y la violencia, en razón de que la dueña vive en un lugar alejado del lote invadido, pues los lotes se encuentran en Pirapey y su propietaria en Triunfo Km 80; en tanto que las violencias fueron utilizadas para mantenerse en los inmuebles valiéndose de la cantidad personas, el uso de niños y la portación de garrotes y otros elementos”, refiere la acusación fiscal.
Están acusados y con pedido de juicio oral y público, Adolfo Quiroz, Apolinar Ybarra Vázquez, Calixta Correa de Benítez, César Elizardo Rivas González, Claudia Elena González Vera, Cristhian Gustavo Martínez Henrriz, Elvio Milciades Cohene, Gilberto David Martínez Agüero.
La lista de acusados sigue con Gustavo Francisco Cáceres Arzamendia, Ismael Martínez Agüero, Josefina Centeno, Julián Pereira Chávez, Liliana Sánchez Romero, Luis Ignacio Ayala López, Marcelino Cardozo Quiroz, Margarita González Riveros, María Concepción Rivero Algarín, Reinaldo Garcete Fleitas, Richar Antonio Ortigoza González, Sergio Medina Cabrera, Silverio Benítez Delvalle y Silvio Arce Chilavert, Liliana Sánchez Romero.
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Itapúa: abordan prevención del abuso infantil y adolescente en foro departamental
Este miércoles 4 de septiembre, en sede de la gobernación de Itapúa, en Encarnación, se desarrolla el Foro Departamental de Prevención del Abuso Infantil y Adolescente que busca asegurar el efectivo funcionamiento de las instancias que conforman el Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
Leticia González, directora de Prevención del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), refirió que este encuentro busca capacitar a los diferentes actores que intervienen en la prevención de la violación de los derechos del niño y adolescente, en el uso de las herramientas que se han entregado en el mes de mayo con la campaña «Más Hablás y Escuchás, Más te Cuidás #TodosSomosResponsables».
El encuentro, organizado por el Gobierno a través del Minna, a cargo del ministro Walter Gutiérrez y la viceministra Verónica Argüello, contó con la participación de representantes del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic) a través de la Dirección General de Comunicación Estratégica (DGCE).
Acompañan además el gobernador de Itapúa, Javier Pereira; intendentes del octavo departamento, representantes de la Oficina de la Primera Dama (OPD) y de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni).
Fortalecer capacidades
El taller busca el fortalecimiento de las capacidades, a través de la capacitación y articulación de acciones con las instancias jurisdiccionales y entes garantes de derechos, para la prevención y atención del abuso sexual infantil en el octavo departamento.
Se aborda la prioridad de capacitar a las Codeni de Itapúa y los demás actores del Sistema de Protección en el uso metodológico de la Guía de Prevención del Abuso Sexual, promoviendo la implementación efectiva de esta herramienta en sus comunidades, tanto en el ámbito escolar como comunitario.
También sensibilizar, fomentar el reconocimiento y la desnaturalización del abuso sexual infantil en las comunidades, visibilizando la problemática y sensibilizando a los actores claves sobre su impacto en niñas, niños y adolescentes.
Proveer apoyo técnico y fomentar la articulación entre las redes locales de protección y las instancias jurisdiccionales, para asegurar una respuesta coordinada y efectiva ante casos de abuso sexual infantil, es otra de las prioridades de este encuentro departamental.
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Denuncian falsificación de documentos para desalojo irregular de 10 hectáreas
Este martes, integrantes de una familia reportaron que el pasado 6 de agosto, fueron desalojados de la propiedad donde residen hace más de 30 años en la compañía Costa Salinares de la ciudad de Capiatá y de la cual tienen el título. Denuncian que el desalojo fue totalmente irregular y que existe complicidad de la Fiscalía y la Municipalidad, desde donde aparentemente expiden títulos falsos.
