Un nuevo modus operandi de extorsión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde operaba un “call center”, fue expuesto este jueves a través de una conferencia de prensa a cargo del ministro de Justicia, Daniel Benítez, y autoridades del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, para informar sobre los resultados del Operativo Cascabel.
Según explicaron las autoridades, el método de captación de víctimas consistía en contactarse con hombres a través de redes sociales, como Facebook e Instagram, y posteriormente por WhatsApp, a través de perfiles falsos en donde entablaban conversaciones e interactuaban por medio de contenidos de carácter sexual bastante comprometedores.
Esta información luego era utilizada por los reos para contactarse con las víctimas desde otro número, haciéndose pasar esta vez como una persona a quien se le vendió dichos contenidos eróticos para ser publicados en redes sociales, haciéndose pasar por un conocido influencer. En el contacto aclaraban que esperarían la respuesta de la persona involucrada para llegar a un acuerdo y no filtrar las imágenes, ya que esto terminaría involucrando a la Policía Nacional y al Ministerio Público por tratarse de un supuesto abuso sexual en menores.
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Los identificados como parte de este esquema son Ricardo Javier Almada Estigarribia, de 22 años de edad, quien sería el cabecilla: Hernán Daniel Espínola Benítez, de 22 años, y Marcos Ariel Candia López, de 20 años. Los tres involucrados cuentan con condenas por robo agravado.
En este caso se investigaron cinco denuncias, la primera data de noviembre de 2022, las dos siguientes del mes de abril y dos más del mes de mayo de este año. Los montos enviados por las víctimas en los diferentes casos variaban desde 500.000 guaraníes hasta 11.500.000 guaraníes.
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Impulsan reinserción social de internos en Guairá
La Gobernación de Guairá y el Ministerio de Justicia firmaron un convenio para un programa de reinserción social que apunta a que los internos de la Penitenciaría Regional de Villarrica puedan cumplir con ciertas tareas, brindándole una segunda oportunidad. El Poder Judicial también forma del acuerdo, explicaron.
“Estuvimos hablando con el ministro Ángel Barchini de un plan piloto para los condenados que se encuentran ya en etapa de cumplir con su rol social, limpieza de plazas, de calles, de instituciones educativas y que eso les pueda servir a ellos a acortar su permanencia en el penal y en esa línea firmamos un convenio para eso”, expresó el gobernador César “Cesarito” Sosa.
En comunicación con La Nación/Nación Media afirmó que el Poder Judicial forma parte de este acuerdo, dado que son los jueces quienes otorgan estos permisos, por lo que los magistrados también asistieron al acto de firma del documento. “Creo que todos merecen una segunda oportunidad y es importante que salgan a hacer ese servicio a la ciudadanía. Esto es un trabajo en equipo que hemos logrado con el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial”, señaló.
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Este programa servirá como un incentivo importante para las personas con buena conducta y que están cumpliendo con su condena, por lo que se convierte en una “luz de esperanza” para aquellos que desean cambiar su vida y posteriormente puedan trabajar. “A través de estos convenios estaremos dando eso”, aseguró.
Este convenio representa un acontecimiento histórico, relató el gobernador dado que por primera vez en el departamento se firma un acuerdo de cooperación interinstitucional en pos de la reinserción social y este es un proyecto piloto que se buscará replicar en todas las penitenciarías del país.
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LN PM: edición del 17 de mayo
Ejecutivo anuncia proyecto clave contra la criptominería ilegal: “Es una verdadera amenaza”
El Poder Ejecutivo anunció este viernes la remisión de dos proyectos con carácter de urgencia para su tratamiento en el Congreso Nacional por considerarlos claves en el proceso de fortalecimiento del sistema eléctrico paraguayo.
Desde la vocería de la Presidencia, ejercida por Paula Carro, comunicaron que la primera iniciativa plantea la modificación del artículo 173 del Código Penal, que hace mención a la sustracción de energía eléctrica. Mediante este planteamiento, se propone la incautación y el comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible.
Ñeembucú: más de 3.000 familias fueron asistidas y sigue la ayuda
El Gobierno nacional ya asistió a unas 3.000 familias afectadas por las inundaciones en el departamento de Ñeembucú, pero prosigue con las asistencias y la ayuda a estas familias. Los trabajos de asistencia se están dando desde las diferentes instituciones, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y principalmente la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
Hasta el momento, la SEN ya entregó 2.777 kits de alimentos distribuidos en 32 localidades del departamento de Ñeembucú, y en muchas de estas localidades la asistencia alimentaria ya llegó más de una vez, de acuerdo al informe proveído desde el gobierno.
Centro de Reinserción Social: “Es un día histórico, cumpliremos un mandato obligatorio”
“Hoy considero un día histórico para el Ministerio de Justicia y para el derecho procesal penal en Paraguay”, sostuvo el titular de la institución, Ángel Ramón Barchini, sobre la habilitación del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, que se concretará este viernes al mediodía.
La penitenciaría contará con 1.237 plazas y pabellones de máxima seguridad con estrictos regímenes de encierro para los reclusos de mayor peligrosidad. “Cumpliremos un mandato obligatorio que obliga que las personas condenadas estén separadas de las procesadas. Esto se dará luego de una desidia, un abandono, una falta de gestión durante muchos años. El sistema penitenciario permeo la delincuencia, la corruptela, el crimen organizado”, indicó.
Inversión en tecnología y desarrollo permitirá creación de empleo digno, afirma Peña
Durante su visita a los Estados Unidos el presidente de la República Santiago Peña, se reunió ayer jueves en la Casa Blanca con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional; Daniel Erikson, asesor de seguridad para América Latina, y Chris Dodd, asesor para Asuntos Latinoamericanos del presidente Joe Biden.
