Vecinos del barrio Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Capiatá, alertaron a los efectivos policiales sobre un enfrentamiento entre dos hombres, uno de los cuales recibió heridas mortales. El hecho se registró en la madrugada de este lunes.

El fallecido fue identificado como Sergio Daniel Coronel, de 26 años, quien recibió tres impactos de bala: dos a la altura del tórax y uno en el abdomen. Fue trasladado de urgencia por un vecino del lugar hasta el Hospital Distrital de Capiatá, pero, a raíz de la gravedad de las heridas, los médicos confirmaron su deceso minutos después de ser ingresado.

Vecinos que presenciaron el hecho manifestaron a los intervinientes que la pelea se dio entre el ahora fallecido y un vecino de la zona, quien realizó los disparos, luego se dio a la fuga y hasta el momento permanece con paradero desconocido.

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La pelea se habría dado en plena vía pública frente a una ferretería; hasta el momento se desconoce la causa del enfrentamiento entre ambos sujetos. El fallecido contaba con antecedentes por robo y hurto agravado desde el 2022 hasta el 2024 y tenía una orden de captura pendiente por el mismo hecho desde finales del año pasado.

Lo ocurrido fue comunicado al fiscal de turno Benjamín Maricevich, mientras que los efectivos policiales de la comisaría 62° Kennedy se encuentran realizando las tareas investigativas para dar con el autor de los disparos y contar con imágenes de circuito cerrado o alguna información adicional que ayude a esclarecer las circunstancias en que se habría dado el hecho.

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Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

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Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue reelegido ayer domingo sobre la izquierdista Luisa González, quien desconoció su derrota en la carrera por gobernar un país polarizado y agobiado por la violencia del narcotráfico.

Con 92,6 % del escrutinio oficial, Noboa aparece con 55,7 % de los votos frente a 44,3 % de González, según cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras en las calles de Quito festejaban con fuegos pirotécnicos y bocinas de autos.

“Me parece penoso que con 11, 12 puntos de diferencia trate de alguna forma cuestionar la voluntad de los ecuatorianos”, dijo el mandatario de 37 años desde el balneario de Olón. “Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad”, aseveró González, de 47 años.

“Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas (...), es el más grotesco fraude electoral”, añadió la delfina del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017). En la capital atravesada por volcanes que alcanzan el cielo ecuatorial el ambiente es festivo.

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“Estaremos mejor equipados para enfrentar (...) la mafia y absolutamente todo lo malo que tiene el país”, dice a la AFP Natalie Ulloa, administradora de 26 años, frente a la sede del partido oficial en Quito. El miedo y la tensión ensombrecieron los comicios en este país de 18 millones de habitantes, donde cada hora asesinan a una persona.

También la polarización, ahondada por la desinformación, enconados choques entre los candidatos y advertencias de fraude. “Esta victoria ha sido histórica (...) no hay ninguna duda de quién es el ganador”, dijo Noboa, empresario millonario y uno de los gobernantes más jóvenes del mundo.

Un 84 % de casi 13,7 millones de electores ejerció el voto obligatorio, según el CNE. “Los empresarios sabemos caer y levantar (...) en las crisis, en las desgracias, en los desastres”, dijo Nancy López, de 62 años y dueña de un hotel en Olón (suroeste).

Noboa denunció irregularidades en el escrutinio de la primera vuelta, pese a que observadores internacionales lo descartaron. En este balotaje fue González la que acusó al gobierno de “acciones desesperadas” para manipular las actas de votación.

“Debemos rechazar con firmeza la narrativa de fraude, las acusaciones sin prueba (...) minan la confianza en la democracia”, dijo durante la jornada electoral Diana Atamaint, presidenta del CNE. Los resultados de este domingo son, además, la peor derrota de las fuerzas de Correa desde que dejó el poder.

“Hay un anticorreísmo fuerte, que (su partido) la Revolución Ciudadana no logra superar (...) y entonces este es el resultado”, explica Ruth Hidalgo, politóloga de la Universidad de las Américas. En vísperas de la segunda vuelta, el gobierno declaró 60 días de estado de excepción parcial y ordenó toque de queda nocturno en las regiones más golpeadas por la guerra.

