El Gobierno, a través del Viceministerio de Transporte, pre­sentó el anteproyecto de ley que plantea la reforma del transporte público, que tiene como prioridad la dis­minución del tiempo que los pasajeros pasan espe­rando a los buses, así como del tiempo de viaje, indicó el viceministro Emiliano Fernández en el programa “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media.

“Si digo que voy a mejorar las vías o voy a dar nuevas vías estoy hablando de la travesía, más buses signi­fica también más frecuencia y menos tiempo de espera. El tiempo es una de las variables claves que se debe intervenir, el foco principal es el tiempo, eso buscamos”, aseguró Fernández.

El viceministro fue uno de los invitados de “Fuego cru­zado”, ayer domingo, donde puntualizó que la reforma tiene el objetivo de intro­ducir cambios en todos los aspectos que componen el sistema de transporte y, para esto, el Estado prevé una inversión de USD 300 millones en este periodo de gobierno, en alianza con el sector privado.

“Tenemos que cambiar el modelo de cómo se gestiona el sistema, la ley nos va a dar una puerta jurídica para llevar adelante todas estas acciones, vamos a ver que las finanzas del sistema estén bien estructuradas, porque como está actualmente va en contra de leyes económicas y eso nos impide las renovacio­nes y ampliaciones”, explicó el alto funcionario.

El titular del Viceministerio de Transporte detalló que la reforma no solo se trata de una inversión económica, sino también de adecua­ciones de normas de trán­sito, ordenamiento semafó­rico, entre otros factores que ayudarán a que el tráfico sea más fluido. Otro de los pun­tos contemplados en el ante­proyecto es contar con carri­les exclusivos en todos los tramos donde sea posible.

“Entendemos que es posible hacer un carril exclusivo en la travesía de Mariscal Estigarribia hasta Calle Última, vamos a buscar carriles en otros circuitos, vamos a tra­bajar en nuevos carriles de aceleración”, sostuvo Fernán­dez a través de la pantalla de Nación Media.

Otro de los invitados del programa fue el ingeniero Roberto Vera Vierci, quien también habló sobre alter­nativas que se pueden rea­lizar desde el punto de vista de la ingeniería con el fin de mejorar el flujo vehicular y de los buses, además de generar un impacto en la reducción de tiempo en el tránsito, algo anhelado por todos.

“Adicionar tres vías ele­vadas, sin interrumpir los demás carriles, y exclusi­vas para transporte público, que tiene su velocidad y fre­cuencia diferente al trán­sito vehicular normal, sería en extremo interesante. Imaginamos y estudiamos en principio un sistema que permita su realización en un tiempo corto, sin alterar las condiciones del tránsito de esas vías ya muy exigidas hoy día y que tenga un costo razonable que justifique”, expuso.

Vera señaló que una de las alternativas para abaratar costos y tiempo son las vías elevadas 100 % prefabrica­das, que permitirá que todos los trabajos largos se hagan fuera y sin interrumpir el tránsito. Su colocación será rápida e inmediata. “Planea­mos tramos relativamente cortos de viaducto, no los que vemos los viaductos de 30 metros que requieren equi­pamiento especializado y muy potente para realizar­los”, refirió.

Tanto el ingeniero como el viceministro coincidieron en que la necesidad priorita­ria es contar con una ley que reglamente todas las condi­ciones, que va a regir el nuevo sistema de transporte. “Sin esa base cualquier proyecto es parcial y de poco efecto”, aseveró Vera Vierci.

“Si digo que voy a mejorar las vías o voy a dar nuevas vías estoy hablando de la travesía, más buses significa también más frecuencia y menos tiempo de espera”.

El vocero del organismo refirió que el proceso llevaría probablemente cuatro años hasta completar su implementación total.

El representante del Centro de Empresarios del Trans­porte del Área Metropoli­tana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, reconoció que resulta necesario a nivel país pro­yecto de ley que busca refor­mar el sistema de transporte público, que fue presentado recientemente por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.

“Vamos a esperar para inte­riorizarnos y conocer en qué consiste el proyecto. Hoy lo que tenemos son los grandes títulos de lo que uno anhela como reforma de transporte y esos títulos nos gustan, pero debemos ver cómo los aplica­mos”, puntualizó Ruiz Díaz en el programa “Fuego cru­zado”, emitido por el canal GEN/Nación Media.

El vocero de Cetrapam refi­rió que el proceso de aplica­ción del plan será gradual debido a que llevaría proba­blemente cuatro años com­pletar su implementación, pero, de todos modos, mani­festó su preocupación sobre el proceso de transición para llegar a un nuevo sistema, por los componentes económicos, logísticos, entre otros.

“Debemos leer la ley, enten­derla, y ahí tomar la decisión de integrarnos solo como operadores o también como inversionistas de provisión de flotas. Esto siempre que ten­gamos las tres patas impor­tantes para cualquier pro­yecto: garantías jurídicas, garantías de una tarifa téc­nica y garantías de fijación de precios de pasaje”, subrayó.

Para Ruiz Díaz, más allá de analizar el modelo que se busca introducir en el sis­tema de transporte nacio­nal, también se deben tener en cuenta otros factores, como el nivel de inversión del Estado en términos de infraestructuras viales, es decir, los tramos a mejo­rar para el nuevo sistema a implementar.

“Se habla de la realización de un carril exclusivo, se habla de un paso a desni­vel, pero no lo vemos aún materializado. Hemos tar­dado más de un año para que empiecen las obras de Mariscal López, por ejem­plo, y se debe entender que la inversión del Estado en infraestructura vial es afín a los costos de operación del transporte público”, afirmó.

Ruiz Díaz instó a la realiza­ción continua de audiencias públicas, entendiéndolas como vitales para enrique­cer el proyecto, sin dejar de lado la experiencia que pue­den brindar los operadores en cuanto al perfecciona­miento o incluso la colabo­ración dentro del proyecto a realizarse.