Al término del encuentro, el Jefe de Estado destacó que hablaron sobre inversión en tecnología y el desarrollo de programas claves relativos a la utilización de recursos que permitan generar empleo digno y bien remunerado en Paraguay. Además evaluaron el enfoque regional y global del Paraguay y la visión de Estados Unidos con una coincidencia plena en los principios y valores de libertad, democracia y derechos humanos.
Reunión clave para confirmar o descartar el paro de un gremio del transporte
El Gobierno recibe esta tarde a representantes del Centro de Empresarios del Transporte el Área Metropolitana (Cetrapam) en busca de llegar a un acuerdo y evitar que se realice el paro de los buses nucleados a este gremio. Hoy a las 15:00 en la sede del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social se llevará a cabo la reunión tripartita entre representantes del gremio, el Viceministerio del Transporte y del Trabajo.
El titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, habló ayer de la posibilidad de revertir la decisión de ir al paro. “Durante el feriado siguieron las conversaciones. Han empezado a generar los pagos atrasados y a renovar los permisos vencidos que, por ley están obligados a dar”, afirmó.
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Centro de Reinserción Social: “Es un día histórico, cumpliremos un mandato obligatorio”
“Hoy considero un día histórico para el Ministerio de Justicia y para el derecho procesal penal en Paraguay”, sostuvo el titular de la institución, Ángel Ramón Barchini, sobre la habilitación del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, que se concretará este viernes al mediodía.
La penitenciaría contará con 1.237 plazas y pabellones de máxima seguridad con estrictos regímenes de encierro para los reclusos de mayor peligrosidad. “Cumpliremos un mandato obligatorio que obliga que las personas condenadas estén separadas de las procesadas. Esto se dará luego de una desidia, un abandono, una falta de gestión durante muchos años. El sistema penitenciario permeo la delincuencia, la corruptela, el crimen organizado”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El secretario de Estado detalló que del total de las plazas habilitadas, 82 lugares serán destinados para los reos de alta criminalidad “que no tienen ninguna posibilidad de recuperación o inserción, estarán absolutamente aislados. El presidente de la República apresuró los tiempos, ya que necesitamos descomprimir los centros penitenciarios”, sostuvo.
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La puesta en funcionamiento de la penitenciaría forma parte del plan que apunta a disminuir el hacinamiento en las cárceles y a descomprimir la población penitenciaria. “Todas las cárceles están controladas por el Estado paraguayo, lo que no significa que no tengamos líderes criminales enseñoreándose sobre lo que lastimosamente sigue ocurriendo, las ventas de drogas, alcohol, salones vip”, remarcó.
Por otra parte, puntualizó que se prevé la firma de un acuerdo con la Gobernación de Alto Paraná, encabezado por César “Landy” Torres, con el fin de que los reclusos realicen labores comunitarias como parte de los programas de reinserción social.
“Esto nos permitirá que los reclusos con el perfil autorizado que hayan cumplido más del 50 % de la condena con autorización judicial puedan salir a trabajar en temas de empedrados, pinturas, limpieza de arroyos. Que la ciudadanía vea que ya hay gente que está en proceso de cuasi libertad y que ya están trabajando y que esto sirva también para descontar las penas que tienen que cumplir, es un trabajo donde se está dejando una política penitenciaria de Estado que no existía”, dijo.
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Argentina: realizaron 27 allanamientos en comedores populares
La justicia argentina realizó 27 allanamientos mayoritariamente en comedores populares por denuncias de extorsión contra sus responsables, en momentos en que crecen los reclamos al gobierno de Javier Milei por la suspensión de la entrega de alimentos en miles de puntos de asistencia.
La causa busca determinar si existieron al menos 12 casos de extorsión por la entrega de ayudas a cambio de participación en manifestaciones contra al gobierno, basadas en denuncias anónimas y escuchas telefónicas. “Los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero”, indicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.
Organizaciones sociales sostienen que las denuncias buscan el descrédito y la persecución a sus dirigentes, la mayoría críticos al gobierno. Los allanamientos, sin arrestos, se realizaron el lunes y el martes de madrugada en distintos puntos de la capital argentina y su periferia.
Los allanamientos comprendieron casas particulares y sedes partidarias, como el local central del Partido Obrero (izquierda) de la capital argentina, según explicó su titular, Eduardo Belliboni, quien propuso “echar” de la organización a quien se compruebe que haya cometido una extorsión.
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La causa se abrió en momentos en que crece la conflictividad y los reclamos de más asistencia social, así como la reanudación de la entrega de alimentos a comedores populares a cargo de oenegés. Tras asumir el 10 de diciembre, el gobierno del ultraliberal Milei suspendió la entrega de alimentos a miles de comedores, mientras audita el destino de los recursos que recibían.
El Ministerio de Capital Humano, encargado de la ayuda social, denunció que la mitad de los comedores no pudieron auditarse porque no están registrados o no funcionan como tal. “Los planes contra la pobreza generan más pobreza”, escribió el martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni citando a Milei.
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Argentina atraviesa una fuerte crisis económica con desplome de la actividad industrial, miles de despidos en el Estado y en la actividad privada, derrumbe del consumo y una inflación interanual que roza el 300 %. La mitad de su población de 47 millones de personas afronta la pobreza.
Las marchas y manifestaciones son diarias de parte de sindicatos, universitarios, empresarios de pequeñas y medianas empresas, jubilados y otros sectores afectados por las políticas de ajuste de Milei. Un domicilio allanado en Escobar, al norte de Buenos Aires, es el de Carlos Fernández, dirigente del movimiento izquierdista Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), quien denunció violencia en el procedimiento.
Fuente: AFP.