El lunes 31 de marzo venció el plazo que tenían las organizaciones políticas beneficiarias del aporte estatal, para presentar los informes pormenorizados conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 6501/20 “Que regula el financiamiento político”.

Desde la Justicia Electoral informaron que un total de once organizaciones políticas percibieron recursos públicos en concepto de Aporte Estatal durante el ejercicio fiscal 2024. Estas organizaciones presentaron este lunes 31 de marzo del año en curso, los informes pormenorizados con sus documentos de respaldo, referente a la utilización de este recurso público que se le transfirió.

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Señalan que esta rendición de cuenta se enmarca, principalmente en lo relacionado al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 4743/12, que obliga destinar no menos del 30% de lo percibido en concepto de aporte estatal, a la capacitación de simpatizantes y afiliados, entre otros”, detalló el director de Financiamiento Político, Christian Ruiz Díaz.

A partir de ahora, la Dirección Técnica de Financiamiento Político, se abocará inmediatamente a la verificación y análisis de estos informes y documentos respaldatorios. “Una vez finalizado el análisis, conforme a nuestro Manual de Procesos y Procedimientos, elaboraremos un informe preliminar con las observaciones que encontremos de cada organización política, y se remitirá a cada una de ellas para el descargo correspondiente”, explicó Ruiz Díaz.

Sostuvo además, que una vez recibido los descargos de las organizaciones políticas, se procederá al análisis para determinar si las observaciones comunicadas se mantienen o se levantan, aplicando los descuentos que pudieran llegar a corresponder. Todo esto, se establecerá en el informe final que elevará al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para su aprobación.

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Los socios de la Coo­perativa Poravoty pidieron al Insti­tuto Nacional de Coopera­tivismo (Incoop) una defi­nición urgente sobre el caso de la intervención a la citada entidad, iniciada hace unos meses a raíz de supuestos hechos irregulares. En con­creto, los socios de esta enti­dad solicitaron formalmente un informe al detalle sobre la situación financiera y admi­nistrativa de esta coopera­tiva fundada en el año 2011.

El objetivo de esta reunión general es tener conoci­miento del actual estado financiero de la Coopera­tiva Poravoty, por lo que los autoconvocados pidieron a los socios acudir a la cita para tratar temas de interés gene­ral de los ahorristas. Estos solicitan conocer datos cla­ves que hacen al esquema financiero de la entidad: el estado de los activos, pasivos (cuentas por cobrar con sus respectivos montos) y bienes patrimoniales en general.

Los socios autoconvocados de la cooperativa sugieren una comunicación clara y precisa sobre los posibles escenarios de continuidad de las actividades, ya que a mediados de abril se cumpli­rán 90 días de intervención del Incoop, plazo mínimo establecido para la medida de intervención. La falta de definiciones genera incerti­dumbre entre los asociados, quienes buscan conocer las opiniones y los pareceres a nivel interno sobre el rumbo que deberá tomar la entidad cooperativa.

Los socios esperan obte­ner información prudente y recibir datos detallados y precisos con la esperanza de levantar la entidad en el mediano y largo plazo.

Los directivos que se encon­traban al mando en el momento que se dejaron de pagar los intereses eran Miguel González, presidente, y Apolonio Mendria, tesorero.

Esta reunión se llevará a cabo en la sede de la Coo­perativa 8 de Marzo, sede Lambaré, este sábado 29 de marzo.

Padres y alumnos de la escuela San Miguel Arcángel de J. Augusto Saldívar tomaron la institución para exigir la reposición de la directora Liliana Ríos. Aseguran que no levantarán la medida de protesta hasta lograr sus objetivos, ya que no aceptarán que otra persona ocupe el lugar de la citada docente.

Esteban González, presidente de la junta de estudiantes, cuestionó la decisión tomada por el administrador, el sacerdote Arnaldo Benítez, al acusarlo de politizar el centro educativo subvencionado. Dijo que los estudiantes no permitirán que un recomendado asuma la dirección, por lo que piden la separación del religioso.

“Nos estamos manifestando por la destitución de nuestra directora, que es María Liliana Ríos. Para la destitución del padre Arnaldo y que la administración vuelva a estar a cargo del colegio, porque ahora mismo está a cargo de la parroquia”, señaló Esteban González a los medios de prensa.

El joven defendió la labor de la directora al mencionar que los estudiantes confían mucho en ella. “Le agarramos mucho cariño. Es una directora que nos inculcó la ciencia. Fuimos ganadores de ferias nacionales e internacionales de ciencias. Por eso nos gusta mucho esta directora porque nos apoya no solo educativamente, sino también psicológica y espiritualmente”, refirió.

El vocero de los manifestantes afirmó que existe un trasfondo político en la remoción de la directora. “El motivo principal que nos dio el padre fue que ella es profesora también y a veces deja vacío su oficina, porque tiene que dar clases. Ella da clases también en este colegio y así que no tiene sentido que se le destituya por esa razón”, expresó.

El alumno manifestó que la idea es poner a una persona desconocida al frente de la citada institución educativa. “Se le quiere poner a una persona a quien no conocemos y nosotros no queremos que venga gente que no le tenemos cariño. Porque según dijeron los que van a venir son políticos y nosotros no queremos un colegio que esté plagado de políticos y corruptos”, puntualizó.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) publicó su “Memoria anual” con respecto al 2024 en la cual exponen todas las acciones promovidas por esta institución durante el año pasado. Entre estas se destacan hechos como la identidad digital, asistencias técnicas, entre otras.

Uno de los pilares fundamentales, según afirmó la propia institución, fue la ciberseguridad y en este sentido, se gestionaron más de 1.800 incidentes y además, se formuló la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se extiende hasta el 2028 y que fue desarrollada en colaboración con la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Además de esto, también se extendió el programa de Agenda Digital hasta el 2028, que tiene por objetivo seguir impulsando la transformación digital en sectores clave del país. El Mitic también brindó 547 asesorías y asistencias técnicas a diversas instituciones del Estado y se gestionaron más de 900 autorizaciones para compras tecnológicas en el sector público, el cual aporta a la eficiencia en el gasto estatal.

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En esta misma línea, se llegó al millón de identidades electrónicas activas, lo cual facilita el acceso a la ciudadanía a servicios públicos digitales, entre ellos documentos como la habilitación vehicular la cual ya está disponible en la aplicación Portal Paraguay, que tiene validez legal de acuerdo a la ley n.° 7.177/23.

En el 2024 se dio el lanzamiento del sistema Digitalia, diseñado para la gestión interna y externa de expedientes en instituciones públicas, desarrollado por Mitic y que ya se encuentra en proceso de adopción por diversas entidades públicas. Se otorgaron 401 becas en áreas estratégicas como ciberseguridad, inteligencia artificial y análisis de datos, además se impartieron 53 cursos gratuitos online certificando a 2.487 personas en habilidades digitales.

El informe completo se encuentra disponible en la página web del Mitic en la sección de rendiciones de cuentas donde también se pueden acceder a otros informes y rendiciones de años anteriores.

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