Un total de 75 empresas fueron denunciadas ante el Ministerio de Trabajo por no pagar el aguinaldo del 2022 a sus trabajadores, que afectó a un total de 141 empleados. Reportan que hasta la fecha 31 de ellas se pusieron al día con el pago del beneficio, mientras continúan las gestiones para que las demás cumplan con la ley.
Asimismo hubo desistimiento contra 14 firmas, probablemente porque los trabajadores lograron cobrar la suma que les corresponde. Las denuncias fueron recibidas en la cartera de Estado desde el pasado 2 de enero. Hasta el último viernes, un grupo de empleados cobró un total de G. 61.898.459 en concepto de aguinaldo a través de la mediación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), tras denunciar a sus empleadores por incumplimiento del derecho al beneficio establecido en el Código del Trabajo
Los empleados que hicieron sus denuncias sobre todo son de la capital del país y de los departamento Central, Cordillera, Concepción y Alto Paraná, que realizan labores en los sectores de seguridad privada, gastronomía, panadería y cerámica. Las empresas que no cumplan con la norma son pasibles de una multa de 10 jornales mínimos por cada trabajador.
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El artículo 243 del Código del Trabajo establece una remuneración anual complementaria o aguinaldo, equivalente a la doceava parte de las remuneraciones devengadas durante el año calendario a favor del trabajador en concepto de salario, horas extraordinarias, comisiones, u otras, la que puede ser abonada hasta el 31 de diciembre.
Los trabajadores que no han recibido el aguinaldo pueden realizar la denuncia en forma presencial en la sede del Ministerio de Trabajo, situada en la calle Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí, Asunción, así como en las oficinas regionales del interior del país. Otras vías habilitadas son: denuncias online, a través del Whatsapp, con el número telefónico 0962-174000.
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¿Qué organización se coronará con el Premio Nacional a la Calidad?
Más que una distinción, este premio es lo más parecido a un laboratorio vivo, donde organizaciones públicas y privadas, grandes y pequeñas, compiten por demostrar que gestionar con excelencia es un arte, pero también un experimento de mejora continua.
El Premio Nacional a la Calidad y la Excelencia en la Gestión, impulsado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), no se limita a reconocer logros puntuales: promueve un proceso riguroso de autoevaluación y transformación, basado en un Modelo de Mejora Continua.
Aquí, la calidad no es un estado que se alcanza una vez y se conserva pasivamente, sino un proceso iterativo, tan dinámico y exigente como la investigación científica.
En este sentido, las organizaciones participantes deben demostrar su capacidad de innovar en su gestión diaria, aplicando principios de eficiencia operacional, resiliencia organizacional y optimización inteligente de recursos.
No se trata solo de hacer mejor lo que ya se hace, sino de repensar los procesos, integrar nuevas tecnologías, fortalecer las competencias humanas y adaptarse a las demandas de un entorno cada vez más competitivo y cambiante.
¿Por qué participar? Más allá del prestigio que implica obtener este reconocimiento a nivel nacional, la participación en el premio representa una oportunidad única de crecimiento y evolución.
Al embarcarse en este desafío, las organizaciones se reconfiguran, identifican sus fortalezas y áreas de mejora, adaptan sus procesos a estándares internacionales y fortalecen su ADN de innovación, un factor clave para su sostenibilidad en el tiempo.
El proceso de evaluación y retroalimentación les permite adquirir una visión sistémica de su funcionamiento, promoviendo un liderazgo más estratégico, una cultura organizacional basada en la excelencia y una capacidad reforzada de anticipar y gestionar cambios.
La convocatoria está abierta para empresas grandes y MiPyMEs del sector privado, así como para instituciones pequeñas, medianas y grandes del sector público, incluyendo filiales, sucursales o divisiones que puedan ser claramente identificadas, conforme al Reglamento General del premio.
Las postulaciones estarán habilitadas hasta el 30 de abril de 2025, a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) del CONACYT. Para conocer más detalles sobre el proceso de inscripción, los criterios de evaluación y la documentación requerida, se puede ingresar a
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Desde el 2021 se crearon cerca de 16 mil empresas en Paraguay
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) dio a conocer que desde la implementación de las Empresas por Acciones Simplificadas (EAS) hasta finales del primer trimestre del 2025, se construyeron 15.938 nuevas empresas en Paraguay, alcanzando un capital social acumulado de USD 700 millones. Esta herramienta entró a regir en febrero del 2021.
