Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Édgar Benítez Delgado imputó a dos personas por la compra de soja supuestamente robada durante un asalto a tres camiones, ocurrido la semana pasada. Se trata de José Miguel Cabrera González (39), propietario del Molino Granero Mbaracayú y de Juan Ángel García Coronel (37), encargado del mismo molino. Están procesados por reducción de 66.000 kilos de soja.
De acuerdo a la investigación, existen sospechas que el pasado 19 de mayo, a las 15:00, los encausados habrían adquirido dos cargamentos de soja: uno de 33.420 kilos y otro de 32.910 kilos, sumando un total de 66.330 kilos. Los granos adquiridos habrían sido parte del robo agravado ocurrido en esa misma fecha, en horas de la mañana, en la colonia Nueva Conquista del distrito de Itakyry, cuando tres camiones cargados fueron atacados.
El hecho fue denunciado por Sidinei da Silva Schneider, tesorero de la cooperativa Coopasam. Las víctimas del asalto fueron los conductores de los tres camiones: José Eligio Noguera Kennedy, Bernardo Núñez y Juan Emigdio Silva Amarrilla.
Los autores del robo fueron seis desconocidos fuertemente armados, quienes despojaron a las víctimas de sus respectivos camiones que transportaban las cargas de oleaginosa. Los investigadores descubrieron mediante rastreo satelital que uno de los camiones había ingresado al Molino Granero Mbaracayú, ubicado en el cruce Itakyry. Se pudo determinar que el vehículo ingresó al establecimiento a las 15:10 y salió alrededor de las 15:40.
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Ante ese dato, el local fue allanado por una comitiva policial y fiscal encabezada por el agente Édgar Benítez Delgado, de la unidad zonal de Minga Porã. Durante la inspección del lugar, se encontraron rastros de granos en la parte trasera del silo, específicamente en la tolva, mientras que los depósitos estaban completamente vacíos.
Visualizaron huellas del camión que coincidían con la ubicación indicada por el GPS; por lo cual, el fiscal ordenó la detención preventiva del propietario del lugar y del encargado. La imputación fiscal se basó en la existencia de evidencias sobre la comisión del delito de reducción y en la presunta participación de los imputados. Juan Ángel García habría recibido la carga de soja robada, mientras que el propietario, José Miguel Cabrera, se presume que estaba al tanto de lo sucedido.
Posteriormente, los implicados llegaron a un acuerdo con los directivos de la cooperativa Coopasam, comprometiéndose a entregar un camión como forma de reparar los daños causados, así también, a resarcir la pérdida económica sufrida por dicha entidad cooperativa. Estos hechos evidenciaron la participación de los mismos en el delito investigado, según el escrito de imputación fiscal.
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