“Tratar con el crimen organizado o la delincuencia no es una aventura o un juego”, indicó el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, tras expresar su rechazo a la creación de la Policía Municipal en la ciudad de Yaguarón, departamento de Paraguarí. Ante esta situación, mencionó que su institución reforzará la presencia de agentes uniformados en las comisarías de la zona.

“Nos preocupa que personas que no tengan la capacidad o idoneidad puedan ser empleadas para la lucha contra el crimen y la delincuencia. Hay conocimientos y formación que deben poseer. No son los encargados de la seguridad”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Benítez indicó que para el cumplimiento de funciones relacionadas con el orden público es necesario conocer la Constitución Nacional, las leyes, las exigencias en materia de derechos humanos, entre otros. Como ejemplo detalló que la formación de un oficial de la Policía Nacional demanda cuatro años, un suboficial de la Policía dos años, excepcionalmente un año.

“No subestimamos la ocurrencia de los hechos punibles en Yaguarón ni en ningún otro punto territorial. Ocurren hechos como hurtos, hurto agravado, robo y robo agravado en algunos casos, pero hemos visto que ocurren de una manera casi cuasi regular, en una línea que no escapa al control de la Policía Nacional. Tampoco se puede decir que estos hechos se desbordaron”, refirió.

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No obstante, comentó que tomó la decisión de reforzar la presencia de los uniformados en las comisarías de Paraguarí, principalmente en la citada localidad. “Vamos a demostrar de manera tangible, significativa, la mejor predisposición y voluntad de fortalecer la prevención y seguridad en los diferentes municipios. Estamos enviando efectivos policiales para ir reforzando de manera inicial las comisarías”, puntualizó.

Incluso Benítez detalló que se prevé dentro de un mes el ingreso de 5.000 nuevos uniformados que estarán reforzando la seguridad en las calles. “Uno de nuestros principales aliados en la lucha contra la delincuencia justamente son las municipalidades. Su cooperación ha sido bastante importante en el sentido de que se crearon las comisiones ciudadanas que tienen un aval de los municipios, han trabajado históricamente con la Policía Nacional, pero no de la manera que se plantea en Yaguarón”, remarcó.

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El Ministerio Público imputó este miércoles al propietario de la estancia donde se habría iniciado el incendio forestal en la zona de la reserva Chovoreca, en el Chaco. Es así que Hugo Miguel Zelada será procesado por violación de la Ley 716 que sanciona delitos contra el medioambiente y se expone a una pena carcelaria de entre tres a ocho años o su equivalente en multas, que oscila entre los 5.000 y 20.000 jornales mínimos legales.

“Fue imputado el dueño de la propiedad donde se iniciaron los primeros focos de calor, según el mapeo satelital”, confirmó el fiscal Nelson Colmán en contacto con la 1020 AM.

No descartó más imputaciones en la causa que investiga los hechos y se prevén aún varios procedimientos judiciales. “La Fiscalía, desde el inicio de la denuncia, vino ya realizando varias diligencias investigativas todos de carácter técnico. Así también, siguen las diligencias investigativas, tenemos todavía varias que practicar”, señaló.

El agente especializado en delitos ambientales de Alto Paraguay aclaró que las pericias permitieron obtener indicios fehacientes de la “comisión y la posible responsabilidad de este señor en el fuego ocurrido en la zona de Bahía Negra”.

Con respecto a la figura penal violentada, el doctor Colmán refirió que preliminarmente la conducta del acusado fue calificada dentro de lo que establece el artículo cuarto de la Ley 716, que alude a la quema intencional de bosques.

“La expectativa punitiva es de tres a ocho años de pena privativa de libertad y la multa. Una multa que va de cinco mil a veinte mil jornales en el caso de ser comprobada la autoría”, significó.

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El funcionario de la Fiscalía ratificó que se prevén más diligencias investigativas, aunque alegó que prefiere “mantenerlas en privado” porque ya hay una persona imputada y se debe evitar cualquier tipo de nulidad. “Son varias diligencias, todas de carácter técnico. Es lo que puedo decir. Tenemos todavía pendientes varias, pero especificar qué voy a hacer, no. Prefiero mantenerlo en secreto”, añadió.

Recordó que el dueño del inmueble investigado ya había comparecido a prestar declaración la semana pasada, tras lo cual se dio la imputación. Dijo que también se presentó el señor Sebastián Jara, otro estanciero investigado.

