Un alto jefe policial, molesto por el cierre de la ruta y en un intento de ordenar el despeje de la calzada, procedió a golpear con una silla a un perro que se mezcló con los manifestantes indígenas.

El hecho ocurrió hoy viernes en la zona de Caaguazú, en donde nativos se estaban manifestando cerrando en forma intermitente la ruta PY13, a la altura del Kilómetro 187, cuando la autoridad de la Policía agredió con un palo a niños, mujeres y hasta al animal, según se observa en un video viralizado en redes.

Se trata del comisario Saturnino Bonussi Giménez, quien estaría acusado por un hecho de homicidio de un joven de 17 años, que atropelló una barrera policial, ocurrido en el año 2023.

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Los indígenas se manifestaron esta mañana, para pedir la asistencia económica y social a las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

En el video se observa cómo el uniformado arremete con furia contra el indefenso animal, golpeándolo con una silla de plástico que tenía en su poder.

La Dirección de Protección Animal emitió un comunicado sobre el hecho de agresión al can y ya está analizando las eventuales sanciones para el uniformado. “Repudiamos todo acto de violencia contra los animalitos”, señala dirección.

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El viceministro de Educación, David Velázquez, aseguró que con las evaluaciones escritas del concurso público de oposición para la conformación del Banco de Datos de Educadores Elegibles se busca acabar con la docencia interina. Un total de 56.159 profesionales están habilitados para participar del proceso selectivo que empieza hoy con exámenes a ser tomados en el Chaco, Central y Asunción.

“Hoy comienza el primero de los cuatro operativos que va a comprender esta evaluación. El examen se dividió en cuatro zonas, la zona que hoy rinde es la zona que abarca los departamentos del Chaco más Central y capital”, señaló al programa “Así son las cosas del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Para participar del proceso se realizaron inscripciones por modalidades. “Antes se anotaban para el Banco de Elegibles en general los docentes, pero ahora pueden elegir para eventualmente ser elegidos el día de mañana en qué modalidad quieren inscribirse. Entonces, tenemos docentes anotados para educación inicial, para primero y segundo ciclo y para tercer ciclo y media”, manifestó. Aclaró que el examen se dividió por ciclos y participarán todos los maestros del país.

Específicamente las pruebas iniciarán a las 15:00 y se extenderán hasta las 17:30 en distintos lugares de las tres regiones señaladas. “Los dos siguientes exámenes ya son en octubre para la zona de Caazapá, Misiones y también Itapúa, Alto Paraná y Ñeembucú el 9 de octubre. Para Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú el 23 de octubre. Y el último examen para Paraguarí, Cordillera, Guairá y Caaguazú el 6 de noviembre”, confirmó.

En cuanto a los puntos evaluados, Velázquez explicó que se consideran “tres dimensiones y una serie de conocimientos generales de los postulantes”. “Es decir, qué saben en general sobre el sistema educativo, eso es lo que llamamos el componente fundamental. Luego se evalúa también el manejo de lenguas oficiales, de tecnología y de información y comunicación. Es lo que llamamos nosotros el componente instrumental”, indicó.

Por último se evalúa el componente específico del nivel al cual se presenta el docente. “Es decir qué sabe de Inicial, qué sabe de primero y segundo ciclo y de tercer ciclo y Educación Media. Esas son las dimensiones y el pasar un determinado puntaje implica que esta persona está en el Banco de Elegibles. Es decir, el día de mañana cuando haya concurso podrá presentarse a esos concursos una vez que integre este banco”, puntualizó.

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La Cámara de Diputados remi­tió una solicitud de informe detallado a la rectora de la Uni­versidad Nacional de Asunción (UNA), Zully Vera, sobre los docentes desvinculados de la Facultad de Derecho y Cien­cias Sociales. El pedido se basa en la denuncia realizada por los docentes destituidos, que afirman que los despidos fue­ron arbitrarios y sin motivos justificados.

De acuerdo a la denuncia pública realizada por los docentes y estudiantes de la facultad afectada, las desvinculaciones se dieron con un trasfondo de represalias, esto por no pertenecer a un grupo liderado por Bogarín Alfonso y Ceres Escobar. Afirman que ambos manipularon la sesión donde se realizaron las destitu­ciones a favor de sus intereses particulares y sus operadores políticos.

El documento firmado por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y la secretaria parlamenta­ria Betina Aguilera señala: “detallar sobre las supuestas desvinculaciones de docen­tes, denunciado por estudian­tes y docentes, especificando la nómina de los docentes des­vinculados, sus categorías, sus cátedras, turnos, horarios, causales de desvinculación, y si fueron sometidos a sumarios administrativos o no, así como cualquier otra información relacionada a lo solicitado”.

También se solicita “detallar la nómina de docentes de la facul­tad, vigente al 31 de julio de 2024, especificando el nombre y el apellido, cátedras, turnos, categoría del docente, salario, remuneración adicional al salario y filiales donde imparte clases, así como cualquier otra información que guarde rela­ción con lo solicitado”.

Más de un millar de personas marcharon este domingo en El Salvador para exigir la liberación de miles de detenidos a los que consideran “víctimas inocentes” en la “guerra” contra las pandillas emprendida desde 2022 por el presidente Nayib Bukele.

Los manifestantes caminaron en el centro de la capital en contraposición al desfile oficial por el 203 aniversario de la Independencia de Centroamérica, antigua colonia española. “Mi hijo es inocente. Mi hijo no es delincuente y yo a él lo defiendo donde sea, porque mi hijo no debe nada”, dijo a la AFP en la caminata Noemi Velásquez, ama de casa de 41 años.

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Velásquez señaló que su hijo, Edenilson Velásquez, de 25 años, fue arrestado “injustamente” en su puesto de trabajo el 10 de mayo de 2022 en la ciudad de Zacatecoluca (sureste). En respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, Bukele instauró en marzo de 2022 un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial y que acumula 82.000 salvadoreños capturados.

Según organismos humanitarios, un 30 % de los detenidos son inocentes. “Yo lo único que le pido al presidente [es] que me lo devuelva, porque es mi único hijo y lo amo”, señaló Velásquez al romper en llanto.

“Yo no sé si él estaba vivo, está muerto, yo no sé”, declaró, por su parte, Ana García, de 62 años, al implorar a las autoridades información del paradero de su hijo Ricardo Martínez (30), capturado hace 11 meses en la localidad de San Sebastián Salitrillo (oeste).

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Durante la marcha, varios de los manifestantes, muchos protegiéndose del sol con paraguas, portaron fotografías de los detenidos a los que denominaron “víctimas” del régimen de excepción. También levantaron pancartas en las que pidieron a Bukele el fin de “tanto atropello” por las detenciones “arbitrarias”.

Con la cruzada antipandillas, el gobierno redujo las extorsiones y los homicidios descendieron en forma drástica. Al cierre de 2023, se reportaron 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado “malos tratos”, “detenciones indiscriminadas” y casos de tortura en el país, por lo que claman por el fin del régimen de excepción.

Fuente: AFP