En coincidencia con el aniversario 232° de la ciudad de Fuerte Olimpo, capital del departamento de Alto Paraguay, el Concejo de Gobernadores, encabezado por el gobernador del Guairá César Sosa, llevó adelante su jornada de gobierno departamental y su sesión semanal en la sede de la gobernación local. Igualmente, el gobernador de Alto Paraguay Arturo Méndez, recibió la dotación de 7 patrulleras para fortalecer la seguridad de esta zona, que constantemente es azotada por la inseguridad y el abigeato.

En su discurso, el presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, indicó que actualmente existen alrededor de 80 efectivos de la Policía Nacional, lo que es insuficiente respecto a la extensión territorial del departamento de Alto Paraguay. Por lo que señaló la necesidad de gestionar ante las autoridades pertinentes una mayor asignación de efectivos policiales.

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Si bien celebró la entrega de las patrulleras que deberán ser distribuidas en los distritos, dijo que también deberán trabajar para asegurar el aumento de insumos en combustibles y repuestos para las patrulleras. “Debemos coordinar con las autoridades pertinentes la lucha contra los frigoríficos clandestinos y el tráfico de ganado transfronterizo”, acotó.

Los jefes de los 17 departamentos del país llegaron en horas de la mañana para acompañar la jornada festiva con los ciudadanos de Fuerte Olimpo, que pese a que en las últimas semanas ha sufrido con los constantes incendios forestales, la ciudadanía participó de lleno en las actividades como el desfile estudiantil y el tradicional karu guasu del mediodía.

En otro momento, el gobernador César Sosa indicó que el gobierno del presidente Peña acaba de lanzar el programa que busca reducir las tasas de interés para créditos destinados a las mipymes, lo que generará una gran oportunidad para mejorar las condiciones de producción en el departamento.

“El fomento de las cooperativas de producción agrícola puede ser una muy buena salida laboral a través de la gestión de capital semilla”, acotó.

Asimismo, señaló que a través de la gestión del Consejo de Gobernadores, se puede empezar a colaborar en el diseño del modelo de conservación y desarrollo para la zona de producción sostenible en lo que respecta al tema agrícola y ganadero.

Explicó que esto será posible propiciando la instalación de mesas de trabajo en busca de la apropiación social y la inclusión de la estrategia de desarrollo nacional.

“Debemos buscar el diálogo intergobernaciones y representantes de todos los sectores para compartir experiencias en desarrollo sostenible y ordenamiento territorial entre los representantes del gobierno, ganaderos, agricultores, indígenas, campesinos, entre otros”, precisó.

El gobernador Sosa indicó que queda claro que a partir de los últimos hechos, la pertinencia de una red vial en mejores condiciones es una de las necesidades que debe ser atendida.

“El Consejo de Gobernadores abogará por lograr que el MOPC se interese en una tarea enfocada en recoger de la experiencia reciente de los incendios forestales, una lección para el pronto adecuamiento de los caminos centrales, troncales y vecinales. El Chaco es el futuro y el Chaco debe estar mejor conectado”, concluyó.

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El ministro del Interior Enrique Riera sostuvo que, respeta pero no comparte la visión de los legisladores de la Cámara de Diputados que han solicitado su renuncia y del comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, tras la muerte del diputado Eulalio Gomes, ocurrida ayer durante un allanamiento en su vivienda en Pedro Juan Caballero.

En comunicación con el programa Cuenta Final de radio Universo 970/Nación Media, indicó que si bien no tuvo oportunidad de escuchar los argumentos de los legisladores, ya que durante la jornada estuvo atendiendo otros asuntos urgentes, entre ellos la desaparición de un menor en Canindeyú, el conflicto con los nativos que cierran la calle Artigas, frente al INDI; considera que hubo un apresuramiento en la resolución y sin oportunidad a la defensa.

“Me pareció un poco apresurado porque las investigaciones aún estan en curso, y la información que yo manejo demuestra que los hechos sucedieron como estamos relatando. Las pruebas objetivas de la Fiscalía demostrarán en la brevedad posible, punto por punto lo que sucedió y que fue una desgracia de un allanamiento que debió de terminar de otra manera, pero que tuvo un desenlace extraño por la forma en que reaccionó el diputado y que obligó a la policía a la defensa propia”, explicó.

Remarcó que todas las pruebas serán analizadas objetivamente por la Fiscalía y en la brevedad se tendrá un informe basado en todas las evidencias que fueron tomadas.

