El fiscal de distrito en Los Ángeles dijo recomendaría una nueva sentencia para los hermanos Lyle y Erik Menéndez, encarcelados de por vida por el asesinato de sus padres en 1989, dictamen que los haría elegibles para libertad bajo palabra. El fiscal George Gascon afirmó que pediría a un juez que dictamine que los dos hombres, cuyo caso ha vuelto a recibir atención por una serie y un documental emitidos en Netflix, deberían ver reducida su sentencia de forma que fueran elegibles para libertad condicional en los próximos meses.

“Luego de una muy cuidadosa revisión de todos los argumentos... Creo que bajo la ley, una nueva sentencia es apropiada y voy a recomendar esto a una corte mañana”, dijo Gascon a reporteros. Los hermanos Menéndez fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras el juicio que fue televisado y que ocupó los titulares de medios en todo el mundo.

En la época, los fiscales argumentaron que ambos hombres conspiraron para acabar con la vida de sus padres ricos en un intento por acelerar una herencia por 14 millones de dólares. Sin embargo, la defensa se basó en que los hermanos habrían sido víctimas de abuso sexual y físico continuo por parte de su padre, y del silencio cómplice de su madre, por lo que estallaron después de años de sufrimiento.

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El fiscal reconoció que el auge de la serie sobre el caso llevó a la fiscalía a ver el proceso con nuevos ojos. “Creo que muchas veces, por razones culturales, no les creemos a las víctimas de agresión sexual, ya sean mujeres u hombres”, afirmó el fiscal. El asesinato en 1989 de José y Mary Louise Menéndez en su elegante casa de Beverly Hills fue objeto de un auténtico frenesí mediático en Estados Unidos.

El juicio de Lyle y Erik se retransmitía diariamente por televisión, una novedad para la época, e incluso se considera la antesala mediática del “juicio del siglo”, que comenzó meses después contra el futbolista estadounidense O.J. Simpson. Los hermanos, que en ese entonces tenían 18 y 21 años, no fueron condenados en primera instancia porque el jurado se estancó sin la unanimidad necesaria para pronunciar su veredicto.

En 1996, un segundo juicio en el que el juez se negó a examinar numerosos elementos relacionados con agresión sexual concluyó con su condena a cadena perpetua irreductible por asesinato premeditado. El padre de la familia era José Menendez, inmigrante cubano impulsado por el sueño americano, que amasó una fortuna y fue vicepresidente de la empresa de alquiler de autos Hertz y luego director de operaciones del sello discográfico RCA.

Los dos hijos, que inicialmente no fueron considerados sospechosos, desviaron la atención de los investigadores y acusaron del crimen a la mafia, pero una denuncia reveló la confesión del asesinato, grabada durante las sesiones con un psicoterapeuta. La serie de ficción “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez”, producida por Netflix, reavivó el interés por este caso, al punto de que el gigante del streaming también le dedicó al caso un nuevo documental.

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Ambas producciones han sido ampliamente comentadas y replicadas por en TikTok e Instagram, y provocaron una amplia movilización digital a favor de los dos hermanos, que ya completan 35 años en prisión. El nuevo examen al caso reveló nuevos elementos, como una carta en la que Erik le cuenta a una prima sobre las agresiones sexuales de su padre, o el testimonio de un artista en el que dice haber sido drogado y violado por José Menéndez en los años 80.

El fiscal Gascon dijo que su recomendación solo sería para una nueva sentencia por asesinato en un grado menor, un cargo que podría acarrear una pena desde 50 años de prisión hasta cadena perpetua. “La decisión final la tomará el juez”, aclaró. “Sin embargo, debido a su edad, bajo la ley, al tener menos de 26 años al momento de los crímenes, ellos serían elegibles para libertad condicional de forma inmediata”, explicó.

Fuente: AFP.

La jueza penal de Garantía Cynthia Lovera fijó para el próximo 30 de octubre a las 8:00, la audiencia preliminar para el cantante Pablo Benegas, acusado por abuso sexual en niños, coacción sexual, violación, pornografía infantil y proxenetismo.

En la referida diligencia judicial se definirá si Benegas estará sentado en el banquillo de los acusados, así como pidió en su requerimiento el Ministerio Público. La citada magistrada convocó al acusado luego de controlar toda la carpeta fiscal.

