Ciudad del Este. Agencia regional.
En los últimos cuatro años se dieron permanentes denuncias contra policías en Alto Paraná por hechos de corrupción y también por “error de procedimiento” o “gatillo fácil”. Entre julio y noviembre son dos casos con desenlaces fatales. En cuanto a denuncias por corrupción, muy pocos procesos llegan a juicio oral y en los casos sí, no terminan en condena sino sobreseimientos.
En noviembre ya se dieron dos hechos de “gatillo fácil”. En uno perdió la vida Enrique Alexander Ortiz (21) y su pareja Gloria Jéssica Espínola Cáceres resultó gravemente herida. El hecho derivó en la imputación de 11 agentes, de los cuales ocho son del Grupo Especial de Operaciones y tres de Investigaciones, entre ellos, el propio jefe de Investigación, el comisario Hugo Florentín.
En julio del 2022 fueron imputados siete policías (4 de GEO y 3 de Investigación) por la muerte de Juan Daniel Ortigoza Ávalos (27), quien fue acribillado en el km 12 de la Ruta PY02, estando con su pareja y una niña de 2 años. El vehículo interceptado por policías recibió unos 35 impactos de arma larga y corta. Al fallecido le dispararon, ya habiendo bajado de su automóvil.
La acción policial fue supuestamente porque el rodado era sospechado en un hecho de asalto con derivación fatal en el barrio Obrero de Ciudad del Este. En esta causa, los abogados Rolando Cáceres Salvioni y Juan Ortiz pidieron medida sustitutiva a la prisión que sería dictada en breve.
En otra causa fueron imputados seis policías por el presunto hecho de secuestro y extorsión con pedido de 100 mil dólares a Reinalda Santacruz Brítez, quien tenía una orden de captura emitida en España donde tiene una condena por trata de personas. La causa se encuentra a cargo del fiscal Alberto Torres.
Policías “blanqueados”
En agosto del 2018 fueron procesados por la fiscal Estela Ramírez cuatro policías por cohecho pasivo agravado: el comisario principal Gustavo Adolfo Vera Bertolo, jefe de la Comisaría 1ª de Ciudad del Este, y los suboficiales Armando Sanabria Gauto, Víctor David Sanabria Gauto y Adolfo Concepción Fernández.
De acuerdo a la denuncia del 15 de agosto, el brasileño Guillerme Silva Bueno habría sido retenido y despojado de 2.000 reales por parte de los policías cuando acudió a la sede policial para denunciar una estafa en un local comercial por 3.500 reales. La comisaría fue allanada por la fiscal Estela Ramírez y el juez de Garantías Carlos Vera Ruiz, siendo incautados G. 7.200.000, US$ 200 y 200 reales.
El Tribunal de Sentencia integrado por Milciades Ovelar (presidente), Flavia Laterza y Teresita Cazal, con disidencia del juez Ovelar, absolvió a Vera Bertolo, mientras que el entonces suboficial Armando Sanabria Gauto se le aplicó dos años de pena, con suspensión de la condena. Los otros agentes inicialmente procesados, asistieron al juicio oral como testigos.
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En tanto, el comisario Gustavo Adolfo Vera Bertolo y otros cinco policías fueron procesados por otro hecho de secuestro y extorsión a una familia de turistas brasileños: Joel Leal de Moraes Junior, Evelin Palenske Leal, juntos a sus dos hijos menores de edad, que fueron llevados a la Comisaría Primera, tras sufrir un accidente de tránsito en el centro de Ciudad Este.
Las víctimas permanecieron privadas de libertad por unas 6 horas y fueron liberadas después que la pareja ordenó la transferencia de 2.500 dólares a una cuenta dictada por los policías. El pedido inicial fue de 15 mil dólares. El personal de la Comisaría Primera, comandado por Vera Bertolo, fue denunciado dos veces en solo 48 horas. La fiscal Estela Ramírez cuestionó en su momento la absolución de todos, sin que se tenga en cuenta las evidencias concretas.
Comisaría con varias denuncias
En julio del 2021, la fiscal Zunilda Ocampos imputó a cuatro agentes policiales y un civil por supuestos hechos de privación de libertad, cohecho pasivo agravado y extorsión: los suboficiales Pedro Javier López Deleón, Francisco Prieto Montiel, Alcides Villalba González y el oficial inspector Antonio Ávalos Pereira. También el supuesto usurero Fernando Daniel Ortigoza.
Los mismos interceptaron un vehículo con dos ocupantes, Gabriel Ramón Prieto y Víctor David Meza, quienes fueron llevados a la Comisaría Séptima del barrio San José de Ciudad del Este, donde se les exigió el pago de G. 7 millones para ser liberados y que si no lo hacían será reportado a la Fiscalía que fue encontrado en poder de los mismos estupefacientes. Quedaron libres tras pagar G. 5 millones mediante préstamo de usurero proporcionado por los mismos policías.
La jueza Cinthia Garcete les concedió arresto domiciliario y la causa no prosperó. El personal de la Comisaría Séptima ha sido denunciado en reiteradas oportunidades con características similares al caso citado, pero las imputaciones no prosperan.
“Los que nos deberían proteger, nos están matando”
El abogado Mauro Barreto manifestó que es terrible la situación que se está viviendo porque la ciudadanía ya tiene temor de denunciar. “Estamos desprotegidos, los que deben cuidarnos son el problema, los que deben protegernos nos están matando”, expresó el profesional, consultado por La Nación–Nación Media.
Barreto dijo que hay una protección desde la Comandancia de la Policía Nacional hacia los subordinados y estos son solamente trasladados sin que la institución tome ninguna medida contra ellos. Indicó que existen muchos más casos que las imputaciones realizadas y que en el caso de los procesados son todos absueltos o terminan en la nada, con los policías continuaron con el bandidaje. “La impunidad es muy grande. La Policía Nacional espera que el Ministerio Público adopte medidas para luego actuar con alguna medida leve, cuando debería ser implacable”, expresó el abogado.