En la ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná, se realizó ayer martes la inauguración de una nueva planta de la industria alimenticia, que tendrá un gran impacto en la zona por la cadena de valor que representa, tanto por la generación de mano de obra, implementación de materia prima local, entre otros aspectos.

Es lo que informaron desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), tras haber participado el titular de la cartera, Javier Giménez, del acto de inauguración de la nueva empresa en el este del país, que apuesta por la materia prima y la mano de obra paraguaya para la elaboración de sus productos, dijo.

Se trata de “Alimentos del Este E.A.S”, especializada en la elaboración y distribución de magdalenas, con una capacidad de producción de 150.000 unidades por cada turno, para lo cual fue necesario una importante inversión, 100 % nacional.

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El volumen de producción implica un significativo impacto en la industria alimentaria nacional, por la alta demanda de insumos locales que serán implementados como harina, azúcar, aceite vegetal y huevos, a más de los complementos para el packaging y la presentación de los productos.

“Este tipo de iniciativas no solo generan empleo directo, sino también impulsa una red de proveedores y puestos de trabajo indirectos, creando un círculo virtuoso que beneficia a toda la región. Es ejemplo de resiliencia empresarial y de adaptación ante los desafíos del mercado”, expresó Giménez.

En tanto que el directivo y socio de la empresa, Marcos Ortiz, señaló la importancia de la inversión y el trabajo conjunto con las autoridades para fortalecer la industria nacional, al tiempo de agradecer al MIC por el apoyo. “Estamos seguros que Alimentos del Este representa una gran esperanza para el desarrollo económico, ofreciendo productos fabricados con materia prima 100 % paraguaya”, mencionó.

Asimismo, Ortiz enfatizó la necesidad de un compromiso colectivo para mejorar la competitividad y oportunidades laborales en el país. Adelantó que la fábrica “Alimentos del Este” no solo promete abastecer al mercado local, sino que también tiene planes de expansión hacia mercados internacionales.

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Actualmente son dos los centros penitenciarios en los que está habilitado el régimen cerrado, ellos son el penal Martín Mendoza de Emboscada y el de Minga Guazú, a donde se destinan a las personas privadas de libertad con alto perfil criminológico y guardan reclusión en celdas individuales, sin contacto con los demás.

“El régimen cerrado especial es necesario para mantener o tratar de mantener la calma y demostrar el interés del Estado porque cambien las cosas dentro del sistema penitenciario que tan golpeado estuvo dentro de los últimos tiempos”, expresó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal a la 650 AM.

Mencionó que a casi un año de la implementación de este régimen, varios representantes legales han accionado apuntando a que sus clientes pasen al régimen ordinario, pero de acuerdo al entendimiento del Poder Judicial, este sistema especial se adecua a las normas vigentes y es necesario para el ordenamiento penitenciario.

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“En el régimen cerrado especial hay una capacidad para 82 personas de alto perfil, son celdas individuales, está destinado para aquellos con altas condenas o ligados al crimen organizado, personas que no se adecuan al sistema ordinario o que dentro del mismo son líderes dentro de esa penitenciaría y tienen a un grupo importante alrededor”, detalló.

El viceministro señaló que las personas de alto perfil no demuestran una predisposición a cumplir con los reglamentos de un centro penitenciario, por lo que son destinados a dicho régimen hasta que ellos mismos puedan tener las características para formar parte del régimen ordinario. Benítez indicó que se realizan evaluaciones por el organismo criminológico para determinar si son aptos o no para cambiar de régimen.

“Creo que para cualquier persona sería duro, más todavía para ellos que hacían lo que querían, seguían con sus operaciones desde las penitenciarías, estas personas nunca demostraron interés en dejar de cometer hechos punibles”, recalcó. Cabe destacar que la capacidad de reclusos de los dos centros es para 1.237 personas y cuentan en total con ocho pabellones.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Una aeronave de la Fuerza Aérea Paraguaya tuvo un accidente ayer domingo en horas de la noche, fue al momento de aterrizar en el Aeropuerto Guaraní, de Minga Guazú, a raíz de un aparente problema mecánico. La avioneta estaba con tres tripulantes militares que resultaron con lesiones leves.

Es lo que reporto el personal policial de la cita terminal, que indicó sobre un aterrizaje forzoso, no obstante, la Fuerza Aérea aclaró que en realidad se trató de un despiste o salida de pista por pérdida de control al momento del aterrizaje.

