Ciudad del Este. Agencia regional.
A los casos de abuso sexual de niños, otra denuncia muy recurrente ante el Ministerio Público es por la no prestación de alimentos por parte de los padres de niños y niñas. Como ejemplo es la estadística de la unidad fiscal de Presidente Franco, a cargo de Liliana Denice Duarte, donde se presentaron unas 120 causas aproximadamente en el año 2022, de las cuales, 17 tuvieron condenas por el incumplimiento del deber alimentario.
Entre las causas citadas, se realizaron 47 requerimientos de suspensión condicional por las cuales, los encausados están compelidos a pagar o van a juicio oral y público, según explicó la fiscala Liliana Duarte a La Nación/Nación Media. La mayoría de los casos lleva mucho tiempo para su concusión.
Uno de los últimos casos en la misma unidad fiscal fue una condena de 2 años de pena privativa de libertad y 3 años de suspensión a prueba de la ejecución de la condena, dictada por el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Marino Méndez, Zunilda Martínez y Herminio Montiel, de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, el pasado 19 de diciembre.
Sin embargo, el caso ya data del año 2017 cuando el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Presidente Franco ordenó que el padre deposite G. 450.000 por mes en el Banco Nacional de Fomento a nombre de su hija. En la unidad fiscal de Edgar Torales hubo un caso que llegó a juicio oral y derivó también en condena, pero la denuncia ya data de abril de 2013.
Casi diez años después se llegó a una condena en agosto del 2022. La mayoría de los fiscales de las unidades penales ordinarias tienen causas por prestación alimentaria, según consultas de La Nación–Nación Media. Las penas son leves y existe un alto porcentaje de reincidencia o de incumplimiento de las sentencias, según consultas con abogados.
La abogada Alice Monges confirmó que las denuncias por prestación de alimentos están entre los casos más recurridos, pero lamentó el tiempo que llevan los procesos. Como ejemplo mencionó que todos los juicios orales que debían desarrollarse en las últimas semanas fueron traslados al siguiente año, una vez retomada la actividad ordinaria en el Poder Judicial.
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