El fiscal Leonardi Guerrero procedió al allanamiento de la Municipalidad de San Lorenzo tras denuncias formuladas por el propio intendente Felipe Salomón sobre irregularidades en la emisión de la renovación de licencias de conducir. Se caratuló como cohecho pasivo agravado y producción de documentos no auténticos, entre otros.

Específicamente el procedimiento fiscal se realizó en la Dirección de Tránsito, donde se recogieron los documentos y el dinero que presuntamente cobraban los gestores por la realización del trámite al contribuyente.

El agente del Ministerio Público explicó el modus operandi aplicado para agilizar la tramitación del documento. “El personal de la Dirección de Tránsito que está apostado ahí le solicita al contribuyente su cédula de identidad, le quita una foto por celular. Y dice cuáles son los requisitos: constancia de primeros auxilios del Cuerpo de Bomberos, certificado de vista y oído y certificado de vida y residencia”, relató.

En el siguiente paso “ya le plantea que el certificado de vida y residencia ellos le consiguen por una suma de 25.000 o 30.000 guaraníes”. En tanto se consiga el certificado, el funcionario le plantea al solicitante que vaya a tramitar su constancia de Primeros Auxilios y de la de vista y oído. “Y en ese lapso de tiempo que lleva entre 15 minutos a media hora, ya personal de la Dirección de Tránsito que opera para ese efecto recibe el certificado de vida y residencia”, comentó a la 1080 AM.

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Afirmó que el certificado de vida y residencia es expedido con sello y firma de las comisarías n.º 24 y 54, con lo que finalmente se completa el legajo que exige la nueva ley para la renovación de registros de conducir. “Lo que cotejamos a simple vista es que todos los certificados de vida y residencia que emiten esas comisarías aparentemente y a simple vista la firma de los funcionarios policiales no coinciden”, puntualizó.

El fiscal dijo que al no proceder el documento de dichas comisarías, las falsificaciones se habrían hecho en los alrededores de la sede municipal. “El modus operandi es acá en las cercanías nomás en alguna dependencia clandestina, se está completando eso. Y por ahí puede haber sello también de esas comisarías, para poder acreditar que ese certificado sea real”, detalló.

Otro dato llamativo es que los testigos invocados en las comisarías son comunes. “Los tipos penales que analizamos por tratarse de funcionarios y no funcionarios son cohecho pasivo agravado, cobro indebido de honorario, producción de documentos no auténticos. Y eventualmente -si corroboramos la información- es determinar asociación criminal siempre que haya una estructura organizada”, sostuvo. Los intervinientes encontraron legajos de solicitudes tramitadas desde el mes de enero, utilizando el mismo sistema.

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