“Hay que armarse de paciencia e intentar convencer con argumentos, con hechos objetivos, comprobados, para ir explicando lo que solicitó la Cámara de Diputados; que obviamente tienen colegas que le conocen y están dolidos porque han perdido a un miembro, a un colega. Pero curiosamente, creo que no nos dieron siquiera el derecho a la defensa y la oportunidad de explicar qué pasó, cómo pasó y por qué pasó” expresó.

Asimismo, el ministro del Interior recordó que la Policía no tiene ni un margen para discutir o cuestionar ni una sola orden judicial. “La policía es obediente, jerárquica, y no deliberante. La orden judicial se cumple, no se discute”, indicó.

Mencionó que todos estos puntos señalados son argumentos generales, que luego se podrán ingresar a tallar, los puntos particulares y específicos y que no justifica el hecho que se pida la renuncia o destitución de quienes ocupan cargos circunstanciales. Más aún en el caso de la policía que son personas profesionales.

“A veces nos equivocamos y creemos que a veces cambiando cabezas se va cambiar un sistema, lo que vamos a hacer es debilitar las instituciones. Porque es probable que no haya uno solo, de los 29 mil policías que se anime a realizar ni una orden judicial y menos a tomar una decisión en donde estuvo en riesgo su propia vida, porque esto seguramente va a comprobar en la brevedad posible la investigación”, acotó.

Respecto a la filmación de la actuación policial, el ministro Riera explicó que aún está en proceso de adquisición de las famosas Body Cam (cámaras corporales) y espera que para fin de año, tanto la Policía Nacional como el Grupo Lince cuenten con este implemento para los operativos especiales.

Indicó que ni en la casa del diputado Gomes, ni en la casa de su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, se registró la grabación del proceso, y si bien en las casas había cámara de seguridad, las mismas no guardan registro de las grabaciones.

No obstante, indicó que todo el procedimiento es judiciable, ya que la orden de allanamiento está firmada por un juez del crimen organizado; el operativo en sí se hace con el liderazgo y acompañamiento de los tres fiscales asignados que también son de crimen organizado de Asunción. "

“La orden de allanamiento es muy específica, no es como una orden de desalojo, o un allanamiento más simple, se solicita la colaboración de la policía. En este mandamiento, dice literalmente que se exige dos fuerzas especializadas de la Policía. Una conocida como SIU, que está entrenada por la DEA, es lo mejor de o mejor que tenemos. Mientras que la otra fuerza es la FOPE, que son las Fuerzas de Operaciones Especiales, que ingresó en Tacumbú, no son policías cualquiera, son profesionales”, mencionó.

Argumentó que por estos motivos es que cree y confía en la versión de la policía, así como en las pruebas complementarias que se podrán ver luego en el informe de la Fiscalía.

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En sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, no prosperó el pedido de resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones generales del domingo último.

Durante la votación no se alcanzaron los 18 votos para aprobar la resolución propuesta. México no asistió y se abstuvieron Colombia, Brasil, Honduras, entre otras naciones. Mientras que 17 Estados votaron a favor, 11 representantes se abstuvieron, 5 estuvieron ausentes, y ninguna nación o representante votó en contra.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Rubén Ramírez, lamentó que no prosperara la propuesta, cuando se está viviendo un momento decisivo en la región, y que mantiene en vilo a los miembros del Consejo que han expresado su preocupación por la situación actual en este país.

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“Ahora lo que corresponde es dar un paso más, debemos comprometer todos nuestros esfuerzos para proponer medidas concretas para restaurar la integridad democrática en ese país, como la esperanza de millones venezolanos. Este es el propósito que nos convoca hoy”, indicó ante sus pares.

Ramírez señaló que con frecuencia se expresa que la libertad es la esencia de la naturaleza humana, y que sin ella la vida pierde su valor. En ese sentido, señaló que la carta fundacional de la OEA, establece que es la misión histórica de América, ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones.

Sin embargo, indicó que en la región de las Américas, millones de personas llevan años sufriendo bajo un régimen que restringe severamente sus libertades, desencadenando una de las crisis migratorias más graves en los tiempos recientes.