La representante del Ministerio Público, Alejandra Savorgnan, presentó acusación y pidió que el cantante Pablo Gabriel Benegas Masí enfrente un juicio oral y público.

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De acuerdo a la acusación, el 9 de noviembre de 2023, Benegas desde su casa solicitó el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde Pelopincho hasta su domicilio particular. Igualmente, menciona el escrito que el acusado le hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta para dormirlas y luego comenzar a desvestirlas y les filmaba totalmente desnudas.

La agente señala que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.

Del mismo modo, el Ministerio Público ofreció a 36 testigos, más tres dictámenes periciales, varias pruebas documentales, un CD con la declaración de las víctimas en cámara Gesell y otros elementos de prueba más.

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El juez de garantías especializado en delitos económicos, Rodrigo Estigarribia, aplicó una fianza de G. 500 millones, con comparecencia trimestral y comunicar cada salida y retorno al país al intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, en el marco de la causa de supuesta lesión de confianza y asociación criminal.

Tras la audiencia la audiencia de imposición de medidas, a la cual acudió acompañado de su abogado Claudio Lovera, el intendente capitalino sostuvo que confía en la justicia y que todo el caso pueda ser esclarecido. “Que esto concluya, se esclarezca, se demuestre la realidad. Confío en el Poder Judicial, confío también en la fiscalía y en el trabajo que ellos van a realizar”, dijo el intendente.

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La causa por la cual fue imputado Rodríguez fueron las supuestas irregularidades en la compra de productos de limpieza para la Municipalidad de Asunción, en época de pandemia. El caso surgió cuatro años después de esta supuesta compra irregular, y la fiscalía sostiene que existiría un perjuicio patrimonial de G. 1.800 millones.

“Si bien es cierto, esta es una situación de hace ya cuatro años aproximadamente, y ahora salió el acta de imputación. Si bien es cierto, nosotros hemos cuestionado algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo”, expresó Rodríguez, y sostuvo que a pesar de estos cuestionamientos se presentó ante el juzgado sin presentar chicanas.

“Como dije desde un principio y conversé con mi abogado, nosotros, a diferencia (de otros), no presentamos ninguna chicana, no hemos manifestado o tratado de evadir la primera convocatoria, estuvimos presentes. En un mes, nosotros ya estamos en el juzgado, como corresponde”, apuntó.

Refirió además que es el más interesado en que se esclarezca esta situación. “Somos los primeros interesados en que esto concluya y demostrar la realidad de las cosas. A mí me gustaría dejar esto en manos del Poder Judicial que resuelva, aquí la fiscalía es la que debe demostrar las pruebas, si bien es cierto, lo de lesión de confianza”, puntualizó.

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Una vez más se suspendió la audiencia preliminar del rallista Diego Yaluk, considerado “zar del cheque sin fondo”, y su padre Humberto Yaluk, acusados por estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación, en el marco de un segundo proceso penal, donde se tiene un perjuicio de USD 175.000 y cuya víctima es Guido Ferreira.

La diligencia judicial se pospuso a pedido del abogado Ramiro Ayala, defensor de Diego Yaluk, quien presentó certificado médico alegando que no podía participar de la diligencia judicial. Ante la nueva suspensión, el juez penal de garantía Yoan Paul López fijó la audiencia preliminar para el próximo 17 de octubre, a las 9:30, donde se intentará realizar la diligencia judicial donde se resolverá si padre e hijo estarán sentados en el banquillo de los acusados.

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De acuerdo a la carpeta fiscal, el acusado solicitó un crédito a Ferreira, quien realizó el préstamo a través de la sociedad Doña Inés, con la garantía de que la firma de ambos imputados, Parasur S.A., cobraría una suma a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para honrar el compromiso; sin embargo esto no sucedió y se configuró la supuesta estafa.

El rallista Yaluk cuenta con varios procesos penales por los delitos de estafa y otros. En uno de los casos, el Ministerio Público sostiene que existe un perjuicio de G. 17 mil millones que también está en la etapa de la realización de la audiencia preliminar, a cargo del juez José Delmás. La lista de víctimas sería mayor y el perjuicio rondaría los USD 30 millones por el presunto uso de cheques sin fondos.

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