La Dirección Nacional del Transporte (Dinatran) intensifica controles a transportes públicos que operan de manera irregular. Los propios empresarios solicitaron la fiscalización ante la proliferación de minibuses que operan al margen de la ley. El titular de la Dinatran destacó que las unidades que están habilitadas deben contar con seguro para garantizar protección a los usuarios.

“Es un control que venimos realizando en conjunto con los transportistas del área del interior a pedido de ellos justamente. Y porque también están en una situación que genera malestar principalmente en las personas que usufructúan el servicio y que están invirtiendo”, señaló el titular de Dinatran, Luis Fernando González, a la 1020 AM.

Dijo que es obligación de este ente la fiscalización para garantizar un servicio de calidad y seguro. “Estamos intensificando en contra de los transportes informales en ruta. Hay una cantidad considerable de minibuses que están trabajando de forma irregular. Y el trabajo que estamos haciendo es justamente para tratar de contrarrestar esa situación y que la gente pueda usufructuar los servicios que están habilitados”, manifestó.

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Uno de los operativos de control se realizó el día de ayer viernes en el distrito de San Rafael del Paraná, en el departamento de Itapúa. “El objetivo es verificar y sancionar a los vehículos tipo minibuses no autorizados por Dinatran, que operan como unidades de transporte regulares alzando pasajeros sin los permisos correspondientes”, informó la Dinatran en la red social X.

La institución aclaró que los controles no afectan a los vehículos que se utilizan para fines particulares, familiares, laborales y turísticos. “Viajar en transportes no autorizados pone en riesgo la seguridad”, alertaron las autoridades de la Dinatran.

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El presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), Óscar Stark, informó que actualmente suman 12 las empresas privadas interesadas en invertir en el ente estatal. Agregó que el proceso de la búsqueda de capital inició en abril pasado y finalizará el 14 de octubre, con el objetivo de evaluar las propuestas convenientes para el Estado y su institución.

“Todos conocemos la situación crítica, muy delicada en la que se encuentra Copaco y se requiere de una inversión grande de capital y cambiar su forma de trabajar. En este proceso buscamos a un socio privado que nos permita por un lado inyectar los recursos que requiere la institución para poder recuperarse y por otro lado traer las tecnologías, conocimientos, procesos, cultura de trabajo, conexión con otras empresas de telecomunicaciones en el exterior”, comentó Stark a la 1020 AM.

Asimismo, comentó que de las 12 propuestas privadas un total de 3 abarcan todos los servicios de Copaco, inclusive el comprar el 50 % de las acciones o realizar contratos de riesgos compartidos, es decir de asignar recursos y dividir los beneficios que se generen a partir de las inversiones. “Básicamente se busca apostar a los servicios de Copaco que tienen potencial. Algunos piensan en data center, otros en servicios de wifi en las calles, entre otros. Estas tres empresas privadas tienen interés de actuar en todos los servicios de Copaco y hacer inversiones para que la institución recupere la infraestructura de telecomunicaciones y sus clientes”, refirió.

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El funcionario de Estado acotó: “Veremos si surgen otras propuestas en las próximas semanas porque también estamos teniendo conversaciones informales y que todavía no se llegaron a plasmar en las notas o presentación a través del portal de iniciativas privadas. Realmente, Copaco está en una mala situación, no será fácil su recuperación, pero tiene potencial y esto es lo que se ve cuando hay empresas privadas interesadas en invertir”.

Por otra parte, manifestó que aún siguen impulsando un plan de reducción de personal, debido a que la institución no genera los suficientes ingresos para cubrir los sueldos. Con relación al pago de los salarios, puntualizó que los atrasos llegaban hasta 60 días, pero durante su administración se redujo a un máximo de 30. “Los primeros que cobran, lo hacen con 10 días de atraso, yo soy el último que cobra, con 26 a 27 días de atraso. Desde que asumí, bajamos a 350 personas y también estamos con un plan de retiro voluntario muy agresivo, con el que planeamos reducir 750 empleados”, comentó.

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El presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), Óscar Stark, destacó que después de muchos años llega una buena noticia a la institución: el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral ordenó el levantamiento de varios embargos sobre inmuebles y varias cuentas bancarias, proceso en que tuvo intervención la Procuraduría General de la República a favor del ente estatal.

