Una grave denuncia se registró en la Municipalidad de Caaguazú, bajo la administración del intendente liberal José “Papu” Ríos, que, de acuerdo a medios locales, se trataría de un esquema de estafa que llevó al supuesto desvío de fondos de G. 400 millones de las arcas municipales. La denuncia apunta a funcionarios de la comuna, presuntos allegados al intendente Ríos, sobre el cobro en caja de inmuebles y posterior anulación de la operación para no dejar registro del cobro.

“Los concejales de la Asociación Nacional Republicana (ANR) de la Municipalidad de Caaguazú nos dirigimos a la ciudadanía en relación a la reciente denuncia pública que ha tenido eco en la prensa local, en la cual se señala el supuesto desvío de fondos provenientes de pagos por la compra de inmuebles municipales”, expresa un comunicado emitido por un grupo de concejales municipales, que solicita una profunda investigación del caso.

Para garantizar la transparencia de la administración pública, los representantes comunales instan a la ciudadanía local que haya realizado pagos por la adquisición de solares municipales a “acercarse a sus contadores para verificar la validez de las facturas expedidas por la Municipalidad y la correcta acreditación de sus pagos en el sistema Marangatu”.

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También solicitan la colaboración de los ciudadanos en el proceso para aclarar cualquier irregularidad, y “asegurar que los recursos municipales sean gestionando de manera honesta y eficiente”. Además, expresan el compromiso para garantizar los intereses de la comunidad y la adopción de medidas para garantizar la integridad en la gestión de los bienes públicos.

“Solicitamos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos denunciados y establecer las responsabilidades correspondientes. No toleramos actos de corrupción, ni prácticas que atenten contra el patrimonio municipal y el bienestar de nuestra comunidad. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la justicia y el desarrollo de Caaguazú”, finaliza el comunicado de la bancada de la ANR de la Junta Municipal caaguaceña.

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La Policía Nacional logró la detención de un hombre que manoseó a una joven de 19 años y, a punta de un arma blanca intentó violarla en un patio baldío de la ciudad de Limpio. La joven comenzó a gritar pidiendo ayuda y fue en ese momento que los vecinos lograron salvarla del sujeto que hoy ya está detenido.

De acuerdo al relato, los vecinos del barrio Montaña Alta escucharon los gritos cuando la joven estaba pidiendo la ayuda de las personas debido a que un hombre, con un cúter en la mano y bajo amenaza, la estaba manoseando en sus partes íntimas, pero gracias a la actuación de los vecinos, el hecho no pasó a mayores y lograron salvar a la joven.

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De acuerdo al relato, los vecinos de la zona salieron para rescatar a la joven y a los golpes y patadas pudieron reducir al sujeto, quien intentó en todo momento agredir a las personas que defendieron a la joven.

Luego del terrible suceso, se realizó la comunicación al Sistema 911 de la Policía Nacional, que procedió a la detención del sujeto y se comunicó el hecho al Ministerio Público. El hombre ya habría intentado abusar de otras mujeres en la zona.

Ahora, el detenido será convocado por el fiscal de turno de Limpio para la audiencia indagatoria y luego ya se podrá presentar la imputación correspondiente atendiendo a la gravedad del hecho.

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Los abogados Carlos Daniel Alarcón, y Karina Almeida Marcelo Riveros, en representación de Lourdes Sosa Cuevas, funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología de Normalización y Metrología (INTN) presentó querella adhesiva por los delitos de resistencia, coacción y coacción grave contra el abogado Walter Ramón Acosta, quien agredió brutalmente a la mujer.

La presentación se hizo ante el juzgado penal de garantía de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, que deberá admitir la querella adhesiva presentada por la víctima del grave hecho. Una vez admitida la querella, la víctima podrá proponer diligencias investigativas en el presente caso.

Acosta está imputado por resistencia, coacción y coacción grave luego de la agresión a la funcionaria de la INTN Lourdes Sosa. El hecho se había registrado hace dos semanas en una estación de servicios, ubicada en la localidad de Tavapy, departamento de Alto Paraná. La fiscala Rocío Celeste González había imputado al agresor, quien se mantuvo prófugo de la justicia hasta que un tribunal de apelación, integrado por Efrén Giménez, Raúl Insaurralde, y Marta Acosta, eximió de prisión al abogado Acosta, fallo judicial que fue sumamente criticado por la sociedad y diversos sectores políticos.

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Igualmente, el Senado decidió hoy miércoles presentar una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra de los camaristas mencionados por levantar la orden de captura del abogado Acosta.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Santander pidió al presidente de la Corte César Diesel y a los demás integrantes del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial que inicie un sumario contra el abogado Walter Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia.

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Tres personas fueron detenidas en un taller mecánico en la ciudad de Capiatá, donde estaban desarmando una motocicleta que fue robada horas antes. El biciclo se pudo localizar gracias al sistema de GPS que derivó en el local.

Los aprehendidos fueron trasladados hasta la comisaria de Capiatá, donde tendrán que ser llamados para que puedan declarar y ya luego la Fiscalía podría presentar la imputación pertinente contra los tres detenidos.

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El denunciante indicó que tuvo que ponerse al día con el sistema de GPS, lo que posibilitó que se active nuevamente el servicio y así poder lograr ubicar la motocicleta que ya estaba toda desarmada. De acuerdo a los agentes policiales, uno de los detenidos, quien fue el que robó la moto, le vendió al dueño del taller mecánico por la suma de G. 200.000.

En caso de que los tres detenidos sean imputados, los mismos deberán comparecer ante un juzgado penal de garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En la referida diligencia judicial se definirá si los detenidos van a estar privados de su libertad o serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión.

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