La Dirección de Material Bélico (Dimabel) remitió al Ministerio Público las informaciones recabadas por la institución sobre una red de tráfico ilegal de armas hacia el Brasil, que involucra a 100 militares y policías.

“Ayer al mediodía (jueves) se realizó la remisión de los antecedentes documentales sobre una supuesta comisión de hecho punible de tráfico ilícito de armas. Esto no es una denuncia penal técnicamente. Nosotros tenemos la obligación como cualquier otro funcionario público de poner a conocimiento de las autoridades pertinentes cuando se tiene conocimiento sobre un supuesto hecho punible”, indicó el general Melanio Salomón Servín Aquino, titular del ente a la 1080 AM.

El caso se centra en la intervención de la tienda comercial Gunner, localizada en Asunción, que destapó el esquema ilícito. Del centenar de uniformados, un total de 46 son militares y 55 policías quienes recibían como pago sumas entre G. 500.000, 700.000 a 800.000 con el fin de proveer armas de manera ilegal a criminales brasileños.

Lea también: Caso agua tónica: Tribunal de apelación confirmó condena a Patricia Samudio

“Ellos actuaban como parte de un esquema. Los personales uniformados afectados prestaban su nombre, es así de simple”, comentó. Detalló a la vez que los militares involucrados en el esquema se encuentran “dispersos en todas las Fuerzas Armadas”, sin ahondar sobre las funciones que desempeñan dentro de las instituciones castrenses.

“El caso de los policías no conozco. La nómina del personal policial que es objeto de observación, personalmente remitió al ministro del Interior, Enrique Riera y al Comandante Carlos Humberto Benítez para que ellos tomen conocimiento de la situación y que procedan conforme a derecho”, dijo.

El esquema fue destapado el pasado 22 de octubre, luego de lo informado al jefe de Estado, Santiago Peña. Asimismo se descartó la existencia de coacción por parte de uniformados superiores contra sus colegas implicados en el esquema.

Te puede interesar: Fiscal imputó a 40 padres por no pagar el deber alimentario

Miles de personas en caravana acompañaron ayer sábado el féretro de Sofía Delgado, una niña de 12 años que el jueves pasado fue hallada muerta con signos de violencia en el suroeste de Colombia tras varias semanas desaparecida. “Ningún niño debería pasar por esto. Ninguna familia debería estar pasando este dolor tan grande”, dijo a la AFP Lady Zúñiga, que llevaba una camiseta blanca con la fotografía de su hija.

Familiares de Sofía y unas 3.000 personas acompañaron los restos de la menor hasta el cementerio local de Candelaria, su municipio natal, de unos 100.000 habitantes y ubicado en departamento de Valle del Cauca (suroeste). Entre sollozos, la madre de la menor cuyo cuerpo fue hallado en una carretera cercana el jueves, la recuerda como “una niña muy dulce, muy cariñosa, juguetona, alegre, amorosa, lo más bello que Dios me pudo dar”.

“Candelaria está de luto. Colombia está de luto. Estamos dolidos, entristecidos”, señaló a la AFP Gessica Vallejo, alcaldesa de la ciudad. El ataúd fue llevado sobre el techo de un camión de bomberos. Bajo el grito de “justicia”, los acompañantes mostraron su indignación. Los exteriores del cementerio de un sector conocido como Villagorgona se desbordaron de personas que llevaban camisetas blancas, globos, flores y sombrillas.

Lea más: Maduro nombró ministro a su supuesto testaferro Alex Saab

Al finalizar la jornada, al atardecer, los habitantes de Candelaria lanzaron al cielo cientos de globos blancos en homenaje a Sofía. Brayan Campo, vecino de la niña de 32 años, fue detenido por la policía como principal sospechoso del crimen cuando ella aún estaba desaparecida.

“En un interrogatorio iniciado, este hombre manifiesta que él había asesinado a la menor de edad y nos da el lugar donde él la abandonó”, un campo de cultivos de caña en un sector rural cercano, dijo el sábado a Noticias Caracol el coronel Carlos Ovideo, comandante de la policía metropolitana de Cali.

El hombre, acusado de los delitos de feminicidio, secuestro y ocultamiento de pruebas, reconoció el viernes su responsabilidad en los hechos durante la primera audiencia frente a la justicia por este caso. En 2018, la justicia abrió contra Campo una investigación por abuso sexual a otra niña, un proceso que finalmente prescribió sin avances. Colombia registra, en lo que va del año, 375 homicidios de menores de edad, según datos de Medicina Legal hasta agosto. En el país, cada dos días, tres niños son asesinados.

El viernes pasado, el presidente colombiano Gustavo Petro señaló en su cuenta de la red social X que “las niñas y niños de nuestro país no merecen un mensaje de solidaridad por esta red social cuando sus derechos no son respetados ni protegidos”. “Los niños merecen que sus sueños no se sigan acabando. No podemos permitir más noticias como la de Sofía”, agregó el mandatario.

El jueves, las autoridades hallaron el cadáver de la menor Sofía Delgado, que llevaba tres semanas desaparecida, en una carretera rural del departamento de Valle del Cauca (suroeste). Tras el hallazgo del cuerpo, la policía detuvo a un vecino de la niña, Brayan Campo, de 31 años, como principal sospechoso del crimen.

Lea también: Condenan a expolicía de la dictadura uruguaya por crimen con vino envenenado

El hombre, acusado de los delitos de feminicidio, secuestro y ocultamiento de pruebas, reconoció este viernes su responsabilidad en los hechos durante la primera audiencia frente a la justicia por este caso. En 2018, la justicia abrió contra Campo una investigación por abuso sexual a otra niña, un proceso que finalmente prescribió sin avances.

