El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó la fuga de reclusos en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, las primeras informaciones señalan que se trataría de 8 reos, todos pertenecientes al mismo pabellón. Ocurrió en horas de la tarde, alrededor de las 16:00h. Aseguró que este hecho es un “toque de atención para mejorar”.

Los fugados identificados son Pablo Melgarejo, alias “Chopale”; Derlis Ramón Giménez; Fredy González; Marco Quadra; Fernando Aquino; Anderson Quero (PCC); Juan Insfrán y Wilson Rotela. Estos sujetos guardaban reclusión por hechos de asalto, robo, incluso uno de ellos estuvo involucrado en el asesinato de un policía en el 2022.

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Al respecto, el ministro, quien estuvo invitado en el programa El Péndulo, de Unicanal, hizo la aclaración que la persona de apellido Rotela, no guardaría relación familiar con el clan Rotela de Tacumbú. Mencionó que poco antes de ingresar al programa recibió la noticia por parte del comandante de la Policía Nacional.

“Tampoco, de entre los fugados hay alguno que sea de un perfil importante, hay uno que sería del PCC, es todavía información preliminar La Policía Nacional, ya se encuentra en estos momentos colaborando con el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, a quien le vamos a dar como siempre todo el apoyo. La idea es recapturarlos, de ser posible lo más rápido; y obviamente investigar después qué pasó y cómo se escaparon”, expresó.

Mencionó además que aparentemente algún vecino vio alguna tela blanca, o sogas, por encima del muro. “Esa cárcel tiene un montón de dispositivos; así que sin acusar a nadie, presumo que pudo haber algún tipo de falla en el sistema o complicidad. Porque la verdad en estos lugares se mueve mucho dinero y muchos intereses”, indicó

Asimismo, señaló que en el sistema penal existe una lucha permanente al cual están enfrentando. Desde que asumió el ministro Rodrigo Nicora, ya enfrentaron 8 intentos de motines, incluido el que se registró en horas de la mañana, y todos ellos fueron sofocados.

“Antes, cada vez que entrabamos a alguna de las prisiones, había una reacción natural. Hoy ya estábamos manejando la situación, así que esto nos da un toque de atención para mejorar”, concluyó. Por su parte, en contacto con NPY, el ministro Rodrigo Nicora confirmó que entre los fugados no se encuentra Miguel Insfrán, alias Tío Rico.

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• Por Karina Ríos
• karinarios@nacionmedia.com

Hoy, 7 de enero, se rememoran 30 años del terrible acci­dente en el que fallecieron 11 personas en Hugua Hû, zona del cerro de Caacupé, luego de que una ambulancia y un bus de larga distancia choca­ran de frente. Se presume que la colisión se dio ante un ade­lantamiento indebido y desde aquella oportunidad se conoce a la zona como la bajada de la muerte.

Desde la cima del cerro de Caacupé, zona conocida como Hugua Hû hasta Pedrozo (Ypa­caraí), se conoce a la ruta PY 02 como “la bajada de la muerte” y esta fue bautizada así luego del segundo accidente con deri­vación fatal que se registró en el año 1995. Los poblado­res afirman que ese accidente siempre será recordado, ya que desde aquella vez cada boci­nazo o frenado brusco sirven de alarma para ellos.

Mayores datos sobre este fatídico accidente no se tie­nen, solo recuerdan que fue­ron 11 personas las que falle­cieron, entre ellas pasajeros, conductores y paramédicos. “Este tramo de la ruta PY02 (desde el kilómetro 40 al 48) ha sido bautizado como ‘la bajada de la muerte’ o ‘el tramo del infierno’, lugar que está envuelto de leyendas y mis­terio”, detalló el historiador Ángel Piccinini, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Señaló que entre estos ocho kilómetros se encuentran las compañías de Hugua Hu y Pedrozo, cuyos pobladores han sido testigos de innumera­bles tragedias. “Los registros de accidentes en esta zona se remontan a la década de 1930. Desde entonces, más de 200 vidas se han perdido en este corto tramo, que equivale aproximadamente a una cruz cada 15 pasos”, apuntó.

