Un joven con discapacidad física denunció que fue víctima de discriminación al intentar utilizar una unidad del transporte público. Acreditó su condición con la presentación de su carné que le habilita a viajar gratuitamente, pero fue agredido por el chófer que le negó el acceso y, además, se burló de él.

Eduardo Juan José Páez Cuenca relató a los medios de prensa el episodio que afrontó cuando fue obligado a descender del colectivo e incluso estuvo a punto de ser golpeado físicamente, conforme expresó.

“Yo tengo el certificado de discapacidad que es para pasaje gratis. Salí de mi facultad y quise tomar la Línea 5, exactamente la unidad 25. Me quise subir, le mostré el certificado y me dijo que no me iba a aceptar. Yo le pregunté por qué si hay una ley”, señaló.

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El denunciante grabó un vídeo para avalar sus acusaciones contra el conductor del ómnibus, quien respondió con sorna al reclamo del usuario del transporte público. “Anda, denúnciame. Si no querés pagar el pasaje, comprá para tu bici o para tu caballo”, dijo el chofer al joven universitario que le avisó que lo denunciaría.

La víctima contó que aparte de improperios casi fue agredido físicamente. “Empezó a agredirme verbalmente. Me dijo pelotudo y todas esas cosas. Y después cuando ya me estaba por bajar, él quiso bajar del colectivo para agredirme físicamente. Yo vine directo a denunciar”, manifestó.

Juan José afirmó que no es la primera vez que sufre esta discriminación. “La verdad es que desde que tengo todos estos beneficios sería la tercera vez que me está pasando. Y ahora me animo a denunciar porque ya pasó el límite y muchos choferes suelen ser así, que no te aceptan. Y yo quisiera alzar mi voz para que no ocurra más eso más adelante”, subrayó.

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Una verdadera historia de terror se tramó hoy desde las 4:00, cuando un hombre regresó a su casa luego de haber trabajado. Sin notar nada fuera de lo común, se acostó para descansar, pero horas después fue despertado por su pareja, quien le manifestó que estaba con sagrado, por lo que fue rápidamente trasladada hasta el hospital de Villeta, pero luego, por la complejidad del caso, fue llevada hasta el Hospital Nacional. Transcurrido el tiempo y tras la verificación, los médicos de guardia determinaron que ella tuvo un nacimiento.

Quedaron estupefactos por la situación, puesto que ella negaba con vehemencia tal situación. Ellos manifestaban que la mujer no se encontraba embarazada, pero presentaba todos los síntomas de haber dado a luz, aunque en todo momento ella lo negaba.

La madre del joven fue hasta la casa de la pareja para hacerse cargo de la limpieza, teniendo en cuenta que ella había dicho sobre el sangrado, pero al entrar al baño se encontró con el bebé en el piso, con heridas punzocortantes en el tórax y en el cuello.

El macabro hallazgo se produjo en el barrio San Isidro de la ciudad de Villeta, hasta donde se trasladó un equipo policial, que también convocó al Ministerio Público.

El subcomisario Gustavo Paiva fue entrevistado sobre el hecho y visiblemente afectado por la escena encontrada logró explicar: ”Encontramos un cuerpo neonato. Nació con vida, pero tenía heridas punzocortantes. La Fiscalía dispuso la detención de la pareja de la madre”.

Afirmó que ese era “un procedimiento bastante difícil”. Contó que alrededor de las 15:00, recibieron la información referente al hallazgo de un cuerpo ya sin vida. “Al llegar al lugar realizamos el trabajo de campo. Aislamos el lugar y comenzamos a hacer la verificación y encontramos el cuerpo de un nonato, creo yo, pero de igual manera, la doctora de turno dictaminó que la criatura posiblemente nació con vida. Tenía varias heridas punzocortantes y estaba envuelta en una tela”, comentó.

También relató que encontraron la placenta arrojada en un terreno contiguo. La agente fiscal dispuso la detención de una persona, que sería la pareja de la mujer. “La madre se encuentra en el hospital Nacional, atendiéndose sus heridas, ya que está también en una situación bastante grave a causa de la interrupción del embarazo en sí”, indicó.

Tras este panorama, los intervinientes siguen buscando el arma con la cual se produjeron las heridas al bebé.

El 17 de noviembre del 2018 falleció Lidia Meza Burgos, una joven de 18 años que recibió 16 puñaladas durante su visita a la celda del capo del grupo criminal brasileño Comando Vermelho, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias “Marcelo Piloto” o “Piloto”, alojado en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Con este crimen a sangre fría a esta desafortunada víctima, el líder narco hizo una última jugada desesperada tratando de evitar su extradición a Brasil.