En torno a la posibilidad de interiorizar al sector de transportistas en todo lo referente al plan de reforma, el viceministro de Trans­porte, Emiliano Fernández, había garantizado que desde la semana entrante probable­mente se instalarán mesas de trabajo o diálogos abiertos para exponer a mayor deta­lle el programa.

El representante del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, reconoció que resulta necesario a nivel país proyecto de ley que busca reformar el sistema de transporte público, que fue presentado recientemente por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.

“Vamos a esperar para interiorizarnos y conocer en qué consiste el proyecto. Hoy lo que tenemos son los grandes títulos de lo que uno anhela como reforma de transporte y esos títulos nos gustan, pero debemos ver cómo los aplicamos”, puntualizó Ruiz Díaz en el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media.

El vocero de Cetrapam refirió que el proceso de aplicación del plan será gradual debido a que llevaría probablemente cuatro años completar su implementación, pero, de todos modos, manifestó su preocupación sobre el proceso de transición para llegar a un nuevo sistema, por los componentes económicos, logísticos, entre otros.

“Debemos leer la ley, entenderla, y ahí tomar la decisión de integrarnos solo como operadores o también como inversionistas de provisión de flotas. Esto siempre que tengamos las tres patas importantes para cualquier proyecto: garantías jurídicas, garantías de una tarifa técnica y garantías de fijación de precios de pasaje”, subrayó.

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Para Ruiz Díaz, más allá de analizar el modelo que se busca introducir en el sistema de transporte nacional, también se deben tener en cuenta otros factores, como el nivel de inversión del Estado en términos de infraestructuras viales, es decir, los tramos a mejorar para el nuevo sistema a implementar.

“Se habla de la realización de un carril exclusivo, se habla de un paso a desnivel, pero no lo vemos aún materializado. Hemos tardado más de un año para que empiecen las obras de Mariscal López, por ejemplo, y se debe entender que la inversión del Estado en infraestructura vial es afín a los costos de operación del transporte público”, afirmó.

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Ruiz Díaz instó a la realización continua de audiencias públicas, entendiéndolas como vitales para enriquecer el proyecto, sin dejar de lado la experiencia que pueden brindar los operadores en cuanto al perfeccionamiento o incluso la colaboración dentro del proyecto a realizarse.

En torno a la posibilidad de interiorizar al sector de transportistas en todo lo referente al plan de reforma, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, había garantizado que desde la semana entrante probablemente se instalarán mesas de trabajo o diálogos abiertos para exponer a mayor detalle el programa.

La Dirección Nacional del Transporte (Dinatran) intensifica controles a transportes públicos que operan de manera irregular. Los propios empresarios solicitaron la fiscalización ante la proliferación de minibuses que operan al margen de la ley. El titular de la Dinatran destacó que las unidades que están habilitadas deben contar con seguro para garantizar protección a los usuarios.

“Es un control que venimos realizando en conjunto con los transportistas del área del interior a pedido de ellos justamente. Y porque también están en una situación que genera malestar principalmente en las personas que usufructúan el servicio y que están invirtiendo”, señaló el titular de Dinatran, Luis Fernando González, a la 1020 AM. Dijo que es obligación de este ente la fiscalización para garantizar un servicio de calidad y seguro. “Estamos intensificando en contra de los transportes informales en ruta. Hay una cantidad considerable de minibuses que están trabajando de forma irregular. Y el trabajo que estamos haciendo es justamente para tratar de contrarrestar esa situación y que la gente pueda usufructuar los servicios que están habilitados”, manifestó.

Uno de los operativos de control se realizó el día viernes en el distrito de San Rafael del Paraná, en el departamento de Itapúa. “El objetivo es verificar y sancionar a los vehículos tipo minibuses no autorizados por Dinatran, que operan como unidades de transporte regulares alzando pasajeros sin los permisos correspondientes”, informó la Dinatran en la red social X.

La institución aclaró que los controles no afectan a los vehículos que se utilizan para fines particulares, familiares, laborales y turísticos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, emitió una resolución por la cual se intima a Anadelia Acosta, funcionaria de la institución involucrada en un caso de estafa a presentarse ante la Dirección General de Recursos Humanos. Cabe recordar que sobre la funcionaria pesa una denuncia de apropiación de alrededor de G. 725 millones.

“Intimar a la funcionaria Anadelia Acosta a presentarse ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados, caso contrario, será considerado como abandono del cargo de conformidad a lo dispuesto por el artículo N.° 68 inciso B de la ley N.° 1.626 de la Función Pública”, reza el documento difundido este 10 octubre.

Asimismo, en esta resolución se responde al pedido de vacaciones de 15 días, el cual fue solicitado por Acosta en medio del escándalo. “Podrá usufructuar vacaciones a partir del 1 de enero del 2025 de conformidad a lo dispuesto por artículo 222 del Código Laboral y en atención a lo dispuesto por el artículo 184 de la Constitución”, estableció la Cámara Baja.

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Este hecho tomó notoriedad a partir de la denuncia por estafa hacia familias de escasos recursos. La funcionaria se habría apropiado de parte de un total de G. 800 millones en concepto de la indemnización otorgada por la Administración Nacional de Electricidad (Ande), dinero que tenía como destino a familias de dos personas que habían fallecido por electrocución en la comunidad de Jagua Kaí, en Caaguazú.

Acosta, quien originalmente es funcionaria de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, ha intentado, por diferentes medios, evitar presentarse a la Cámara de Diputados. En principio había solicitado un permiso por 30 días sin goce de sueldo, el cual fue denegado y posteriormente presentó médico, requiriendo a la par utilizar sus vacaciones.

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