Palacio de Justicia de Ciudad del Este donde se hizo el juicio a un hombre por abuso sexual en persona indefensa y fue condenado a tres años de prisión. Ocurrió en el 2020 y la víctima es una joven que padece de trastorno mental. FOTO: Gustavo Galeano
Condenan a tres años de prisión a hombre que abusó de una joven enferma
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un hombre fue condenado a tres años de prisión por el abuso sexual de una persona indefensa, una joven enferma. El Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Vitalia Duarte, Serafín González y Fabio Aguilar, dictó el fallo en la causa que ya data del año 2020 en la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
El fiscal Luis Trinidad Colmán representó al Ministerio Público en el juicio oral y público realizado ayer 24 de mayo en el Palacio de Justicia del km 9 Monday de Ciudad del Este. La pena privativa de libertad por abuso sexual en personas indefensas tiene su antecedente con la agresión sufrida por la víctima, el 16 de abril de 2020.
Fue en una residencia ubicada en el distrito de Minga Guazú. Resultó víctima una joven de 22 años, con problemas neurológicos y un retraso mental de 10 años, según los diagnósticos médicos confirmados por el Ministerio Público durante el juicio. La mujer sufrió lesiones durante el ataque y el agresor está identificado con las iniciales C.R.A. (33), quien era vecino del lugar.
El victimario aprovechó la ausencia de los padres de la joven para violentarla.La madre, al descubrir el hecho, presentó la denuncia ante el Ministerio Público y entregó un video que mostraba claramente lo sucedido, el ahora condenado, acostado en la cama junto a su hija, sin remera, según el escrito de acusación fiscal que fue admitido por el tribunal.
Además, en el video se observaba al acusado sonriendo y mostrando un gesto obsceno. La madre declaró que, en ese momento, al preguntarle a su hija sobre lo sucedido, esta confesó que el autor del hecho la había desnudado y sometido sexualmente, además de otros aspectos de la violación.
Sufrió lesiones y sangrado, que luego fue confirmado por medicina forense de la Fiscalía, como consecuencia del abuso sexual. Posteriormente, la Fiscalía imputó al denunciado por abuso sexual en personas indefensas, proceso que derivó en la condena de tres años de cárcel, según el fallo del juicio realizado hoy en Ciudad del Este.
Minga Guazú: detuvieron a un brasileño buscado hace 16 años por homicidio
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes de la subcomisaría 52.ª de la Fracción Piro´y de Minga Guazú detuvieron a un ciudadano brasileño por una orden de captura emitida por un homicidio doloso ocurrido en el 2008. Se trata de Maicon Cristiano Rebbein Tavares, de 36 años, quien reside en la ciudad de Curitiba (Brasil), quien era buscado en la causa 729, que fue expedida por el Juzgado Penal de Santa Rita, del pasado 29 de octubre, en relación a un crimen registrado hace 16 años.
La detención se produjo ayer sábado a las 7:00 sobre la ruta PY06, en un procedimiento de control regular de personas y vehículos en la zona del kilómetro 30 de Minga Guazú, pero en el caso del detenido, el mismo circulaba a alta velocidad a bordo de una Chevrolet con chapa brasileña DAV-9009.
El oficial inspector Víctor Recalde, subjefe de la subcomisaría interviniente, refirió a La Nación/ación Media que, según lo señalado por el detenido, hace unos días ingresó al Paraguay por Ciudad del Este, pero ya vino en otras oportunidades, a visitar a algunos familiares. El subjefe policial mencionó que, según datos preliminares, Maicon Critiano habría vivido en Tavapy, pero luego del homicidio huyó a su país, fijando residencia en Brasil.
La doctora Delia Torres, actuaria judicial del Juzgado Penal de Santa Rita, refirió a La Nación que la causa de homicidio doloso ya fue en el año 2008, pero “antes se enviaban en formato papel los oficios de orden de captura a la Policía Nacional y ahora, con el nuevo sistema, se digitalizó y ahí saltó su nombre en el registro de la policía Nacional”. El detenido fue citado en varias oportunidades para su comparecencia ante el juzgado, pero no acudió, por cuya razón fue expedida la orden de captura, según la actuaria judicial.
Trasladaron a 24 presos de CDE a Minga Guazú para integrar un programa laboral
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
En la tarde de ayer miércoles se realizó el traslado de 24 personas privadas de libertad (PPL) desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, para que sean incluidos dentro del programa laboral en los recintos penales. Ya están insertos 40 internos dentro de dos empresas y ahora se sumarán los 24.