La víctima del terrible suceso era de la zona de General Resquín, del departamento de San Pedro, quien fue atacada por Piloto con un objeto punzante cerca de las 14:00 horas de aquel sábado, hace 6 años. El crimen generó inmediatamente la indignación generalizada de la ciudadanía atendiendo a que sucedió dentro de una sede policial de máxima seguridad. Luego de ser derivada hasta el Hospital de Barrio Obrero para su atención, la joven no respondió y falleció.

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La familia de Lidia Meza quedó destrozada. Su papá, Francisco Meza, de profesión albañil, comentó la joven había regresado de la Argentina en mayo del 2018 y que, un mes antes del crimen, trabajaba cuidando a una mujer de 90 años, en zona del Mercado 4 de Asunción.

El hombre se enteró de la muerte de su hija cuando un pariente le preguntó por teléfono si Lidia se encontraba en la casa, ya que se enteraron sobre lo sucedido a través de la televisión. En aquella época, Meza compartió a la prensa acerca del mensaje final que recibió de su hija: “El último audio que me envió fue a las 12:17, y me dijo que a las 15:00 iba a estar en casa”.

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Marcelo Piloto recurrió al plan de perpetrar un asesinato para que la extradición pueda posponerse, suponiendo que una imputación por homicidio doloso podría evitar que vaya al Brasil. Pero está situación no surtió efecto y, dos días después, por la madrugada del lunes 19 de noviembre, Piloto fue trasladado hasta su país, donde soporta condena de 26 años de cárcel por varios hechos, en la Penitenciaría Federal de Catanduvas, en Paraná. En agosto de 2019 fue imputado por el crimen de la joven Lidia Meza.

Con una jerarquía en Comando Vermelho solo superada por Fernandinho Beira-Mar, Pinheiro Vega huyó a Paraguay en 2012, según investigaciones de la Policía Civil de Brasil, luego de la ocupación de la favela de Manguinhos (Rio de Janeiro) por fuerzas de seguridad. El 13 de diciembre de 2017 fue arrestado en Encarnación por fuerzas especiales de inteligencia y seguridad pública brasileñas; sin embargo, su trámite de extradición se aprobaría en setiembre de 2018 y estaba prevista inicialmente que se efectúe en diciembre de ese año. Pero el asesinato en prisión aceleró su deportación.

Detenido en Paraguay por contar con documentos falsos y tenencia ilícita de armas; en Brasil, el juzgado de Ejecuciones Penales del Estado de Río de Janeiro lo sentenció en dos causas, con una condena a 21 años de reclusión en uno de los casos, y en la otra por 5 años y cuatro meses. Adicionalmente, su abogada Laura Casuso fue asesinada a tiros por un sicario, el 12 de noviembre de 2018, cuando abandonaba un templo masónico en Pedro Juan Caballero.

Una mujer fue detenida por usurpación de funciones de la Policía Nacional. La joven identificada como Jessica Gabriela Ramírez López (26) utilizaba placas y uniformes falsos para hacerse pasar por agente policial de la Interpol.

Tras una ardua tarea de inteligencia y vigilancia, efectivos del departamento de Interpol OCN Asunción allanaron el domicilio ubicado en el barrio Villa Salvador de la ciudad de Areguá y procedieron a aprehender a la falsa policía. Durante el procedimiento se incautaron además un aparato celular, una placa policial, prendas de vestir entre otros indicios.

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Se autoasignó las funciones de un suboficial segundo de la Interpol para presentarse como agente ante los pobladores del lugar y habría recaudado por sus servicios. Ramírez López es oriunda de la ciudad de Caaguazú y su vivienda familiar también fue allanada hasta que finalmente fue localizada en Areguá.

Según los intervinientes, específicamente la mujer ofrecía un servicio tercerizado de traslado de “cosas o personas” y cobraba una “comisión importante” por ello. Es por ello que contaba con todos los uniformes con logotipo de la Policía y la placa correspondiente para garantizar que efectivamente formaba parte de los cuadros policiales, aunque todo lo que portaba era apócrifo.

Lo llamativo es que incluso el nombre tenía impregnado tanto en las remeras como en los chalecos que utilizaba para jactarse de ser agente especial. Aparentemente mandaba confeccionar sus propios uniformes en el mercado negro para poder moverse con facilidad en sus actividades delincuenciales.

En su reporte la Policía menciona que llegaron a identificar a la mujer mediante tareas investigativas, de inteligencia y vigilancia, “en prosecución a un supuesto hecho de usurpación de las funciones públicas” tras las cuales se pudo localizar su domicilio tanto en el interior como en el departamento Central, que fueron allanados en procedimientos simultáneos desplegados que concluyeron con la aprehensión de la acusada que ya está a disposición del Ministerio Público.

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