“Es violatorio a nuestros derechos”, se quejó González, quien aspiraba convertirse en la primera presidenta electa del país. La guerra entre carteles provocó el magnicidio de un presidenciable, la toma de cárceles por parte de bandas criminales y el asalto armado a un canal de televisión mientras sus periodistas transmitían en directo. Todo en una economía endeudada y asfixiada por el costo de la lucha contra el narco.

Los ecuatorianos votaron además agobiados por la pobreza (28 %) y el desempleo y subempleo (23 %). Muy activo en redes sociales, Noboa explota su imagen juvenil, de hombre tatuado, atlético y músico aficionado. También la de político implacable al frente de espectaculares operaciones militares con chaleco antibalas.

Muñecos con su silueta a tamaño real o gigantescos inundaron el país en esta campaña. Sus seguidores hacían fila para obtener una de las tantas imágenes del entonces candidato con la banda presidencial o de ropa deportiva. Noboa nació en Estados Unidos, es heredero de un magnate bananero y aplica una política económica neoliberal.

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Aunque muy popular, organismos de derechos humanos denuncian que detrás de su plan de seguridad hay abusos. El asesinato de cuatro menores en Guayaquil enlodó a 16 militares y sacudió al gobierno. El presidente se atribuye haber disminuido la tasa de homicidios del récord de 47 por cada 100.000 personas en 2023 a 38 por cada 100.000 en 2024. Pese a esto, es la más alta de Latinoamérica, según Insight Crime.

Noboa es uno de los mayores aliados de Estados Unidos en la región, pidió ayuda militar al presidente Donald Trump y no descarta instalar bases militares extranjeras. El mandatario completará en mayo el período de Guillermo Lasso, quien disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio por corrupción. Con Noboa “todo sigue igual, el país sigue hecho pedazos”, dice Jair Esmeraldas, estudiante de 24 años.

Fuente: AFP

Ecuador declaró este sábado el estado de excepción en la capital, siete de sus 24 provincias y en el sistema penitenciario, una medida anunciada en la víspera del balotaje presidencial que busca frenar la creciente violencia del narcotráfico.

La decisión regirá por 60 días y entró en vigencia un día antes de que los ecuatorianos elijan al próximo gobernante entre el mandatario, Daniel Noboa, y la opositora izquierdista, Luisa González. El estado de excepción rige en las regiones más golpeadas por la violencia en el país, donde según datos oficiales cada hora se comete un asesinato.

Noboa impuso el estado de emergencia ante “el incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la perpetración de ilícitos por grupos armados organizados”, según el decreto. El gobierno suspendió los derechos a la inviolabilidad de domicilio, correspondencia y a la libertad de reunión. Además ordenó un toque de queda nocturno de siete horas en varias localidades.

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La medida afecta a las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro y las amazónicas Orellana y Sucumbíos, la convulsa localidad minera de Camilo Ponce Enríquez, así como en Quito y en las cárceles de la nación. Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, ha decretado estados de excepción para enfrentar la arremetida de los grupos narco.

La tasa de homicidios bajó del récord de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 38 en 2024. Sin embargo, Ecuador tuvo el mayor índice de muertes violentas de América Latina el año pasado, según el grupo especializado Insight Crime.

“El Gobierno enfrenta un grado de violencia de tal intensidad que ha sobrepasado los límites de contención” de la fuerza pública, señala el decreto, según el cual 120 personas fueron asesinadas entre el 7 de marzo y 8 de abril.

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Ecuador restringió el viernes el ingreso de extranjeros a través de sus fronteras terrestres con Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, para garantizar la seguridad del balotaje presidencial. La disposición se extenderá hasta la medianoche del lunes (05:00 GMT del martes).

Noboa declaró en 2024 a Ecuador en conflicto armado interno, lo que le permite mantener en las calles a los militares. También dio estatus de “terroristas” y “beligerantes” a una veintena de bandas narco con nexos con cárteles internacionales.

Fuente: AFP