En comunicación con el programa “Dos en la Ciudad”, que se emite por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, Stark resaltó que este logro permitirá generar un antecedente favorable para la institución porque Copaco es 100% del Estado, reivindicando el principio legal que puntualiza que los bienes del Estado son inembargables.

“La verdad pocas noticias buenas hemos recibido sobre Copaco, esta buena noticia fue gracias al exclente trabajo de la Procuraduría, con el acompañamiento de la asesoría jurídica para establecer un principio de que los bienes del Estado son inembargables y que Copaco es una empresa 100 % propiedad del Estado. Entonces eso hace que se facilite mucho la gestión del Estado”, comentó.

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Enfatizó que este se genera un precedente, a fin de que otros juzgados vayan revocando igualmente las órdenes de embargos que pesa sobre inmuebles y cuentas de Copaco, así como también que se vayan rechazando a partir de ahora las solicitudes de embargo. Teniendo en cuenta que desde el 2019 algunos juzgados, a pedido de jubilados de Copaco, fueron embargando a la empresa.

“El pedido de embargo es presentado principalmente por grupos de jubilados de Copaco que reclaman el cobro de una bonificación por jubilación, porque en la institución, de acuerdo a lo que está establecido en el contrato colectivo los funcionarios de Copaco, además de recibir su jubilación de IPS (Instituto de Previsión Social), tienen que recibir un beneficio de 0,5 salarios por año de antigüedad, y eso es lo que están reclamando muchos jubilados”, explicó, agregando que Copaco tiene embargos por casi 29 mil millones de guaraníes, generando serias dificultades financieras a la institución.

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“Esto ayudará a cambiar esta tendencia que se instaló desde el año 2019, en la que algunos jueces a pedido de jubilados fueron embargando vienes de Copaco, a pesar de que los bienes de la institución son inembargables y Copaco es una sociedad anónima, pero 100 % del Estado. Entonces, esto va generar un antecedente favorable, porque hará que ya no se embarguen los recursos de Copaco y esto permitirá una mejor gestión de las finanzas y los recursos general de la institución”, comentó.

Stak confirmó que Copaco cuenta con más de 500 inmuebles, que igualmente se están haciendo un trabajo enorme, porque muchos de esos inmuebles no están aún a nombre de Copaco. “Fueron donados hace 30, 40 o 50 años, y en su momento no se hizo la gestión que había que hacer para concretar las transferencias. pero hay más de 450 inmuebles que están regularizadas a nombre de Copaco, pero hay un poco más de 100 inmuebles que están en proceso de depuración y que vaya siendo transferido a nombre de Copaco”, concluyó.

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco) reforzó una denuncia formal, previamente presentada ante la Fiscalía, relacionada con posibles irregularidades cometidas durante la administración anterior, involucrando a la firma Hola Paraguay S.A. (VOX) y presuntas violaciones a la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, en “su compromiso con la transparencia y el resguardo de sus recursos”.

El presidente de Copaco, el economista Óscar Stark, junto con el representante legal de la entidad, el abogado Rodrigo Lezcano, se reunieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en el Ministerio Público, el 6 de setiembre, con el objetivo de reforzar la denuncia y explorar acciones adicionales que podrían llevar a una resolución más contundente del caso. Se discutieron estrategias para asegurar que la investigación avance de manera efectiva y se tomen las medidas adecuadas para resolver la situación.

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La denuncia, que ya está en curso de investigación, se encuentra en proceso de ampliación conforme se obtienen nuevos detalles de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. “La administración actual de Copaco reafirma su compromiso con la transparencia y continúa colaborando estrechamente con las autoridades para esclarecer los hechos y tomar las medidas legales necesarias”, indicaron desde el ente a través de un comunicado de prensa.

Además, durante la reunión se abordaron las constantes perturbaciones a las instalaciones de telecomunicaciones de Copaco. Estas perturbaciones, que afectan la calidad del servicio ofrecido, están siendo investigadas para identificar a los responsables y garantizar la protección de la infraestructura de telecomunicaciones de la compañía.

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