Piccinini indicó que el acci­dente que se reportó hace exac­tamente tres décadas fue un choque entre una ambulan­cia del Ministerio de Salud y un colectivo de la empresa La Santaniana, incluso se habla de dos buses, esta terrible coli­sión arrojó como resultando la muerte de 11 personas.

“Si bien el primer registro documentado de accidente en publicaciones periodís­ticas data del 15 de julio de 1978, cuando un colectivo de la empresa Rápido Yguazú SA (RYSA) colisionó fron­talmente contra un camión sojero, cobrándose la vida de 19 personas, el accidente más recordado por la población local ocurrió el 7 de enero de 1995″, refirió.

Vecinos de la zona recuerdan este accidente y afirman que se trató de un adelantamiento indebido en una ruta que era bastante angosta. Hace 30 años el lugar era más despo­blado, al menos los vecinos no corrían peligro como en estos tiempos, donde pese a la imple­mentación de buena infraes­tructura y mantenimiento de la ruta siguen reportándose terribles siniestros.

“Tenía 9 años cuando ocu­rrió ese accidente, fue real­mente impactante. Los veci­nos siempre recuerdan este siniestro, fue en el kilómetro 40, conocida como Hugua Hû en inmediaciones del Kurusu Pablito. Antes la ruta era más angosta, solo de 2 carri­les, uno subía y otro bajaba. En ese entonces había muy poca gente, era un lugar deso­lado”, apuntó Cristina Caba­ñas, pobladora de la zona, en entrevista con LN.

Afirmó que este percance rutero se desencadenó a causa de un adelantamiento inde­bido por parte de un bus de larga distancia que chocó a la ambulancia que llevaba a un paciente grave. “Esta ambu­lancia iba rumbo a Caacupé, llevaba a un paciente que estaba muy grave y La Santa­niana iba rumbo a Asunción, realizó el adelantamiento y embistió contra la misma”, apuntó.

Detalló que la ambulancia volcó y el bus avanzó hasta que detuvo la marcha, otro bus de la misma empresa que circulaba por la zona también resultó afectado. “En el lugar perdieron la vida siete personas y por el camino rumbo al hospi­tal fallecieron cuatro personas más, completando 11 fallecidos. Hasta ahora en el lugar antes de alcanzar un conocido hotel se encuentra el nicho que se ins­taló en nombre de los falleci­dos”, manifestó.

El historiador Piccinini refi­rió que desde la época de la Guerra del Chaco, en 1930, prisioneros bolivianos fue­ron forzados a trabajar en la construcción del Tapé Tuyá, camino que conducía al cerro de Caacupé. Estos prisione­ros sufrieron condiciones infrahumanas durante su cautiverio.

“Según la leyenda local, la maldición comenzó cuando uno de estos prisioneros, ago­tado por el trabajo forzado y el maltrato, maldijo el cerro mientras trabajaba bajo el sol abrasador. Se dice que en ese momento una tormenta de nubes negras cubrió la cima del cerro, y las rocas que se desprendieron cobraron su primera víctima: uno de los guardias”, apuntó.

Pese a las mejoras en la infraestructura y todas las metodologías que se imple­mentan para evitar acci­dentes graves, los siniestros viales se siguen reportando. “La historia de la ‘bajada de la muerte’ tiene un para­lelo significativo en Bolivia: la famosa carretera de Los Yungas, conocida mundial­mente como ‘la carretera de la muerte’ que irónicamente fue construida por prisione­ros paraguayos durante la Guerra del Chaco, y los boli­vianos atribuyen sus numero­sas víctimas a una ‘venganza paraguaya”’, puntualizó.

El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez informó sobre el alta médica de Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico” y el retorno a su lugar de reclusión en la cárcel de máxima seguridad en Minga Guasú. Días atrás, Insfrán fue trasladado a un centro asistencial en Ciudad del Este, por problemas gastrointestinales, donde estuvo internado para realizarse varios estudios clínicos.

El viceministro informó en comunicación con la radio 1020 AM, que todos sus estudios salieron con registros normales, por lo que ya recibió el alta médica y salió con las indicaciones de seguir el tratamiento con especialistas gastroenterólogos y nutricionista.

“El señor Insfrán ya está recuperado, y ya está de vuelta en la penitenciaría y se pudo descartar cualquier dificultad que pudiera tener en lo que respecta a su salud”, precisó.

