En la mañana de este viernes, un grupo de 40 personas, entre funcionarios y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) amplió la denuncia en contra de los representantes de la Asociación de Funcionarios y Asociados del ente previsional (Fipsa).

Los representantes de esta asociación están acusados de haber estafado supuestamente bajo un esquema de duplicación de deuda y descuento compulsivo de salarios, tanto por la vía administrativa como por la vía judicial.

Las víctimas solicitaron al representante del Ministerio Público, agente fiscal Oscar Delfino que pueda iniciar las diligencias necesarias para el avance de la presente causa penal a fin de que estos directivos, que ocuparon cargo en los últimos años en Fipsa, sean juzgados.

La denuncia es sumamente grave, teniendo en cuenta que las víctimas del esquema de estafa son trabajadores y jubilados que ya han abonado la totalidad de sus deudas con la asociación, inclusive las deudas duplicadas, y aun así tienen que seguir soportando procesos judiciales con embargos de salario que le impiden cobrar la totalidad de sus salarios. Igualmente, le imposibilitan el acceso al sistema financiero para nuevos préstamos por encontrarse con demandas activas.

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Semanas atrás, cuatro personas habían presentado una denuncia contra Fipsa, por la evasión de los aportes a la seguridad social, lo que compromete a los asociados aportantes como a sus familias. Los afectados habían pedido a las autoridades que investiguen el caso y puedan regularizar la situación, además, que se dé un castigo ejemplar para el presidente del gremio, Gustavo Aurelio Paredes Rodríguez.

El titular del gremio fue denunciado por presunta evasión de aportes a la seguridad social de estos cuatro asociados. En este caso, ya se presentaron las evidencias en la sede 1 de la previsional en la ciudad de Asunción.

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La fiscala María Verónica Mayor solicitó el sobreseimiento provisional de Heriberto Antonio Duarte Martinetti, quien está procesado penalmente por el hecho punible de estafa. La fiscalía sostiene que existiría un perjuicio de USD 91.000.

La representante del Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.

Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.

Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Penal de Garantía de Lambaré, Isabel Bracho, deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la fiscalía adjunta de Central quien podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.

En su momento, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.

Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.

El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El Ministerio de Salud inauguró un Centro Nacional de Imágenes en el Hospital de Calle’i, San Lorenzo, con tecnología de última generación y capacidad para 1.000 estudios diarios. Es el centro más moderno del país.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, destacó que el nuevo centro representa “un cambio de paradigma” en el acceso a servicios de diagnóstico por imágenes de alta complejidad. “Es el primer centro nacional de imágenes y el más moderno del país”, aseguró en entrevista con el canal Gen/Nación Media.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) intensificó la ofensiva contra las estructuras criminales en los departamentos de Amambay, Canindeyú y Caaguazú, donde operativos desplegados lograron un golpe económico estimado en 1.500.000 dólares.

En el marco de una ofensiva sostenida contra estructuras criminales dedicadas a la producción y tráfico de marihuana, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ejecutó una serie de operativos en puntos estratégicos del país, a través de sus oficinas regionales.

Cerro Porteño recibe este jueves al Sporting Cristal en La Nueva Olla, a partir de las 21:30, por la tercera ronda del grupo G de la Copa Libertadores. El propósito del Ciclón es seguir sin derrotas frente a los peruanos y prevalecer, de modo a apuntalar su posible clasificación a los Octavos de Final.

Con tres puntos en su haber, el Ciclón está obligado a sacar el resultado, para no depender de lo que pueda pasar entre Palmeiras (6) y Bolívar (3), que juegan un poco más temprano en la altura de La Paz. En el historial copero, el cuadro azulgrana se cruzó 4 veces ante los incas (se registran 2 victorias de los cerristas, ambos de local e igual cantidad de empates en cotejos jugados en Lima).

Los aranceles estadounidenses del 10 % no tuvieron un impacto importante en la economía nacional, que se mantiene competitiva y pujante, sostuvo el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. Afirmó que, pese a la volatilidad del mercado internacional, la estabilidad económica del país continúa sólida y con rumbo fijo gracias a las políticas macroeconómicas robustas.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actualmente en Washington, Estados Unidos, para las Reuniones de Primavera del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), explicó en entrevista para CNN en Español que Paraguay mantiene su estabilidad económica en medio de un escenario internacional de incertidumbre y que plantea desafíos globales gracias a su política macroeconómica prudente y abierta para todo tipo de inversión.

La ampliación presupuestaria para asistencia al Chaco fue sancionada ayer por el Senado, que aprobó entregar los G. 15.000 millones a la SEN, cuyo titular, Arsenio Zárate, considera al fondo un oxígeno económico, luego de los gastos del último mes.

El 9 de marzo pasado, la Secretaría de Emergencia Nacional comenzó la asistencia a la población damnificada por las inundaciones en el Chaco. Inicialmente la necesidad se limitaba a Boquerón, pero luego, la transitabilidad se vio afectada también en Alto Paraguay y en menor medida en Presidente Hayes.

El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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