El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.

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“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.

El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.

Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.

A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.

Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.

El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.

El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.

El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.

De esta forma se busca asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de los incendios forestales. A la vez refiere que el Instituto Forestal Nacional (Infona) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.

Asimismo, se establece la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.

Esta semana se hizo viral un video en el que se ve cuando un hombre llega hasta una estación de servicios en un automóvil lujoso, le cargan tanque llenó de combustible y luego huye del sitio. Este modus operandi lo realizó en varios locales, pero hoy suma una denuncia más, en este caso estafó a un lavadero de autos en Asunción.

El hombre ya fue identificado supuestamente como César Alberto Arévalos, de 45 años, y es acusado de llegar a estaciones de servicio, montado en su BMW de color oscuro para solicitar carga de combustible. Esta persona solicita pagar con pos y cuando los playeros van por el aparato, el hombre arranca y huye del sitio.

Hoy miércoles, una mujer contactó a la Nación/Nación Media y denunció que hace dos meses un hombre con la misma descripción y marca de vehículo llegó hasta su lavadero ubicado en el barrio Los Laureles, pidió servicio completo, se llevó otros productos y también se fue sin pagar.

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“Pidió lavado completo hasta de motor y mientras esperaba también tomó otros productos como franelas, perfumes e incluso escondió unas de las franelas. Cuando se terminan de lavar todo su auto, él salió y se le entrega la llave, pero pensando que pagó adentro”, detalló en LN, Carmen Castillo.

Explicó que tomó las llaves y subió a su auto, en ese momento salió la persona que hace los cobros, le dice que debe realizar el pago y se dio a la fuga. “El personal que realizó el lavado salió corriendo detrás de esta persona que no detuvo la marcha. Llevó los trapos, perfume y el lavado completo, todo sin pagar”, sentenció.

Afirmó que con el número de chapa intentó dar con el dueño e incluso fue hasta la vivienda, pero no fue recibida y dejó pasar la situación, hasta que vio los videos y pudo reconocer como el estafador. “El dueño del vehículo no era la misma persona y supuse que le vendieron a este, pero en el video que fue viralizado es la misma persona”, puntualizó.

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En la mañana de ayer, miembros de la Coordina­dora Nacional de Personas con Discapacidad se aglu­tinaron frente al Congreso Nacional con el fin de exi­gir la sanción del proyecto que plantea otorgarles una pensión equivalente a 25 % del salario mínimo, que representaría actualmente la suma de G. 699.557.

La iniciativa va dirigida exclusivamente para los adultos mayores que posean discapacidades físicas, psí­quicas o sensoriales, congé­nita o adquirida que se vean impedidas de desarrollar una actividad digna y remu­nerada. Pese a los reclamos, el documento presentado en noviembre de 2023, que ya cuenta con la media san­ción de Diputados, no figura en el orden del día para su estudio en la sesión ordina­ria del Senado prevista para este miércoles.

No obstante, el senador Natalicio Chase sostuvo que cualquiera de sus colegas posee la atribución de soli­citar el tratamiento del pro­yecto en el estadio de sobre tablas. No obstante, el legis­lador indicó que persiste la tendencia al rechazo.

“La postura inicial del Senado fue el rechazo, seguramente será la misma y se requerirá de 30 votos. Al principio no hay un cam­bio, teniendo en cuenta las manifestaciones desde el Ministerio de Economía y Finanzas que refiere que es insostenible la aplica­ción de este proyecto de ley porque no está estudiado a cabalidad”, mencionó tras finalizar la reunión de la mesa directiva de la cámara.

Chase explicó a la vez que la citada cartera estatal no participó en la elaboración y discusión de la iniciativa legislativa. Agregó que de concretarse este paso, se podría impulsar un nuevo proyecto con mejores estu­dios técnicos para luego aprobarlo.