Tras ser detectada una conexión irregular de energía eléctrica utilizada presumiblemente para actividades de criptominería, una comitiva realizó una intervención en la colonia Ybyporã, localidad de La Paloma del Espíritu Santo. Acudieron funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) acompañados por personal del Ministerio Público y la Policía Nacional procedieron a la intervención de la vivienda.

Durante el operativo resultó detenido Ángel Ignacio Caballero Gayoso, de 28 años, residente en Ciudad del Este. En su poder se hallaron una pértiga para maniobras en redes eléctricas de media tensión, una notebook y una antena satelital.

Durante una verificación técnica realizada por funcionarios de la Ande, se constató una derivación en media tensión sin medidor, y en el inmueble se encontraron más de 200 equipos procesadores dedicados a la criptominería.

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Finalmente, todos los equipos fueron incautados junto con un transformador de 1.000 kVA, así como conductores, conectores y otros equipos eléctricos; todo esto fue trasladado hasta el depósito de la ANDE en Saltos del Guairá por disposición del fiscal interviniente Carlos Cabrera.

Según el reporte de los técnicos de la ANDE, el daño patrimonial estimado por la conexión ilegal asciende a 552 millones de guaraníes, monto que, junto con los gastos operativos y multas correspondientes, deberá ser resarcido por los responsables del inmueble.

En cuanto al detenido, el mismo permanece bajo custodia en la comisaría primera de Saltos del Guairá y enfrentará cargos por sustracción ilegal de energía eléctrica y otros delitos conexos. Cabe destacar que los responsables de este tipo de delitos se exponen a sanciones que incluyen penas privativas de libertad de hasta 10 años.

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La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.

La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.

La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.

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“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.

Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.

“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.

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En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.

Este lunes, desde el departamento de Guairá denunciaron que el jefe de la Operaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villarrica, que fue acusado de estar involucrado con tortoleros, fue liberado y volvió a cumplir funciones en la comuna. La persona que lo denunció pide que lo aparten del cargo.

Se trata de Alexis Augusto Portillo, quien la semana pasada fue detenido en San Juan Nepomuceno junto con un grupo de tortoleros. Estos serían acusados de vaciar un vehículo y aparentemente habría más denuncias en su contra. El grupo criminal operaría en otros departamentos alejados de Guairá.

Según consta en la denuncia, el hombre actuó junto a otras personas y rompieron el vidrio de una camioneta que estaba estacionada en una frutería en Paraguarí. En pocos minutos lograron llevarse varios objetos del interior del rodado y lo detuvieron mientras estaba en compañía de los delincuentes.

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“Estamos esperando cómo va la investigación del caso y si realmente está involucrado en este caso del cual lo acusan. Ahora mismo todo está en manos del Ministerio Público y seguro ellos van a ir dando informaciones oficiales sobre el hecho”, explicó Emilio Duarte, director de Tránsito, en Unicanal.

Apuntó que en el área de recursos humanos tienen conocimiento de lo que ocurrió, pero que requieren de pruebas para apartarlo del cargo o alguna resolución de los investigadores. El robo quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad, sin embargo en la misma no se observa al acusado.

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La Policía logró detener al supuesto autor del crimen de un inspector de la Patrulla Caminera ocurrido el sábado por la noche en la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná. Se trata de Nelson Amarilla, alias Pucherito, quien junto a otro cómplice atacó a balazos un puesto de control, dejando malherido a uno de los agentes de guardia que posteriormente falleció en el hospital local.

El sujeto habría realizado aproximadamente 16 disparos, de los que dos impactaron en el cuerpo del agente de la Patrulla Caminera. El caso está siendo investigado por la fiscal Natalia Montanía, quien anoche ordenó el allanamiento donde se pudo aprehender a uno de los implicados en el asesinato.

Según las primeras pericias el motivo del ataque habría sido porque Amarilla fue retenido por la Patrulla Caminera en un puesto de fiscalización y habría dado positivo a la prueba del alcotest. Los atacantes se movilizaron en una motocicleta para perpetrar el asesinato. Ahora los investigadores están abocados a localizar al otro motociclista.

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El comisario Feliciano Martínez lidera las investigaciones junto con la representante del Ministerio Público y no se descarta que en las próximas horas también caiga el sujeto que está siendo buscado por la Policía.

Según los antecedentes, la víctima identificada como Dario Alberto Delgado Ortiz, de 51 años, estaba realizando controles frente a la oficina de la Patrulla Caminera ubicada sobre la ruta PY07, a la altura del kilómetro 230, en la ciudad Hernandarias cuando fue acribillado por los desconocidos.

Tras el suceso inmediatamente fueron convocados agentes del Departamento de Investigaciones para iniciar los trabajos de recolección de datos y evidencias, que arrojaron los primeros resultados con la detención de uno de los acusados y continúan los rastrillajes para localizar al hombre que acompañó a Amarilla para perpetrar el hecho caratulado como homicidio doloso.

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