Ocurrió a las 22:40 de ayer 17 de noviembre. La avioneta, con matrícula 1235 estaba con tres militares como tripulantes: la teniente primera Nilsa Atumar, el teniente segundo Roberto Insaurralde y el sargento ayudante Domingo González. Todos sufrieron lesiones leves, al producirse el impacto del aterrizaje y salida de pista.

La aeronave procedente de Concepción iba con destino al Aeropuerto de Minga Guazú. Preliminarmente, el reporte policial del Puesto Número 2 del Aeropuerto Guaraní, refirió un posible problema mecánico, por no desplegar el tren delantero, ya casi en el aterrizaje.

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Sin embargo, según explicación del director de Comunicación de la Fuerza Aérea Paraguaya, mayor Hernán Dioverti, no fue un aterrizaje forzoso lo que ocurrió. Dijo que, en realidad, fue una pérdida de control de la aeronave que produjo una salida de pista o despiste, como se conoce.

Mencionó que ya fue conformada una comisión investigadora para la averiguación de lo ocurrido, a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cipafa). Refirió además que la avioneta quedó con daño leve y los tripulantes también con heridas leves.

Los lesionados fueron asistidos por el equipo de emergencia del Aeropuerto Guaraní y el accidente no generó mayores inconvenientes, según dijo a La Nación/Nación Media, el administrador del Aeropuerto Guaraní, David Gavilán. Confirmó que la aeronave salió unos 40 metros de la pista de aterrizaje.

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El 17 de noviembre del 2018 falleció Lidia Meza Burgos, una joven de 18 años que recibió 16 puñaladas durante su visita a la celda del capo del grupo criminal brasileño Comando Vermelho, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias “Marcelo Piloto” o “Piloto”, alojado en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Con este crimen a sangre fría a esta desafortunada víctima, el líder narco hizo una última jugada desesperada tratando de evitar su extradición a Brasil.

La víctima del terrible suceso era de la zona de General Resquín, del departamento de San Pedro, quien fue atacada por Piloto con un objeto punzante cerca de las 14:00 horas de aquel sábado, hace 6 años. El crimen generó inmediatamente la indignación generalizada de la ciudadanía atendiendo a que sucedió dentro de una sede policial de máxima seguridad. Luego de ser derivada hasta el Hospital de Barrio Obrero para su atención, la joven no respondió y falleció.

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La familia de Lidia Meza quedó destrozada. Su papá, Francisco Meza, de profesión albañil, comentó la joven había regresado de la Argentina en mayo del 2018 y que, un mes antes del crimen, trabajaba cuidando a una mujer de 90 años, en zona del Mercado 4 de Asunción.

El hombre se enteró de la muerte de su hija cuando un pariente le preguntó por teléfono si Lidia se encontraba en la casa, ya que se enteraron sobre lo sucedido a través de la televisión. En aquella época, Meza compartió a la prensa acerca del mensaje final que recibió de su hija: “El último audio que me envió fue a las 12:17, y me dijo que a las 15:00 iba a estar en casa”.

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Marcelo Piloto recurrió al plan de perpetrar un asesinato para que la extradición pueda posponerse, suponiendo que una imputación por homicidio doloso podría evitar que vaya al Brasil. Pero está situación no surtió efecto y, dos días después, por la madrugada del lunes 19 de noviembre, Piloto fue trasladado hasta su país, donde soporta condena de 26 años de cárcel por varios hechos, en la Penitenciaría Federal de Catanduvas, en Paraná. En agosto de 2019 fue imputado por el crimen de la joven Lidia Meza.

Con una jerarquía en Comando Vermelho solo superada por Fernandinho Beira-Mar, Pinheiro Vega huyó a Paraguay en 2012, según investigaciones de la Policía Civil de Brasil, luego de la ocupación de la favela de Manguinhos (Rio de Janeiro) por fuerzas de seguridad. El 13 de diciembre de 2017 fue arrestado en Encarnación por fuerzas especiales de inteligencia y seguridad pública brasileñas; sin embargo, su trámite de extradición se aprobaría en setiembre de 2018 y estaba prevista inicialmente que se efectúe en diciembre de ese año. Pero el asesinato en prisión aceleró su deportación.

Detenido en Paraguay por contar con documentos falsos y tenencia ilícita de armas; en Brasil, el juzgado de Ejecuciones Penales del Estado de Río de Janeiro lo sentenció en dos causas, con una condena a 21 años de reclusión en uno de los casos, y en la otra por 5 años y cuatro meses. Adicionalmente, su abogada Laura Casuso fue asesinada a tiros por un sicario, el 12 de noviembre de 2018, cuando abandonaba un templo masónico en Pedro Juan Caballero.