Ciudad del Este. Agencia regional.
La fiscal antisecuestro Zunilda Ocampos Marín acusó formalmente a seis policías y un abogado por supuesta extorsión a una mujer, a quien presumiblemente pidieron la suma de 100.000 euros para no extraditarla a España, donde tenía una causa legal pendiente. El proceso penal a los uniformados es por privación de libertad, extorsión y asociación criminal.
Los acusados son la oficial primero Karina Caballero Giménez, el oficial ayudante Diego Fernando Ayala Mallorquín y los suboficiales Éver Raúl Aquino, Rafael Silvero Bogado, Hugo Arnaldo Báez Zalazar y Alfredo Báez Zalazar. También el abogado Abdo Escobar, quien enfrenta cargos por extorsión. La denuncia data de noviembre de 2022 y al inicio se habló de dólares.
La causa se inició cuando los agentes policiales del Departamento de Homicidios de Alto Paraná, presuntamente, se aliaron con el letrado para privar ilegalmente de su libertad a la ciudadana Reinalda Santacruz Brítez y exigirle el pago del millonario monto, a fin de obtener un beneficio indebido a expensas del patrimonio de la víctima. La misma había llegado hacía unos meses de España.
Según el escrito fiscal, Abdo Escobar era el único que conocía los antecedentes legales de la mujer en España, ya que había sido contratado por ella para el asesoramiento judicial en la causa que enfrenta en ese país. Sin embargo, Escobar habría compartido esta información con los agentes, quienes interceptaron a la mujer en el barrio Remansito de Ciudad del Este el 3 de noviembre de 2022, a las 9:00.
Vehículo robado fue la excusa inicial
Los agentes le informaron falsamente que su vehículo fue reportado como robado y la trasladaron a la base del Departamento de Homicidios, en el barrio Boquerón. En el trayecto, le preguntaron si tenía un abogado y, en caso afirmativo, le pidieron que lo contactara de inmediato.
Ya en sede policial, con presencia del abogado y del marido de la mujer, el español Juan Antonio Pérez, los acusados interrogaron a Reinalda sobre su situación judicial en el país europeo, diciéndole que la misma tenía captura internacional y debía ser trasladada de inmediato a Asunción.
Más de siete horas mantuvieron a Reinalda Santacruz privada de libertad y le exigieron presuntamente el pago de los 100 mil euros para su liberación y así evitar la supuesta extradición al país europeo, según la formulación fiscal. La denunciante refirió que no contaba con dinero, por lo que fue esposada y fotografiada.
Pedido bajó a 10 mil euros
Pasaron las horas y los policías bajaron sus pretensiones a 10.000 euros, monto que Juan Antonio Pérez intentó realizar a través de una transferencia del banco Sabadell de España a una cuenta bancaria proporcionada por los policías, correspondiente al banco Familiar, a nombre de Felipe SRL.
La transferencia fue rechazada y la cuenta bloqueada por seguridad, no pudiendo cumplirse con lo exigido. Ante este revés, los acusados elaboraron un acta de garantía de pago con espacios en blanco y fijaron el 4 de noviembre, a las 14:00, como fecha límite para el pago, forzando a Reinalda Santacruz a firmarla, bajo amenazas de ser extraditada.
La víctima cambió de abogado y presentó la denuncia contra los presuntos extorsionadores el 17 de noviembre de 2022. Al día siguiente, la mujer fue detenida con fines de extradición porque fue activado con código rojo una orden de captura desde España por trata de personas.
La Fiscalía inició investigación por la denuncia de supuesta extorsión, presentó acusación al cumplirse el plazo procesal y pidió la elevación de la causa a juicio oral y público. El requerimiento conclusivo fue presentado al Juzgado Penal de Garantías N.º 3, a cargo de Carlos Vera Ruiz.