La medida dispuesta por la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios se efectúa en el marco del convenio firmado por el Ministerio de Justicia con las empresas privadas River’s Import-Export S.A. y Dreamy Internacional S.A. El procedimiento fue comunicado a los juzgados que llevan las causas de las PPL trasladadas.
La primera es fabricante de productos textiles, y la segunda se dedica al diseño y confección de artículos para el ajuar de bebés (kit de cunas, almohadas, cortinas, sábanas, bolsas, nidos y otros). Estas empresas instalaron sus equipos en el espacio destinado a talleres dentro del recinto penitenciario, para que los internos puedan trabajar en la confección. Los 24 trasladados tendrán una capacitación laboral previa para luego incorporarse al trabajo.
Las personas privadas de libertad que integran este grupo fueron seleccionadas mediante una evaluación del equipo técnico de clasificación, conformado por un grupo multidisciplinario de funcionarios del Ministerio de Justicia, quienes dictaminaron que las mismas son aptas para ser insertas en el programa de reinserción social y laboral.
El programa laboral ya tenía incorporadas a 40 personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario de Minga Guazú y con los 24 de ayer, que ahora inician su capacitación, serán 64 internos los que tendrán una fuente de trabajo remunerada. Además de las empresas ya citadas, una tercera que también ya está produciendo dentro del penal es Mega Plásticos y próximamente se incorporará una cuarta firma, New Matrix, según refirió a La Nación/Nación Media, María Rosalía González, directora de Bienestar y Reinserción Social del Ministerio de Justicia.
Todas las personas que son incorporadas al programa laboral ya tienen condenas, como parte de la separación entre prevenidas y condenadas que se está implementado en el nuevo funcionamiento penitenciario, remarcó la directora Rosalía González. Informó que el proceso es gradual y todos los siguientes traslados se enmarcarán dentro del mismo programa, salvo el caso de los que son destinados al área de alta peligrosidad, entre quienes hay condenados y otros que no todavía.
Evidencias incautadas de la casa quinta donde habrán estado los delincuentes que asaltaron dos furgonetas con mercaderías en Minga Guazú. Entre las mismas aparece un uniforme policial con identificación. Foto: Gentileza
Aprehenden a dos supuestos autores de robo agravado y recuperan mercaderías
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
Allanaron hoy una casa quinta y aprehendieron a dos hombres que habrían sido parte de la gavilla que asaltó a mano armada a dos furgones con mercaderías, el fin de semana. Recuperaron parte de los artículos robados, según el reporte de la Comisaría 8ª. El procedimiento fue hoy desde las 10:00, en Minga Guazú y estuvo a cargo del fiscal Alcides Giménez.
Los aprehendidos son Adriano Ramón Cabrera Martínez (46), encargado del lugar, y Abner Azael González Álvarez (22), con antecedente por robo agravado. En el caso del encargado, relató que alquiló la casa por 5 millones de guaraníes y que en la medida en que pasaban los días, empezó a sospechar que algo pasaba, según los intervinientes.
La quinta allanada está ubicada en el km 22, lado Monday, a unos 2.500 metros de la Ruta PY02, distrito de Minga Guazú. Los delincuentes alquilaron la citada casa, unas dos semanas antes del atraco y una parte de la misma fue utilizada como depósito de las mercaderías robadas, según explicó a La Nación/Nación Media, el comisario Osvaldo Osorio, jefe de la Comisaría 8ª.
El grupo criminal tenía que ir a la quinta a retirar las mercaderías, pero pasaron los días y los policías llegaron antes. Todavía se desconoce por qué los delincuentes no pudieron retirar antes la carga robada. El encargado confirmó que recibió más dinero por extender los días de arrendamiento.
Fueron incautadas cajas de calzados y ropas varias, además de dos aparatos celulares de las personas aprehendidas, pasamontañas, quepis, guantes, una placa policial y una remera policial con identidad.
La intervención tiene que ver con la investigación del asalto a dos furgones cargados con prendas de vestir, pertenecientes a la empresa Óptima S.A. que estaban siendo trasladados de Asunción a Ciudad del Este, para un nuevo centro de compras. Ocurrió a las 23:30 del viernes 25 de octubre. Es lo que informó el comisario Osorio.
El Vaticano presentó su primer informe sobre abusos en la Iglesia
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El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.
En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.
La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.
“Acceso a la verdad”
Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.
La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.
En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.
La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.
Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables acusados en casos de pedocriminalidad. Foto: AFP
Llamados a más transparencia
En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.
Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.
Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.
“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.
Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.