El canciller paraguayo, recordó que en el año 2019, Paraguay rompió las relaciones diplomáticas con Venezuela debido a la falta de legitimidad en aquellas elecciones. Mencionó que recién este año, se han reanudado las relaciones bilaterales con Venezuela, no porque se hayan abandonado los compromisos con los principios democráticos, sino porque el gobierno de Paraguay mantenía las esperanzas de que la democracia pudiera afianzarse en estas elecciones, mediante las garantías ofrecidas a los opositores en el acuerdo de Barbados.

“Lamentablemente el régimen de Maduro ha ignorado abiertamente los compromisos allí acordados, incluso frente a garantes internacionales. Lo ocurrido el pasado domingo era un desenlace previsible. Paraguay, junto con otros países había denunciado la proscripción de candidatos de la oposición”, recordó.

En ese sentido, recordó que se impidió la inscripción de la candidatura de María Corina Machado, y posteriormente la de Corina Yoris. Indicó que a pesar de estos obstáculos, la oposición logró reconstituirse bajo el liderazgo de Edmundo González. Sin embargo, señaló que la región y el mundo fue testigo de lo que muchos ya consideran un fraude electoral, a menos que el gobierno de Maduro ofrezca a la comunidad internacional pruebas verificables de los resultados anunciados.

Por el contrario, indicó que existen señales claras de que la voluntad expresada por el pueblo venezolano en las urnas, no refleja en los resultados dados a conocer por las autoridades electorales de Venezuela. Agregó que este hecho demuestra una vez más que el CNE, sus autoridades y el sistema electoral venezolano están parcializados y se encuentran al servicio del Poder Ejecutivo nacional y no de la ciudadanía.

“Nuestro compromiso no está con ningún candidato, nuestro compromiso está con la verdad y con la voluntad del pueblo venezolano. Por ello, hoy requerimos la transparencia en los resultados de los compromisos, que se respete la voluntad popular y que el Consejo Nacional Electoral presente las actas, que reflejen en detalle los escrutinios”, indicó.

El canciller Ramírez aseguró que de ninguna manera se trata de injerencia en los asuntos internos, porque la soberanía de cada Estado reside en la ciudadanía, no en la imposición de la voluntad de un individuo o grupo sobre la libertad de los demás.

Finalmente, recordó que la carta de la OEA impone la responsabilidad de fomentar un orden de paz y justicia en el continente. Así como promover y consolidar la democracia representativa. Pero, sobre todo, obliga a los Estados partes a defender los derechos humanos, un deber que se extiende más allá de las fronteras.

“Hacemos un llamado a que se abstengan de recurrir a la violencia contra su propia población y que se garanticen los derechos de los ciudadanos venezolanos a manifestarse libremente sin temor a represalias”, concluyó.

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El viceministro de la Niñez, Eduardo Escobar, habló de la campaña contra el abuso infantil relanzada por el ministerio con el slogan “No lo hagas, no es un juego”. Dijo que son alarmantes las cifras y el 95 % se reporta en el entorno familiar.

“Nosotros decimos que este tipo de campañas ayudan a desnaturalizar el abuso, que sí lo hacen. Porque aumentan los casos, aumentan las denuncias, se visualizan más”, señaló a la 680 AM. Destacó el rol de los medios de comunicación en el abordaje del problema.

Sin embargo, afirmó que a una parte de la sociedad no le llega el mensaje o está muy enferma. Criticó que Rafael Esquivel alias Mbururu, del Partido Cruzada Nacional, haya sido electo senador, pese a estar imputado por un hecho de abuso sexual, en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

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“Hay una parte de la sociedad tan enferma que le vota a Mbururu para que tenga 50.000 votos. O sea, hay una parte de la sociedad a la que no le importa el tema de los abusos sexuales e igual vota a personas que están imputadas por ese hecho”, lamentó.

El viceministro exteriorizó su preocupación por las cifras alarmantes de abuso infantil. “Hay algunos números que son realmente alarmantes. El año pasado tuvimos más de 3000 casos de abuso sexual en niños, 95 % de ellos se dio dentro del entorno familiar”, manifestó.

Recordó el caso de la niña abusada y asesinada en Pedro Juan Caballero y, además, la adolescente que hace unos días fue llevada por su propia madre para que un preso abusara de ella. “En el caso de Pedro Juan Caballero la propia madre prácticamente vendió a la niña de tres años a ciertas personas. Y hace unos días tuvimos el caso de la propia madre que lleva al penal de Emboscada a la niña de 12 años para que sea abusada por un reo. Entonces, vemos que ese propio entorno abusador es cercano a la familia”, expresó.

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