Según el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (Suace), el 86 % de estas empresas opera en el sector de comercio y servicios, mientras que el 8 % corresponde a la industria y el 6% a agroganadería. El informe indica además que el 89 % de la inversión proviene de capital nacional, mientras que el 11 % corresponde a inversores extranjeros. La mayor cantidad creada bajo este sistema se encuentran en Asunción, Central, Alto Paraná e Itapúa.
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Crecimiento sostenido
Leticia Giménez, representante del Suace, destacó que el crecimiento de las EAS tuvo un impacto positivo en el ecosistema empresarial del país. “Las Empresas por Acciones Simplificadas se han consolidado como la opción más atractiva para la constitución de negocios en Paraguay, gracias a su proceso rápido y sencillo en línea, sin costos por tasas ni aranceles”, mencionó.
Desde la implementación del EAS, hubo un aumento constante en cuanto a la apertura de nuevas firmas. Hasta el cierre del primer trimestre ya se registraron 1.734 nuevas empresas bajo esta modalidad, cifra que aumentó a 2.734 en 2022 y a 4.487 en 2023. Para el cierre de 2024, se consolidó aún más con la constitución de 5.931 nuevas EAS.
El viceministro de Rediex, Javier Viveros, había informado que desde que asumió el gobierno de Santiago Peña en agosto del 2023, se crearon unas 9.700 empresas bajo esta modalidad. El Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (Suace) permite a inversionistas extranjeros abrir empresas y obtener la residencia permanente en Paraguay.
Cabe destacar además que el Índice de Burocracia 2024 del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida (Estados Unidos) situó a Paraguay en la posición número 1 entre los países con menor dificultad para la tramitación de apertura de pequeñas empresas.
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Hambre Cero: logran formalizar el empleo con más de 8.200 trabajadores con cobertura del IPS
Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) informaron que durante el mes de marzo llevaron a cabo la verificación de instituciones educativas en Central y Presidente Hayes, donde se realizó un control de los trabajadores vinculados a las empresas proveedoras de alimentación escolar, en el marco del programa Hambre Cero.
Este programa permite que hoy 8.200 trabajadores, entre cocineras, auxiliares, limpiadoras y otros, acceden a empleos formales y protección social a través del Instituto de Previsión Social (IPS).
Durante los operativos realizados entre el 14 y el 21 de marzo fueron verificadas 60 instituciones educativas donde se presta servicio de alimentación bajo la modalidad Catering y Cocinando en las Escuelas. Como resultado, se logró registrar en el IPS a un total de 3.190 trabajadores, lo que representa un aumento del 64% en relación con la cantidad que contaba con cobertura antes de la intervención.
En el marco del programa Hambre Cero, ya suman 8.200 los trabajadores que acceden a la cobertura social de IPS mediante su trabajo en el programa de alimentación escolar.
Las verificaciones se realizaron en 52 escuelas del departamento Central y 8 de Presidente Hayes y estuvieron a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en conjunto con el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE).
También fueron inspeccionadas 8 empresas y consorcios responsables del servicio alimentario, donde se detectaron irregularidades como que el 56% de los trabajadores no contaba con copia del contrato, 44% no estaba registrado en el sistema de control de asistencia, 30% no tenía acceso a la seguridad social y un 7% se encontraba trabajando sin contrato formal.
El Ministerio de Trabajo destaca que mediante la rápida acción el 75% de los casos de empleo informal fueron regularizados en un plazo de 48 horas, garantizando así que más personas accedan a los derechos básicos del trabajo formal como cobertura médica, aporte jubilatorio y protección frente a accidentes laborales.
“El compromiso con una alimentación saludable en nuestras escuelas debe estar acompañado de un firme compromiso con los derechos de las personas que la hacen posible. Trabajo digno y alimentación digna son pilares de una política pública justa e inclusiva”, expresó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.
Remarcó además que este operativo marca un hito en el cumplimiento de los objetivos del programa Hambre Cero, que no solo prioriza la nutrición de la infancia paraguaya, sino también la dignidad del trabajo en toda la cadena de provisión de alimentos.
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Proveedoras desnudan montaje de Miguel Prieto sobre pupitres
Las empresas cotizantes con las que la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, confeccionó los precios referenciales para la adquisición de 10.500 muebles escolares chinos, reconocieron haber presentado erróneamente sus presupuestos. Esta situación desborda el falso montaje impulsado por el dirigente opositor contra Itaipú.