Doña Agustina Vera Vda. de Cabrera, esposa de quien en vida fuera don Venancio, legítimo dueño de las 10 hectáreas desde 1945 y que falleció en el 2003, y su hija Elvira, denuncian que fueron cruelmente desalojadas de la propiedad. La familia fue sacada del sitio por una comitiva encabezada por el fiscal Hugo Marcelo Pérez.
“El fiscal me dijo que estaba cumpliendo con el protocolo de denuncia por invasión y que el procedimiento está hecho dentro de la ley. Ante mi reclamo me dice que si tengo los documentos que me presente en la Fiscalía, de inmediato llegué al lugar, pero Pérez ya no se hizo encontrar”, detalló Fabián Ferreira, abogado de la familia afectada, en “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
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Amenazas
El abogado afirmó que presentó los documentos sobre la causa 800/2024 y solicitó las copias como la intervención, pero cuando fue a retirar las copias le dijeron que no era la causa. Entonces le volvieron a pasar otro número de causa para volver a realizar el trámite, de esta forma intentaban desviar del caso al representante de los afectados.
“El fiscal me dijo que deje de presentar los documentos porque se trata de una denuncia contra una persona innominada, por lo que mis representados no tenían intervención ni yo como su representante legal. Le reclamé eso y me pidió que le lleve a mis clientes para declarar”, apuntó.
Explicó que una vez que llegaron a la unidad fiscal como para declarar y mientras esperaban para realizar el trámite fueron amenazados con ser detenidos. “Salió la asistente del fiscal y me dijo; te manda a decir el fiscal que si declaran saldrán de acá detenidos. Les pregunté por qué y me dijeron que no tenían porqué darme explicación porque no teníamos intervención”, refirió.
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Doble identidad
Según la denuncia, un exfuncionario de la Municipalidad de la ciudad, que utiliza dos identidades una como Federico Joel González y otra como Federico Ramón González, es quien empadronó la finca de los Cabrera y vendió parte de la propiedad a otras personas. Estas personas nunca recibieron los títulos de propiedad.
“El cuando inscribe o empadrona en catastro lo hace como Federico Ramón, pero cuando hace el contrato de compra-venta lo hace como Federico Joel. Tienen doble identidad y dos números de cédulas, todo ya fue denunciado y solicitamos al Ministerio Público que solicite el prontuario de este hombre”, indicó. Afirmó, que ofrece los terrenos en redes sociales y solicita una entrega, pero nunca da los documentos.
Superposición de fincas
Ferreira detalló que en la Unidad 3 de la Fiscalía se presentaron todas las pruebas del Servicio Nacional de Catastro y Registro Público que demuestran que esta propiedad de 10 hectáreas se trata de la finca 819 padrón 1375 y que corresponde a la familia Cabrera Vera.
“Ellos están superponiendo fincas y padrones que ellos inventaron porque tienen contactos en el catastro creando problemas a personas humildes. Tengo todos los informes del catastro y registro público en los que queda demostrado que son un grupo de delincuentes dedicados a la falsificación de títulos”, indicó el abogado. Solicitan al Ministerio Público que tome cartas en el asunto e investigue el caso.
Único heredero
Por su parte, el abogado Joel González, explicó en canal GEN/Nación Media que no estaban enterados de esta situación y que esa propiedad siempre perteneció a su familia desde hace casi 80 años. Afirmó que no tienen doble identidad, sino que, su padre es Federico Ramón, que es el único dueño de la propiedad, y que él es Federico Joel.
“Este es un problema de 1945 y no puedo influir en nada de lo que pasó antes. Yo soy heredero de Federico Ramón González, que es mi papá y a su vez heredó de su papá, lo que es de él es nuestro. Lo que están diciendo sobre falsificación de documentos para mi es muy relevante porque está registrada nuestra finca en el Registro Público”, indicó.
Agregó que cuentan con todas las documentaciones legales de la propiedad y que se trata de la finca 43.063 en el año 1998. “El único dueño es mi padre, esta propiedad viene de mi bisabuelo Ignacio González. Mi padre fue el heredero solo del remanente y otra parte fue parte de pago de los abogados, porque no tenía dinero en ese momento”, concluyó.
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