“Hay algo que me parece curioso”, aseguró el jueves la gobernadora del Valle de Cauca, Dilian Francisca Toro, sobre el detenido. “Su hija de seis años se llama Sofía, la niña que violó hace cuatro o cinco años se llama Sofía y la niña que asesina horrendamente también se llama Sofía”, señaló.

Luego de su aprehensión el jueves, una turba de vecinos del sector destruyó la vivienda donde el sospechoso vivía junto a su pareja y su hija. Colombia registra, en lo que va del año, 375 homicidios de menores de edad, según datos de Medicina Legal hasta agosto. En el país, cada dos días, tres niños son asesinados.

Fuente: AFP.

La jueza especializada contra el crimen organizado, Lici Sánchez, manifestó que el narcotraficante Jaime Franco Men­doza, sindicado como uno de los autores intelectuales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, solo podrá ser extraditado al Brasil una vez que finalice su condena de 18 años en el Paraguay.

“Con relación a la posibilidad de extradición, considero que va a ser de imposible cumplimiento porque nuestras normativas no nos autorizan a suspender la ejecución de una sentencia dictada en Paraguay”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Detalló que la solicitud de extradición por parte del vecino país data desde el 2021. “Franco está cumpliendo su condena y no hay manera alguna de que se modifique esto. Esta persona tiene otros procesos judiciales, uno por estafa en el departamento de Alto Paraná y ahora tiene una nueva imputación por lavado de dinero. Se van ampliando las investigaciones fiscales contra esta persona en el Paraguay, entonces todos los procesos deben estar finiquitados para que pueda ser efectivizado la extradición”, sostuvo.

Lea también: Dupla Payo-Efraín sería otro “gran fracaso de la oposición”, advierte dirigente esteño

Actualmente, Franco Mendoza se encuentra recluido en la sede de la Agrupación Especiali­zada de la Policía Nacional. La condena de 18 años en su contra por el trá­fico de 359 kilogramos de cocaína proveniente de Boli­via, cargamento que había sido requisado en agosto de 2012 en Minga Guazú, Alto Paraná, fue impuesta en el año 2017.

En un juicio anterior, en 2015, Franco Mendoza fue condenado a 11 años de prisión cuando el Tribunal de Sentencia excluyó de su responsabili­dad el tráfico de drogas; Pecci apeló y logró elevar la pena. Este hecho sería una de las principales motivaciones que habría impulsado a Franco Mendoza a tomar venganza contra el agente fiscal antimafia.

La justicia brasileña requiere a Franco Mendoza para que cumpla condena por tráfico de drogas, posesión de sustancias y asociación criminal. El narco se expondría en el vecino país a una pena que podría ir a 55 o 60 años. En el país vecino no se unifican las condenas, sino que se suma la cantidad de años que corresponde por cada una.

Te puede interesar: Diputados evaluará eventual interpelación de consejero del IPS

El fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó este lunes a Jaime Franco Mendoza por supuesto lavado de activos. El narcotraficante es sindicado como el autor intelectual del asesinato del agente antimafia Marcelo Pecci, perpetrado el 10 de mayo de 2022 en Colombia.

La nueva acusación deriva de un allanamiento realizado por el Ministerio Público en el 2020 en la Penitenciaría de Tacumbú tras sospechas de un plan de fuga mediante la utilización de dinamita en gel. Durante el operativo fiscal se localizó un mini laboratorio de cocaína en el denominado sector vip que alojaba a los más poderosos del penal.

El mini laboratorio operaba en la celda de Franco Mendoza y de acuerdo a las hipótesis la droga producida era comercializada de manera interna. En el lugar también fueron incautadas grandes cantidades de dinero G. 176.500.000, 12.040 dólares, 500 euros.

Lea también: Honor Colorado mantiene la presidencia de la Junta Municipal de Asunción

Además de otros objetos como armas blancas, teléfonos celulares, horno microondas, router para wifi y hasta un terminal punto de venta, también denominado POS. El allanamiento fue encabezado por los fiscales Marcelo Pecci y su colega Alicia Sapriza. “El dinero deberá tener una explicación, podría tratarse de un hecho de lavado de dinero”, sostuvo en ese entonces a los medios de comunicación el agente antimafia.

Sobre Franco Mendoza ya pesa una condena de 18 años de cárcel por narcotráfico. Inicialmente, el criminal había recibido por parte de la justicia una pena de 11 años en el 2015, sin embargo, a través de una apelación presentada por Pecci su castigo fue elevado a 18 años de cárcel en el 2017.

Este hecho sería una de las principales motivaciones que habría impulsado a Franco Mendoza a tomar venganza contra Pecci. El pasado mes de junio, la revista colombiana Semana realizó una publicación sosteniendo que se había concretado una “vaquita” entre capos narcos para acabar con la vida de Pecci Albertini. En la publicación periodística se hizo mención del brasileño Jarvis Chimenes Pavão y los paraguayos Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Franco Mendoza.

A inicios del presente mes de octubre nuevamente Franco Mendoza fue vinculado con el asesinato de Pecci mediante una entrevista concedida por el empresario y exdirector de Paraguay TV, Cristian Turrini al canal Telefuturo. En la nota hizo mención de los allanamientos que se concretaron en la Agrupación Especializada, dos días después del asesinato del agente.

Te puede interesar: Piden a los gobiernos de Brasil y Paraguay exponer propuestas del Anexo C