“Ambos declararon, estuvieron acompañados de su abogado defensor. Y en el momento de su declaración también ellos presentaron el título de propiedad, donde se comprueba que efectivamente el señor Hugo Miguel es propietario de la finca que, según el mapeo satelital, es donde se iniciaron los primeros focos de calor”, finalizó.

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El coronel Julio César Alarcón, nuevo comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), indicó que existen indicios de que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) sigue operativo en la zona norte del país, y que actualmente serían 14 integrantes activos.

“No quiero hacer una afirmación de eso (del poder de fuerza), yo estoy volviendo después de cuatro años y también estoy interiorizándome bien, yo sé que (el grupo criminal) sigue manteniendo su potencia de fuego, hay antecedentes que están realizando atentados con explosivos, no quiero afirmar que hayan disminuido su capacidad”, refirió Alarcón en entrevista a la 780 AM.

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En cuanto al liderazgo de este grupo criminal tras el abatimiento de Osvaldo Villalba por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta en octubre del 2022, probablemente Manuel Cristaldo Mieres habría quedado como líder, según el comandante de la FTC.

Julio César Alarcón Fernández está al frente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) conformada por militares y policías para el combate de grupos criminales en la zona norte del país, reemplazando en el cargo al capitán Óscar Marcial Chamorro León, quien fue promovido a Prefecto General Naval en la Armada. El nuevo comandante proviene de la Fuerza de Tarea Sur, además ya prestó servicio en el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) como comandante de batallón de las fuerzas especiales en el 2016 hasta el 2020.

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Así también, el jefe militar comentó que su designación en el cargo dará continuidad a los trabajos que ya se estaban llevando adelante por su antecesor capitán Óscar Marcial Chamorro León, en todos los puntos en que se encuentra la FTC.

“Nosotros estamos continuando el proceso de trabajo. En los cuatro departamentos estamos trabajando, continúa el trabajo igual de lo que se estaba haciendo ya anteriormente, yo vengo a seguir el proceso, a pesar de que este es un trabajo de proceso que tiene su tiempo, yo no vine a cambiar nada, yo vine a continuar el trabajo que está a cargo del comandante del Comando de Operaciones de Fuerza Interna”, apuntó.

Conocido como “pueblo de las aguas”, un grupo de indígenas guató se convirtió en la primera brigada de su territorio capaz de combatir el fuego, en medio de los incendios que asolan el Pantanal brasileño. “La capacitación fue un pedido de la comunidad porque en los últimos años se quedaron varados por los incendios en el Pantanal, que cada año son más intensos, y temían que el fuego llegara a territorio indígena”, explica a la AFP Elvis Terena, de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).

El mayor humedal del planeta, que se extiende también por Bolivia y Paraguay, es uno de los biomas más afectados por los incendios que afectan Brasil, así como la Amazonía, al norte. Desde inicios de año, se registraron en el Pantanal 13.141 focos, 1.270% más que en el mismo período de 2023, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).

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Veinticuatro hombres y mujeres fueron preparados en septiembre para combatir incendios en la aldea Uberaba, ubicada en la isla Ínsua, a orillas del río Paraguay, en Mato Grosso do Sul. Ahora, integran la primera brigada voluntaria de la Tierra Indígena Guató, en el norte del estado, donde viven alrededor de 200 personas.

Aunque hasta ahora la aldea se ha librado de los incendios, se han producido focos en los alrededores. “La situación se volvió muy crítica, con el fuego cerca de la isla. Siempre tememos que llegue a la aldea porque podría quemar todo”, cuenta Jorcimari Picolomini, de 31 años, profesora de la escuela indígena Toghopanãa. Picolomini, una de las siete mujeres que fueron formadas, explica que el cacique abogó por ese curso porque “pedir auxilio a veces demora”, agrega.

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“Es importante tener gente capacitada y equipada para realizar el primer combate hasta la llegada de las brigadas contratadas, de los bomberos”, explica Márcio Yule, coordinador del Centro Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales, que participó en la formación, como la Funai. Los guató recibieron equipos de protección personal y herramientas para combatir las llamas.

Los incendios, que las autoridades atribuyen en su mayoría a la acción humana, especialmente para pastos para el ganado, se ven agravados por la sequía vinculada al cambio climático que golpea gran parte de Brasil. Además de la rica biodiversidad, el Pantanal alberga comunidades tradicionales, como los pueblos indígenas guató, terena, kadiwéu, entre otros.

Fuente: AFP.