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Benítez explicó que el mismo código de reclusión habilita al director de las penitenciarías a otorgar la salida de los reclusos, fuera de los centros penitenciarios, para recibir una atención médica más especializada. Sobre todo, cuando la vida del recluso corre riesgo, o no se cuente con las medidas necesarias para brindarle la atención médica dentro del penal.

“En este caso, de Miguel Ángel Insfrán, dos médicos del Ministerio de Justicia, más un médico cirujano que fue enviado por la jueza encargada del proceso del señor Insfrán, son los que determinaron que era necesario que esta persona requiriera una atención más especializada, por ende se solicitó su traslado a un centro asistencial”, indicó.

Agregó que la única persona que puede autorizar el traslado de las personas privadas de libertad, son los jueces encargados de sus procesos penales; salvo que exista la urgencia necesaria que debe ser documentada y firmada por el médico tratante. En el caso de “Tío Rico”, fueron tres médicos que coincidieron en la necesidad urgente de trasladarlo a un centro asistencial.

Confirmó, además, que Insfrán está sufriendo las consecuencias de una cirugía bariátrica que se había realizado años atrás, incluso antes de ser detenido por la Justicia. Precisó, que esta cirugía se realizó incluso antes de ingresar al Centro Penitenciario de Viñas Cué, donde fue recluido inicialmente.

“Tengo entendido que su cirugía fue en el año 2020, y que desde entonces viene arrastrando complicaciones posteriores. Por ello, es constantemente evaluado por médicos y nutricionistas; hasta que en las últimas semanas se estuvo realizando análisis médicos y que fueron justamente esos resultados los que determinaron que estaba descompensado y necesitaba una atención más especializada y ser trasladado a un centro asistencial”, acotó.

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Dos mujeres que sostenían una falsa congregación religiosa en Luque fueron imputadas por la fiscal Vivian Coronel, acusadas de captar presuntamente a una adolescente de 15 años, que debía recibir formación como novicia religiosa, en un régimen de servidumbre y de trabajo forzado. Olga Bogado Cubas (33) y Rufina Salinas Acuña (54) enfrentan cargos por el hecho punible de trata de personas.

Salinas Acuña, quien está prófuga y con una orden de captura, se hizo pasar por madre superiora de una falsa congregación denominada Nuestra Señora de Caacupé para presuntamente captar a una adolescente de 15 años que aspiraba a ser religiosa. El 19 de marzo de 2023, se presentó en la vivienda de la menor en el kilómetro 13 de Acaray, en Minga Guazú, y la sacó de su hogar tras llegar a un acuerdo con la madre.

Según el informe fiscal, Salinas llevó a la adolescente al lugar donde supuestamente operaba la congregación, ubicada en el kilómetro 14 de Acaray, a unos 2.000 metros de la ruta PY02. Allí, la víctima permaneció durante ocho días antes de ser trasladada el 27 de marzo de 2023 a otro sitio llamado Casa de la Reina de la Paz, situado en las calles Florida y Laureles del barrio Molino de Luque.

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En este segundo lugar, Olga Bogado Cubas, que se encuentra detenida desde el miércoles pasado con orden de prisión preventiva, presuntamente maltrataba física y psicológicamente a la quinceañera. El informe del Ministerio Pública señala que la acusada presumiblemente la abofeteaba, le golpeaba en la nuca y le obligaba a besar el suelo hasta cien veces.

La joven también era castigada recibiendo basura en la cabeza o alcanzada con trapos de cocina que luego debía lavar, a veces hasta altas horas de la madrugada, dejándole los dedos irritados. Además, la golpeaba con cable de acero y espátula, la insultaba y la obligaba a hacer tareas domésticas desde tempranas horas hasta la madrugada siguiente.

Ante los constantes maltratos, la menor, que tampoco podía comunicarse con su madre, solicitó regresar a su hogar, pero Bogado Cubas le negó esa posibilidad. En setiembre de 2023, la adolescente fue llevada nuevamente al kilómetro 14 de Minga Guazú, donde solicitó a Rufina Salinas regresar con su madre, recibiendo una negativa y siendo advertida de no revelar información sobre la “comunidad”.

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