Esto, según la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) N 874/25 de fecha 27 de marzo. La DNCP había iniciado una investigación de oficio por inconsistencias en los documentos y datos proporcionados sobre los precios referenciales, cuyo resultado confirmó “la existencia de irregularidad”.
De acuerdo al documento, hubo irregularidad “desde la solicitud de precios de potenciales oferentes y la falta de fundamentación en la combinación de fuentes para el establecimiento de los precios de referencia, lo que induce y vicia el presente procedimiento de contratación desde su planificación”.
Por tanto, la DNCP sostiene que corresponde anular el procedimiento de contratación y ordena la reformulación de los precios de referencia del llamado. “Esta Dirección Nacional constata la existencia de una irregularidad sustancial que vicia el procedimiento de contratación desde su fase de planificación, al comprometer la legalidad, transparencia, objetividad y eficiencia del proceso”, indica el documento.
La resolución de la institución agrega que “en consecuencia, corresponde anular sin perjuicio a que pueda ser subsanado. Por tanto, se ordena la reformulación de los precios de referencia del llamado con lD N 460394 “Adquisición de Mobiliarios”. La presente investigación de oficio se da por concluida en los términos expuestos, sin perjuicio de que, en caso de surgir nuevos elementos relevantes, esta Dirección Nacional actúe dentro del ámbito de su competencia”.
Falacia de Prieto
Las firmas que desnudaron las falacias del intendente Prieto son Fiorella Muebles, de Alfredo Aniano González; Intelfly S.A, de Nimio Villalba Gauto, el Grupo L&J de Marcos Antonio López, así como la Distribuidora Paula de Gerardo Rolando Arévalos. Esto, en el marco de la investigación de oficio de la DNCP, encabezada por Agustín Encina.
En la resolución emitida por la DNCP, se detalla que las empresas Fiorella Muebles e Intelfly S.A manifestaron haber recibido un documento en blanco en lugar de las especificaciones técnicas requeridas, motivo por el cual formularon consultas a la municipalidad esteña sin obtener respuesta alguna. Agrega que ante la falta de información oficial, ambas firmas mencionan que basaron sus presupuestos en las especificaciones técnicas estándar del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
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Mientras que la Distribuidora Paula indicó a la DNCP haber recibido las especificaciones técnicas por parte de la convocante, aunque no consta en la documentación que permita verificar el contenido recibido. Asimismo, la propia firma reconoció que su cotización fue realizada con base en precios referenciales disponibles en la plataforma Alibaba.
“Esto evidencia la debilidad técnica y la falta de rigurosidad del procedimiento seguido por la Convocante, considerando que tales plataformas electrónicas de comercio internacional no ofrecen parámetros confiables para establecer precios de referencia válidos en el contexto de la contratación pública, ya que no reflejan condiciones reales del mercado local, ni garantizan especificaciones técnicas verificables, términos de entrega aplicables, ni tributos o costos logísticos asociados”, expresa la DNCP.
En el caso de la firma Grupo L&J, la institución refiere que se constató la convocante le remitió un detalle de especificaciones técnicas distintas a las establecidas en las bases del procedimiento, solicitando cotización con base en requerimientos que no coinciden con los publicados oficialmente, lo que refuerza el trato desigual otorgado entre oferentes y la falta de uniformidad en la información transmitida.
“En consecuencia, los presupuestos utilizados para la elaboración del precio de referencia fueron construidos sobre parámetros diversos, erróneos o genéricos, ajenos a las especificaciones técnicas finalmente a probadas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Esta situación genera una distorsión sustancial en la conformación del precio de referencia, viciando la etapa de planificación del procedimiento y contraviniendo el principio de transparencia y de igualdad de condiciones entre potenciales oferentes”, sentencia la DNCP.
Campaña de desprestigio
Prieto apuntó a instalar sospechas de supuesto tráfico de influencias en el proceso de adjudicación que impulsó la entidad binacional Itaipú para la compra de 330.000 muebles escolares de la empresa local Kamamya SA, que ya están siendo distribuidos por el Gobierno en un total de 22 distritos vulnerables.
La campaña de desprestigio contra la Itaipú, sin fundamentos ni argumentos sólidos, es impulsada por el líder del movimiento Yo Creo con el apoyo de medios de comunicación aliados, legisladores opositores y disidentes colorados.