Desde la Contraloría General de la República (CGR) confirmaron que el Instituto de Previsión Social (IPS) proveyó otra tanda de documentos enmarcados en la medida judicial iniciada por el órgano contralor para acceder a información respecto al pago a proveedores de medicamentos. A partir de ahora inicia el proceso de verificación de modo a confirmar si la previsional cumplió a cabalidad con el pedido de Contraloría.
En este sentido, la Dirección de Tecnología de la CGR procederá a chequear la “voluminosa” carga de archivos proveída por el IPS, lo que podría demorar de entre 30 y 60 días, según informó a La Nación/Nación Media el subcontralor de la República, Augusto Paiva.
“La Dirección Jurídica y de Tecnología tiene para su análisis de modo de determinar si son los datos solicitados y si cumplen las formas, se procede al análisis respectivo”, explicó Paiva a La Nación. La jueza en lo Civil y Comercial, Lizza Reyes, dio su visto bueno a la medida cautelar planteada por la Contraloría mediante la cual se solicitaba al IPS una serie de documentaciones respecto al pago de proveedores.
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El órgano contralor solicitó datos relacionados al detalle de los pagos que ya fueron efectuados a las proveedoras, es decir, a qué farmacéuticas, qué monto se abonó, qué porcentaje de la deuda representa, con qué criterio fue definido cómo se pagaría, entre otros, dado que existen sospechas de que en la previsional hubo un pago preferencial a ciertas firmas.
“Tiene que haber un criterio de pago, porque aparentemente el presidente del IPS, Vicente Bataglia, está pagando con preferencia a un grupo en detrimento de otro y eso atenta contra el principio de paridad de los acreedores, es decir, uno no puede elegir a quien pagarle y a quien no, porque levanta una cantidad de alertas el hecho de que uno priorice a una persona por sobre otra”, expresó el contralor general de la República, Camilo Benítez, a una emisora de radio.
La Contraloría no tuvo otra alternativa que recurrir a una medida judicial, dado que el IPS se había negado en un momento a proveer la información y, posteriormente, entregó parcialmente una serie de documentos que no satisfizo lo requerido por el órgano contralor, de modo a determinar si hubo o no irregularidad en los pagos, para los cuales se adquirió un préstamo vía Congreso por unos US$ 250 millones.
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