El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, habló sobre el caso de la funcionaria de la institución legislativa, Anadelia Acosta, denunciada por una millonaria estafa de G. 750 millones a dos familias que recibieron una indemnización por parte de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), por dos personas que habían fallecido por electrocución en la comunidad de Jagua Kaí de Caaguazú.

El diputado calificó esta denuncia como grave e indignante, porque tomó las medidas de manera inmediata desde la Cámara de Diputados. La primera decisión fue el cesamiento de su comisionamiento a la Municipalidad de R.I 3 Corrales (Caaguazú), así como poner a la funcionaria a disposición de Recursos Humanos, y la apertura de una investigación por parte de la dirección de Asesoría Jurídica de la Diputados.

“Tomamos conocimiento de esta situación a través de los medios de difusión masiva, de concretarse o llegar a la conclusión, que efectivamente fue así; primeramente, hay que decir que este es un hecho demasiado grave, no solo por la magnitud de la estafa o del robo, sino porque se perpetra o se realiza contra los más humildes, en su buena fe, en su confianza, en su dolor”, expresó Latorre, este martes, en conversación con los medios de comunicación.

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Agregó que, si bien existe un proceso abierto en la justicia y se debe respetar su proceso, desde la Cámara se tomaron las medidas de manera inmediata. “La primera (medida) es el cese inmediato de ese comisionamiento porque entendemos que en ese proceso, estando lejos de aquí se produjo ese suceso, entonces la idea es alejar a esa funcionaria que en este momento está en condición de sospechosa, alejarla de esa circunstancia”, indicó el legislador.

El presidente de la Cámara Baja, sostuvo que se espera que el caso también sea tomado con la rigurosidad correspondiente desde la justicia. “Estamos conscientes que existe una investigación del Ministerio Público y esperamos con sinceridad de que esto muy pronto se esclarezca y que esta situación se tome como un caso ejemplar, buscando proteger, por sobre todo a los más humildes a los más vulnerables”, sentenció.

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El diputado Guillermo Ariel Rodríguez, de la bancada Conciencia Democrática del Este “Yo Creo”, presentó este miércoles una nota a la presidencia de la Cámara de Diputados, en la cual renuncia al cargo de secretario parlamentario de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico.

Luego de conocerse que el supuesto hombre de confianza del extitular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, sospechoso de tener vínculos con el narcotráfico, cumplía funciones en esta mesa asesora mediante la figura del comisionamiento.

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De acuerdo a las investigaciones fiscales, el exdirector de la Senad, designado por Giuzzio, es sospechoso de mantener vínculos con Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, procesado por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del operativo A Ultranza Py.

En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, Rodríguez indicó que hasta ahora se desconoce quién fue el político que solicitó su comisionamiento a la Cámara Baja, y confirmó que personalmente no conoce al funcionario comisionado, ya que nunca se presentó en la comisión.

Ante estas circunstancias, el diputado afirmó que su renuncia básicamente obedece a cuestiones de seguridad. Señaló que no siente las garantías suficientes, cuando un sospechoso de filtrar información esté trabajando cerca de ellos.

“No me siento en condiciones de seguir firmando documentos, dictámenes, pedidos de informes, sabiendo que aparentemente existiría un funcionario dentro de la Cámara de Diputados, y más dentro de la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico que está siendo investigado por el Ministerio Público, por aparentes escuchas telefónicas que está vinculado o respondiendo directamente, o informando al crimen organizado”, indicó.

Ahora se dio a conocer la acusación formulada por el agente fiscal Deny Yoon Pak contra Tío Rico para elevar la causa a juicio oral, en la cual se revela un grave nexo entre el supuesto capo narco y el exdirector de inteligencia de la Senad, designado por el entonces ministro Giuzzio, y que fuera comisionado a la Cámara de Diputados.

El diputado Rodríguez sostuvo que este hecho grave debe servir para hacer una purga de las instituciones del Estado. Teniendo en cuenta que, bajo la administración de Giuzzio y su sucesora Zully Vera, habían desmantelado varias dependencias con el pretexto de la falta de resultados, como la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT) pese a tener entre sus logros desbaratar la logística aérea de Jarvis Chimenes Pavão.

En contrapartida, crearon varias direc­ciones y dependencias dentro de la Senad, cuya existencia no tenía soporte técnico ni jurídico. Entre las mismas se encuentra la Dirección de Inteligencia Técnica (DIT), desde la cual se compartía información con Tío Rico, esto según la propia Fiscalía.

Por otra parte, el diputado aclaró que su renuncia es al cargo de secretario parlamentario, no obstante se mantiene como miembro de la Comisión. Aclaró que en este tiempo que lleva trabajando en la mesa asesora nunca le vieron al citado funcionario, que a propósito el titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre, revocó en la fecha su comisionamiento.

