De acuerdo al informe de la intervención que llevó adelante el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) el año pasado, a la Cooperativa Multiactiva de Funcionarios Públicos Jubilados y Activos (Cofpjua), se detectó una serie de irregularidades. Tras una auditoría el informe fue dado a conocer el 28 de noviembre del 2022.
El documento firmado por Pedro Elias Löblein, titular del Incoop, da cuenta del elevado nivel de morosidad de la cartera de crédito, que supera los 100 días de mora, e incluso en algunos casos, llegando a más de 360 días de retraso. Evidenciando irregularidades de relevancia como ser la falta de depuración de la cartera, el inadecuado control interno y la escasa o nula gestión de recuperación de créditos en moras o con acciones judiciales.
El informe resalta, además, que “debido a la alta tasa de morosidad, un alto porcentaje de activos podría considerarse irrecuperable por tratarse de operaciones de antigua data, sin garantías y de difícil retorno del capital prestado, poniendo en riesgo la estabilidad del patrimonio de la entidad”, expresa en parte de las conclusiones que llegaron los interventores.
Aclaran que la imposibilidad de recuperar esos recursos, es por la irregular forma que se concedieron esos créditos; sumado a la falta de gestión para recuperar esos fondos. Así como los análisis deficientes en la capacidad de pago de los solicitantes, o bien préstamos que fueron otorgados en condiciones desfavorables para la cooperativa, que dificultaron la posibilidad de recuperar en tiempo y forma el dinero prestado.
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Elecciones suspendidas
En noviembre pasado, los responsables del Incoop, llamaron a una asamblea de los socios, para brindar el informe detallado de la intervención y a la vez elegir nuevas autoridades de la cooperativa de funcionarios públicos, teniendo en cuenta que están con mandato fenecido.
Uno de los postulantes a miembro del Consejo, el exgerente Dionisio Zárate, destituido del cargo, fue inhabilitado por el Tribunal Electoral Independiente del ente, en cumplimiento a lo que establece el estatuto que ningún funcionario podrá postularse a algún cargo electivo; y si bien, el exgerente general solo fue destituido del cargo, la cooperativa sigue abonando el seguro del IPS del mismo.
Ante esta situación, Zárate recurrió al Tribunal Superior de Justicia Electoral, lo que motivó que esa última asamblea sea solo informativa y hasta el momento no se llevaron adelante las elecciones de las autoridades, porque aguardan la resolución de la acción promovida por Zárate, que a la fecha sigue sin ser resuelta.
No obstante, los socios de la cooperativa ya tomaron conocimiento que inicialmente, el mismo aparentemente estaría cambiando de opinión; buscando acordar con el TEI un desistimiento de la acción, dando un paso al costado y no presentar su postulación como miembro del Consejo para que se haga cuanto antes la asamblea.
Los asociados aclararon que gracias a la gestión de los interventores durante los más de 6 meses que están al frente, las condiciones de la cooperativa actualmente no son tan malas, ya que lograron poner un poco en orden la casa.
Sin embargo, el Consejo Administrativo está con mandato fenecido, pero no se está pudiendo llevar adelante la asamblea para elegir nuevas autoridades, ante la acción tomada por el exgerente destituido. La administración de la cooperativa sigue a cargo de las interventoras Lic. Catalina Vera y la Lic. Shirley Ayala.
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