“Por lo menos en nuestra comisión, no lo hemos visto nunca a este funcionario, no lo conozco personalmente. Situación que nos preocupa mucho más. Porque no sabemos cómo opera, no sabemos quién es. Nunca se lo vio en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico. Pero nos preocupa la posibilidad que pudiera acceder a información delicada o sensible y que luego eso, nos pueda comprometer a los legisladores miembros”, acotó.

Igualmente, el diputado Rodríguez manifestó que esta grave situación debe servir para hacer una auditoría profunda para saber dónde específicamente prestaba servicio el citado funcionario. Además de conocer quién es el político que solicitó su comisionamiento a la Cámara de Diputados y sobre todo a una comisión tan sensible como es la de Lucha contra el Narcotráfico.

“Creo que este es el momento de hacer una purga, una investigación profunda para encontrar e identificar a cada uno de los responsables. Esta purga debe realizarse en todos los servicios de inteligencia del país, ya sea de la Secretaría Nacional Antidrogas, los servicios de inteligencia policial y también en la Cámara de Diputados. Porque si hay uno y dos, hay dos y tres, los topos van a estar y esto no se puede dar en una institución tan delicada como la Cámara de Diputados”, enfatizó.

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Se confirma la sospecha del incendio provocado en la sede de la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal con la detención del funcionario identificado como Ramón Fernando Kiessel Bejarano (26), durante un procedimiento fiscal policial realizado este jueves en la vivienda del sindicado como autor. De su casa fueron incautadas varias evidencias entre ellas la vestimenta que habría utilizado el día del siniestro, cuyos datos fueron cotejados con imágenes captadas del circuito cerrado del edificio.

Según datos preliminares de los investigadores, el presunto autor fue contratado para la quema de archivos. Aunque el sujeto apagó todas las cámaras aparentemente se olvidó de desactivar uno de los monitores, conforme expresó el comisario César Diarte, jefe de Investigaciones de Asunción.

“Ahora en un allanamiento se procedió a la detención de Ramón Fernando Kiessel Bejarano, él es funcionario municipal de la Caja de Jubilados, sería la persona responsable de haber incendiado la oficina administrativa donde se encontraban documentos muy importantes según la denuncia”, señaló a la 1020 AM.

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El propio detenido confirmó que “fue contratado por alguien”, según manifestó el comisario Diarte. “Vamos a saber enseguida quién es ese alguien, vamos a seguir con unos cuantos operativos sobre eso”, adelantó.

Aparentemente para la Policía no hay dudas sobre la definición que dieron los denunciantes que consideraron que el siniestro fue intencional y formó parte de un operativo de quema de archivo de documentos que comprometerían la gestión de los actuales directivos de la Caja. “Este sí es el verdadero caso de quema de archivo”, dijo el policía.

Diarte describió la actitud asumida por el supuesto autor el día del incidente. “Ese día él había marcado su salida e ingresó nuevamente a la Caja de Jubilados y se ocultó por tres horas y después sale de una de las oficinas y empieza a apagar los circuitos de cámaras. Y en un momento dado se ve ya que se incendia las oficinas. La última cámara se olvidó de desconectar”, aseveró.

La detención del joven se concretó en su residencia ubicada en el barrio Trinidad de Asunción y su caso será juzgado por la agente fiscal Laura Giacummo de la Unidad Penal n.° 16 de Asunción.

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La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.

• Unidad de Investigación Nación Media

De chofer en Villa Elisa a encargado de con­trataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empre­sas con millonarios contra­tos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.

Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con res­pecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).

Espínola Villalba figura actualmente como fun­cionario de la Munici­palidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millo­nes. Su deambular por la función pública había ini­ciado hace un par de años, cuando su primo, enton­ces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.

Sin embargo, pese a su ya largo camino como fun­cionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cual­quier persona que se encuen­tre en el servicio estatal.

Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los docu­mentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.

Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amari­lla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estiga­rribia mediante la empresa Las Primas SA que, coinci­dentemente, fijaba direc­ción en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.

Las publicaciones periodísticas sobre los víncu­los del funcionario comu­nal con varias empresas y la ausencia de presenta­ción de sus manifestacio­nes de bienes empujaron a que la CGR inicie un pro­ceso de sumario con res­pecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presenta­ción de estos documentos.

Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.

Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alter­naba cargos de vicepre­sidente y presidente en la inmobiliaria.

Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), apa­rece también como vicepre­sidente de Terranova Inmo­biliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Minis­terio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societa­rias como secretario.

Tanto Espínola como Legui­zamón también aparecen como accionistas y repre­sentantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de inten­dente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gober­nador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcio­nario de IPS Renán Legui­zamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.

En febrero pasado el conce­jal de Itá Fidel León había por usura, estafa, produc­ción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al sena­dor Líder Santiago Amari­lla, al funcionario munici­pal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmo­biliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una tran­sacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millo­nes por parte de Líder Amari­lla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.

En las declaraciones jura­das presentadas por Ama­rilla tampoco aparecen registros de Terranova.

La única empresa que figura en la última mani­festación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra accio­nes por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.